La actual legislación educativa en el contexto de la crisis económica



La normatividad jurídica constitucional mexicana que versa sobre el rubro de la educación –para este caso propiamente el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, es el resultado de las luchas revolucionarias en que nuestra Nación se ha visto envuelta durante su historia como país independiente. A ella concurren los intereses que todos los mexicanos deseamos como un valuarte aspiracional en términos de democracia, justicia e igualdad. Asimismo, dado los intereses antagónicos de las fracciones involucradas durante dichas revoluciones sociales, y la conciliación pretendida por la normatividad jurídica de un Estado que se yergue sobre la lucha revolucionaria y que busca legitimarse como organismo rector de las contradicciones sociales, la legislación correspondiente a la educación muestra aún sin número de incoherencias estructurales como funcionales.

Metodológicamente hablando y considerándolo desde el punto de vista orgánico, las contradicciones inmanentes infraestructurales proyectan los antagonismos de clase a nivel supraestructural sobretodo en lo normativo-, que se subsime a las instancias estructurales y es el garante de la perturbación de la formación social prevaleciente.

Las tesis que postula nuestra Carta Magna en mucho son a la vez resultado y reflejo de todas las diferencias existentes entre todos los mexicanos, la pluralidad de posturas ideológicas muchas de ellas antagónicas-, y las luchas existentes entre partidos diferentes involucrados dentro de una dinámica de desenvolvimiento histórico

En la actualidad, la nación mexicana se caracteriza por encontrarse en vías de desarrollo económico. Nuestro país muestra un claro rezago tecnológico, desfasamiento de sus ciclos productivos debido la desarticulación de su planta productiva causa del crecimiento desproporcionado de los sectores y la inserción del capital extranjero en la planta productiva nacional-, como dependencia estructural a la dinámica de crecimiento socio-económico internacional. Misma caracterización que muestra el desmembramiento de la formación social mexicana ante el cambio estructural que involucra la metamorfosis de un modelo de crecimiento económico “hacia adentro” iniciando desde la administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940), hasta la de José López Portillo (1976- 1982), (periodo al que se le nombra como populismo y que va de 1934 a 1982) –fundado en la sustitución de las importaciones y en la discriminación arancelaria anti-dumping de las mercancías de nuestros socios comerciales-, a uno nuevo de crecimiento “hacia fuera” –basado en la sustitución de exportaciones y en la liberación de las restricciones.

Dichas indeterminaciones estructurales reflejan su efecto en lo funcional. Parte de esto resulta la crisis estanflacionaria actual, que sumerge al país en una recesión no sólo del aspecto económico, sino socio-cultural –como consecuencia ineludible de la primera. La crisis en la educación se refleja en la constante caída de la inversión pública en el rubro de la instrucción. Los servicios educativos resultan insuficientes, así como el aprovechamiento de éstos por parte de la población demandante también es discriminacional. Los medios urbanos se ven privilegiados ante los rurales. El éxodo del campo a las ciudades es el reflejo del proceso concentrador y centralizador del capital (parte de la dinámica de acumulación capitalista). Y por tanto, dicha inversión se administra para beneficio de los sectores del ámbito urbano, en depauperio de los rurales.

Las instituciones educativas no atienden plenamente las necesidades que sobre instrucción la población requiere, y que demanda el propio desarrollo social, cada vez más pujante y violento.

Por lo mismo, ante la lastimosa realidad nacional, la normatividad jurídica educativa dista cada vez más de acercarse a las aspiraciones que el tercero constitucional enmarca como fundamentales para la vida democrática de todos los mexicanos.

Ante la crisis, los antagonismos sociales se enconan y surgen nuevas posturas partidistas e ideológicas que se enfrentan apasionadamente en la controversia política. Trastocando el carácter de la legislación constitucional, que busca actualizarse a la nueva coyuntura crítica estructural. En la legislación educativa, las tensiones sociales dejan su huella (por no decir mella) en los antagonismos e incoherencias que de ésta se desprenden, como un crisol que muestra las diferentes posturas que las fracciones sociales manifiestan.