Epílogo:
Capitalismo, Empresarios, Instituciones

Empresarios y Entorno Institucional

Si alguna característica tuvo el período medieval, fue que los gobiernos justificaban sus intervenciones mediante el argumento de que no era concebible pensar que la nación podía prosperar con base en la articulación espontánea de los esfuerzos de sus ciudadanos. Esta visión generalizada conducía a un criterio normativo implícito, que muchas veces se hacia explícito, según el cual la prosperidad y el bienestar de la sociedad sólo podía lograrse  mediante la fuerte intervención del Estado, subordinando los intereses de sus ciudadanos a sus propios intereses más altos y trascendentes. Se tomaba como artículo de fe, la premisa según la cual la actividad comercial e industrial poco vigilada o reglamentada, conduciría a la hambruna, la enfermedad y la pobreza.

La insurgencia del mercantilismo supuso acelerar la dinámica económica que ya había cobrado gran impulso al final de la época medieval, por lo cual  se comenzó a dar importancia a la actividad comercial de los particulares. Empero, siendo el único sistema conocido el heredado de las rígidas reglamentaciones, privilegios de Estado y prácticas proteccionistas, la nueva actividad económica dinamizada se encontró sometida a las limitaciones impuestas por leyes, normas e instituciones que resultaban inconsistentes con las nuevas realidades y, la más de las veces, perjudiciales (De Soto, 1987). La lucha librada entre las nuevas fuerzas económicas, que buscan crear riqueza maximizando el interés particular, y las fuerzas tradicionales del poder económico basado en privilegios y excluyente, supuso a fin de cuentas la derrota de este último. Este proceso, además, ejemplifica que la evolución de las fuerzas dinámicas generadoras de riqueza, vale decir, los empresarios en competencia, y las instituciones que le sirven de fundamento, están vinculados fuertemente y se retroalimentan continuamente.             

Por esta razón, es deseable que las instituciones evolucionen paralelamente a las prácticas empresariales, pues, como lo advierte Berger (1990), se puede crear el modelo de capitalismo más maravilloso, pero si no existen empresarios que lo hagan efectivo, éste se convierte en un cascarón vacío. Frecuentemente, las políticas oficiales de los países subdesarrollados hacen poco para promover positivamente la capacidad empresarial. La principal ayuda que la política oficial puede prestar a la capacidad empresarial es eliminando los obstáculos. Si bien los aspectos culturales influyen, aunque no de manera determinante, la mayor cantidad de trabas se encuentran en las muchas reglas y regulaciones por medio de las cuales los gobiernos, de cualquier tendencia ideológica, suprimen y previenen abiertamente las iniciativas económicas. Es este tipo de asimetrías, entre una iniciativa privada que pugna por desplegarse y unas instituciones anacrónicas que obstaculizan y perjudican estas iniciativas, las que marcan la pauta en muchos países subdesarrollados.

La evidencia empírica respecto a Rusia puede ilustrar este punto. Inmersos en el desempeño caótico que corrieron sus instituciones, la conducta empresarial en la ex Unión Soviética, después de la debacle del comunismo, se afectó enormemente por la desorganización. Rusia se encontró con el funcionamiento de un mercado, pero sin código comercial, sin código civil, sin un sistema bancario efectivo, sin un sistema contable efectivo, sin procedimientos para declarar la bancarrota. Este ambiente para los negocios no sólo socavó la endeble base empresarial rusa, sino que abrió el camino a una competencia salvaje para apoderarse de la propiedad estatal por cualquier medio.               

Las limitaciones institucionales observadas respecto a la iniciativa empresarial en América Latina son de variada índole y tienen un peso específico diferente en cada sociedad, pero se repiten en forma recurrente de país en país. La excesiva reglamentación e ineficacia de la burocracia pública, junto con la corrupción  y la ausencia de un sistema judicial confiable, que hace oneroso el registro formal de empresas, sería la razón aparente para que, por ejemplo, más de la mitad de los empresarios peruanos se encontrarán hacia finales de la década de los ochenta en el sector informal de la economía (De Soto, 1987). Una problemática similar, pero desde una perspectiva diferente, se reflejaba en el clima para la creación y sostenimiento de pequeñas empresas en México, en la década de los ochenta. Zaid (1987) argumenta que las grandes pirámides burocráticas públicas y privadas, protegidas y protectoras, habían ahogado, con su paternalismo, una gran tradición de productividad independiente. Paradójicamente, destruir un pequeño productor autónomo y crearle un empleo moderno con todas las inversiones necesarias, costaba muchas veces más que equiparlo mejor para aumentar su productividad independiente.

Las limitaciones legales y reglamentarias que establecen definiciones precarias de los derechos de propiedad, dificultan el acceso a créditos por parte sobre todo de pequeños y medianos empresarios que se inician en actividades de negocios. En muchos países latinoamericanos existen muchas restricciones  para la utilización de los bienes muebles e inmuebles como garantía. Cuando los prestatarios no pueden utilizar sus propios bienes como garantía de un préstamo, ni pueden adquirir bienes a crédito utilizando como garantía esos mismos bienes, las tasas de interés sobre los préstamos son, por término medio más elevadas, puesto que los prestamistas, formales o informales, buscan de esta manera compensar el riesgo al que se ven expuestos. De allí que una buena definición de los derechos de propiedad, que permita “capitalizar” los escasos bienes que poseen potenciales emprendedores, y sirvan de garantía para la obtención de préstamos en condiciones que no recarguen las tasas de interés, al minimizarse los costos de transacción implicados, elevaría las oportunidades de emprendimientos.

Por su parte, un entorno hostil, signado por la inseguridad personal, abundancia de permisos, acoso de las autoridades y poco acceso a servicios financieros y tecnológicos disponibles para empresas de mayor tamaño, explicarían las ineficiencias de los microempresarios de Caracas. Sin embargo, Márquez y Gómez (2001), en su trabajo con estos microempresarios, han encontrado experiencias exitosas, algunas incluso modelos de organización y de creatividad empresarial; sugiriendo que los estudios sobre las actitudes culturales adecuadas para el surgimiento de iniciativas empresariales a menudo soslayan aspectos determinantes, configurados por una realidad socioeconómica particular. Aunque los estereotipos y la dinámica cultural prevaleciente representan limitaciones significativas, su impacto sobre las posibilidades de éxito de este tipo de microempresario son relativas.

En América Latina, los problemas a los que se enfrentan emprendedores y empresarios comienzan desde la observancia de una tradición que otorga, regularmente, una imagen negativa a las actividades de negocios. Esta visión retrógrada, se exacerba en la medida que la sociedad en cuestión tiene como base una economía predominantemente rentista. En estas circunstancias, la capacidad empresarial no se considera una opción, porque la sociedad no valoriza suficientemente las actividades que desarrolla un empresario. Con frecuencia se le identifica con la obtención de un lucro, la acumulación de poder y otros motivos predominantemente materialistas, y, en consecuencia, inferiores. Esta imagen disuade a muchos potenciales empresarios de adoptar este rol social. Al parecer, esta situación ha cambiado paulatinamente en países como Chile, donde el empresario ha comenzado a ser valorado como uno de los más importantes agentes del cambio social y del desarrollo. No obstante, como advierte Montero (1999), las condiciones de cambio institucional que permitieron instaurar una economía de mercado, abierta y competitiva, propiciadora de la iniciativa empresarial, se dieron en el contexto de un proyecto político donde el empresario no ha terminado de asumir una verdadera función de liderazgo y de compromiso social.

La eficacia institucional, vista como una palanca de la iniciativa empresarial y de la generación de un buen clima para las inversiones, puede ser corroborada a partir de un estudio comparativo del Banco Mundial (2002). Una investigación al respecto reveló que en muchos países en desarrollo el costo financiero que implicaba el cumplimiento de los reglamentos de los registros de empresas es muy elevado con relación al PIB, y bastante superior a los promedios de los países industrializados. De manera contradictoria, las naciones pobres, con menores capacidades administrativas son las que requieren más procedimientos para el registro de empresas. El elevado costo de transacción, desde el punto de vista tanto de la complejidad como de los recursos, desalienta el ingreso de empresas en el sector formal, reduciendo la capacidad competitiva y generando costos adicionales en forma de mayor corrupción. Los incentivos que pueden aportar las instituciones públicas y privadas para propiciar iniciativas empresariales también están relacionados, entre otros aspectos, con la calidad en la prestación de los servicios públicos, la percepción favorable o desfavorable acerca del régimen jurídico existente, la calidad de la infraestructura, la disponibilidad y facilidad para obtener información sobre normas, reglamentaciones y políticas, la calidad de los recursos humanos, con la mayor apertura al comercio internacional y a los mercados financieros, y, de manera significativa, con la capacidad de cooperación para el establecimiento de redes de todo tipo.

Es en este sentido que North (1996) precisa la necesidad de desarrollar el espíritu empresarial alterando el ambiente, para lo cual se requiere crear un ambiente constructivo y competitivo. Un ambiente competitivo que sea productivo y creativo no sólo se logra con una normativa de derechos de propiedad, leyes y normas que brinden incentivos para que los empresarios sean productivos, sino que va más allá de esto, y procede a especificar cuáles son las normativas aplicables en diferentes mercados económicos, que proporcionarán los incentivos para que cada uno de esos mercados sea productivo y creativo. Por las mismas razones, se ha postulado la necesidad de generar un medio innovador para alentar el potencial empresarial en una sociedad. Este medio innovador, según lo detallan Castells y Hall (1994:30-31),  puede ser entendido como:

El sistema de estructuras sociales, institucionales, organizativas, económicas y territoriales que crean las condiciones para una generación continua de sinergias y su inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esta capacidad sinérgica, tanto para las unidades de producción que son parte de este medio innovador como para el medio en su conjunto. El desarrollo de un medio innovador de este tipo se ha convertido ahora en un asunto decisivo para el desarrollo económico y en una cuestión de prestigio político y social.

En resumen, las características que asuman las instituciones y la forma como evolucionen, son aspectos determinantes de la formación de empresarios y el potencial empresarial que se pueda desarrollar en una sociedad. Las instituciones eficaces se convierten en la gran diferencia entre entornos locales, regionales o nacionales, que propician la iniciativa empresarial y ambientes que, por el contrario, la restringen. Sin instituciones que acrediten y garanticen la titularidad de la propiedad, los emprendedores no pueden utilizar valiosos activos para la inversión y nuevos proyectos. Sin instituciones judiciales sólidas que obliguen a cumplir los contratos, los empresarios consideran que muchas actividades resultan arriesgadas. Sin instituciones gubernamentales fuertes que controlen el comportamiento de los directivos, las compañías despilfarran los recursos de los accionistas. Las instituciones de gobierno que reglamentan la actividad empresarial excesivamente, terminan limitándola. Las decisiones y políticas públicas basadas en medidas arbitrarias, o sesgadas hacia favorecer algún grupo en especial, resienten la labor empresarial. Las instituciones débiles terminan siendo especialmente nocivas para el desarrollo del espíritu empresarial.

La formación de empresarios y el desarrollo de la iniciativa empresarial están estrechamente vinculados a la conformación de las instituciones públicas y privadas y a la forma como éstas evolucionan y se transforman. Un ambiente institucional flexible e innovador es fundamental para generar un buen clima para las inversiones, llevadas adelante por sujetos emprendedores, que asumen razonablemente los riesgos implícitos en cualquier actividad económica. Por el contrario, los entornos institucionales restrictivos, caracterizados por el exceso de regulaciones, fragilidad jurídica, e incapacidad para establecer redes de cooperación extensas y productivas, tienden a limitar la formación de empresarios y a incentivar la informalidad de las actividades económicas. Por lo demás, la debilidad de los derechos de propiedad en países políticamente inestables contribuye a reducir los niveles de inversión y  ahuyenta a potenciales inversionistas.  

Los entornos económicos e institucionales de las naciones desarrolladas se corresponden con los que brindan incentivos a la iniciativa empresarial. Por una parte, los propicia la existencia de muchas oportunidades de negocios, derivado del alto nivel de ingreso per capita y la diversificación del consumo agregado, particularmente hacia la prestación de servicios de salud y de ocio, con pocas restricciones legales para el establecimiento de empresas. Por otra, la existencia de extensas redes industriales, vinculadas a la investigación aplicada realizada en universidades y centros de investigación privada, el alto nivel organizacional que conduce a tener buena información de pronóstico sobre desarrollo de mercados, procesos, productos, la presencia de mercados de capitales y de financiamiento bien desarrollados y la existencia de ambientes macroeconómicos estables para las inversiones, constituyen otros tantos factores que impulsan el surgimiento de emprendedores.

Por contraste, en naciones como las latinoamericanas, la inestabilidad macroeconómica, el bajo poder adquisitivo de la población, las limitaciones del mercado de capital y financiero, las bajas tasas de ahorro, la inseguridad jurídica, las trabas legales para el registro de empresas, la incapacidad de elaborar pronósticos de mercado que no resulten meros ejercicios de simulación, las restricciones para elaborar planes de largo plazo y la escasa vinculación universidad-industria, limitante de las posibilidades de innovación en productos, servicios y procesos, las debilidades de la inversión en educación,  resultan factores que repercuten de manera  desfavorable en el surgimiento de nuevos empresarios. Por otra parte, este tipo de entornos favorece las actividades informales de empresarios con escasa formación para planificar negocios y debil capacidad para sortear los riesgos inherentes a cualquier inversión.    

Correlativamente, en la medida que mejora el entorno económico y social para los negocios, se estimula la planificación y la asunción del rol de emprendedor de manera profesional. No por casualidad, Montero (1999) destaca que el perfil de los emprendedores chilenos, a partir del análisis de las biografías recogidas de un grupo de nuevos empresarios medianos, se corresponde con el segmento profesional emergente en la economía de mercado chilena a mediados de los noventa. No se trata ni de personas de origen humilde que habrían surgido en la sociedad de oportunidades, ni de los hijos de los empresarios tradicionales. Son más bien personas de clase media, sin grandes fortunas, pero cuyas familias los dotaron de capital humano. Muchos eran profesionales altamente calificados, que en un momento determinado de crisis del trabajo asalariado y de apertura de nuevos mercados, tomaron la decisión de crear una empresa.

En algunos casos, un ambiente económico desfavorable para los negocios y muy restrictivo para al surgimiento de nuevos empresarios, no cierra las oportunidades completamente cuando existen personas que tienen un perfil adecuado para serlo. En efecto, el análisis de unas redes de crédito informal en un barrio de Caracas, permitió constatar que los emprendedores creadores de estas redes tienen sistemas de contabilidad y administración muy bien organizados, resaltando la baja tasa de morosidad y de pérdida de los préstamos, por lo cual el negocio ideado ha resultado exitoso y efectivo. Entre otras bondades, permite la cobertura financiera de una gran cantidad de microempresas, que consiguen por esta vía responder a sus necesidades de capital de trabajo, posibilidad que tienen negada frecuentemente en el sistema financiero formal (Gómez y Márquez, 2000).

Con relación a esta realidad, Zaid (1987) señala que una de las pocas ventajas de operar con recursos mínimos, es precisamente que no pueden derrocharse en progresos improductivos. Si una microempresa no tiene crédito bancario y sólo puede conseguir financiamiento al doble de las tasas bancarias, en el mercado informal, o no usa crédito o no lo usa más que en operaciones que produzcan por encima del doble de las tasas bancarias. Esta postura supone entrever que las salidas creativas que utilizan los microempresarios rurales y urbanos de los países en desarrollo, refuerzan las argumentaciones dirigidas a establecer que, en la definición y diseño de políticas y proyectos dirigidos a combatir la pobreza, sus actores beneficiarios, los pobres, no deben ser vistos exclusivamente como un problema sino también como parte de la solución.

Las necesarias reformas institucionales y el diseño de políticas públicas, con capacidad de impactar positivamente el ambiente para desarrollar iniciativas empresariales en países y regiones de América Latina, pasa, entre otros elementos, por considerar que éstas sólo se lograrán gradualmente. La creación de un entorno favorable para los emprendimientos exige simplificar las instituciones formales, establecer redes de información sobre sus funciones y alcances que lleguen efectivamente a los actores pertinentes. Se necesita reformar los derechos de propiedad, con el fin de posibilitar la capitalización de las propiedades de los emprendedores menos asistidos, para su utilización efectiva. Requiere, además, el fortalecimiento del capital humano, y una labor de “importación” con su adaptación respectiva, de normativas y procedimientos que hayan sido probadamente exitosos en otras regiones y países. Se deben extraer lecciones de aquellas instituciones informales, diseñadas ad  hoc, que han surgido como respuesta creativa a las fallas de los mecanismos formales, y que constituyen experiencias positivas de desarrollo empresarial. Las autoridades encargadas de elaborar políticas públicas en el nivel local, regional o nacional, deberán asumir que su rol les exige convertirse en emprendedores también, es decir, en empresarios innovadores y comprometidos con una gestión pública verdaderamente productiva.    

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