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LA ECONOMÍA MEDIEVAL Y LA EMERGENCIA DEL CAPITALISMO

Isaías Covarrubias Marquina




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V. Aspectos políticos y sociales

1. De las ciudades-estado al Estado nación

La expansión del comercio y el crecimiento de la población no sólo van a provocar el auge económico de la Europa medieval, sino también van a dar impulso para la constitución de nuevas relaciones políticas e institucionales al interior de los territorios sobre los que la ciudad va a ejercer una influencia directa y, por supuesto, dentro de su propio ámbito de acción. La conformación de las ciudades como unidades políticas conllevó en algunos casos un largo proceso de adaptación desde las raíces feudales de las que partieron; en otros casos, por el contrario, la definición de un gobierno y sus respectivas autoridades fue un proceso rápido, toda vez que la ciudad surgía sin una sujeción manifiesta al dominio señorial. El hecho que la palabra ciudadano denotara antes que nada la condición de “hombre libre” revela la amplia capacidad de algunos burgos para gobernarse mediante mecanismos electivos, reflejando así, en alguna medida, esa condición de libertad.

Existe cierto paralelismo, como lo observa Black (1992), entre la emergencia de las ciudades-estado del norte y centro de Italia, con un pensamiento político que adoptó desde muy temprano la retórica latina, ciceroniana, impregnada de la idea de virtud cívica. Las ideas cívicas se propagaron desde Italia hasta los Países Bajos, donde la independencia cívica y el gobierno popular pasaron a representar una suerte de razón de Estado. Por ello, el gobierno estaba llamado a representar un papel por encima de los intereses partidarios y particulares, asegurando un orden social que permitiera a los ciudadanos de toda condición, incluido el clero, seguir su propia vocación. Por lo demás, aunque la libertad era un atributo del individuo, durante la Edad Media esta libertad no conllevaba necesariamente al individualismo legal que se conoce en el presente. A menudo la libertad y los derechos eran atribuidos a los individuos en grupos. Era precisamente por pertenecer a una ciudad o una unidad política similar que se adquirían tales libertades, pues éstas habían sido concedidas a la ciudad y sus ciudadanos. Las comunidades políticas tenían, por lo general, el derecho a gobernarse a sí mismas, y éste era un tipo de libertad que podía ser reivindicado mediante apelación a la ley, o, en caso de requerirse, en contra de quienes intentaran suprimirlo.

Esta aseveración va a significar que, aunque durante la Edad Media había numerosas divisiones de la autoridad, al mismo tiempo se fueron introduciendo fuertes incentivos para concentrar el poder siempre que fuera posible, en beneficio de la ley y el orden. Las ciudades trataron de confluir, en la medida de lo permitido, hacia la conformación de sus propios ámbitos legales, fiscales y económicos, estando subdivididas, a su vez, en gremios y barrios. La unidad de la aldea conservaba a menudo algunos derechos colectivos y administrativos. Por esta razón, la época experimentó una clara tendencia hacia la división de los poderes políticos en diferentes niveles: Imperio y Papado, reino, condado, dominio, diócesis, ciudad, gremio y aldea. Asimismo, la representación parlamentaria, desarrollada entre los siglos XIII y XIV, conforma una pauta familiar del proceso político de la mayoría de los estados europeos, particularmente en Inglaterra y Francia. La existencia de los parlamentos da hasta cierto punto al traste con una visión muy difundida de que el gobierno medieval era muy autocrático. En realidad, hubo una continuidad considerable entre las tradiciones parlamentarias medievales y la aparición del gobierno representativo moderno.

En la práctica, el gobierno de las ciudades va a reflejar un entorno complejo, cuya organización será, ante todo, el resultado de la organización de los intereses comerciales prevalecientes. En este contexto, las políticas económicas y sociales seguidas por la gran mayoría de las ciudades-estado y de las monarquías medievales y del Renacimiento representaron la necesidad de alcanzar el bien común, conciliando una gran cantidad de intereses contrapuestos. No obstante, más allá de las implicaciones de justicia y paz, implícitos en la idea de bien común, comienza a dotarse este concepto de contenido económico. En efecto, mediante las políticas que implementan, los gobiernos aspiran a promover su seguridad económica y aumentar su riqueza, creando aduanas, restringiendo las actividades de comercio a favor de determinados gremios, tanto en lo interno como respecto a la competencia extranjera, y apoyando frecuentemente las acciones de la oligarquía mercantil. También se preocupaban por los precios y por el empleo, proporcionaban instalaciones públicas, como mercados, e infraestructura para el abastecimiento de agua; servicios sanitarios y ayuda a los menesterosos. En menor medida, los gobernantes medievales patrocinaban la educación y la formación en artes y técnicas, pero el mayor peso en esta instancia siguió recayendo en la Iglesia.

La regulación monetaria se convirtió en una opción pública y, evidentemente, de mucha importancia. La “reforma” monetaria carolingia había implicado el comienzo de un proceso de homogenización del sistema monetario europeo, en principio en torno al denarius de plata. Las medidas gubernamentales, sin que se pueda hablar de una política monetaria, se inscriben dentro de una tradición que busca congeniar, no siempre con éxito, la circulación de dinero con la corriente de producción, aunado a la necesidad de encontrar los equilibrios de los tipos de cambio correctos entre las diferentes monedas en circulación. El concepto de moneda como patrón de la medida de los valores era aceptado por los juristas civiles, fundamentado, además, en una concepción de justo precio y, en una concepción habitual, por lo menos desde el siglo VII, que relacionaba moneda y mercado. Así, para asegurar el funcionamiento del mercado conviene emitir una moneda con el fin de marcar los valores. En los mercados las medidas patrón están presentes y son establecidas por la autoridad pública.

Las emisiones de moneda medieval no estuvieron exentas de los problemas atinentes al complejo de factores que afectan al dinero. La posibilidad de abusar del sistema, mediante prácticas como la reacuñación y la devaluación, siempre representó una alternativa para los reyes y príncipes. De hecho, el imperio carolingio utilizó con cierta frecuencia y regularidad el sistema de depreciación, la retirada de las monedas antiguas y su reacuñación obligatoria en nuevas monedas. Este sistema de reacuñación, desconocido en el mundo romano, fue, no obstante, muy usual en la Edad Media, utilizándose, como pretexto para obtener beneficios de las acuñaciones con ocasión de una reacuñación. También se acudía a imitaciones de las monedas con mayor valor, fenómeno que se exacerbó sobre todo a comienzos del siglo XIV. Un efecto colateral de estas prácticas fue la emergencia dentro de la corriente económica medieval de la famosa Ley de Gresham: el dinero malo desplaza al dinero bueno.

Los gobernantes originales procedían de los clanes familiares con arraigo territorial y linaje, correspondiente a la clase noble. Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades italianas del temprano medioevo las familias feudales dominaban el gobierno urbano, convirtiendo a la ciudad, junto con las aldeas circundantes, en una república feudal comercial. A menudo emplearon sus privilegios feudales para adquirir derechos exclusivos en el comercio de larga distancia, en especial con el Levante. Con la profundización del impacto del comercio sobre la economía y la sociedad es lógico observar a otros estamentos incorporarse a la lucha por el poder político. Una de ellas fue la clase agrupada en el gremio de los mercaderes mayoristas, levantándose por encima del artesano y del comerciante dedicado al menudeo. Su dominio del gobierno municipal y el empleo de su poder político para promover sus privilegios y establecer cierto control sobre los demás sectores productivos se remonta hasta fecha tan temprana como 1200 en algunas regiones de Europa. Los comerciantes que dominan el mercado de exportación devienen en ricos burgueses. Este estamento va a cubrir eventualmente todos los cargos anteriormente elegidos por todo el cuerpo urbano. De allí que se señale la evolución del gobierno en muchas ciudades-estado como el paso de una primitiva democracia hacia una oligarquía burguesa, a menudo aliada con la nobleza local. No obstante, en muchas ciudades se conservó el derecho a la elección de los gobernantes municipales, de manera que en algunos casos los burgueses más ricos gobernaron con el consentimiento de toda la ciudad.

En ciudades con amplio comercio y cierto nivel de desarrollo de la industria como Venecia, Florencia, algunas ciudades de la Hansa y las villas inglesas, los nuevos burgueses accedían a los cargos públicos sin mayores complicaciones, renovándose constantemente la clase dominante. De esta manera se evitó que el gobierno degenerara hacia oligarquías cerradas y egoístas. En realidad, muchos de estos gobiernos resultaron tener una clara visión de los intereses públicos, toda vez que éstos se confundían con los intereses privados que representaban. Por esta razón, propendieron a desarrollar la administración municipal, organizando sus diferentes servicios, constituyendo las finanzas y un sistema de impuestos que permitía ampliar los servicios de seguridad y de educación elemental a una parte considerable de la población. Es el caso del dominio político ejercido por los individuos de las Arti Maggiori, banqueros y comerciantes exportadores florentinos, controlando el gobierno de la ciudad durante prácticamente todo el siglo XIII. También es el caso del gobierno regio de los duques borgoñones, cuyo desempeño favoreció la instrumentación de políticas que redundaron en el fortalecimiento de su poderío económico, en el aumento de los ingresos fiscales y en el fomento de la libertad de iniciativa empresarial. Debido a esto, Amberes llegó a convertirse en un importante centro industrial y de comercio, mediante las actividades de construcción de barcos, la industria pesquera y textil; en buena medida a expensas de las ciudades de la Liga Hanseática.

En general, el poder de las autoridades municipales radicaba de manera importante en el derecho que tenían de establecer regulaciones acerca de quién podía comerciar y cuándo debía hacerlo. Esto significaba orientar la balanza de las transacciones comerciales a favor de un determinado estamento social, o incluso en ocasiones a favor de la comunidad como un todo, en un sentido que trasluce una visible política económica proteccionista. El derecho de poseer un mercado libre de competidores dentro de cierta área se convirtió en una práctica monopolista buscada y defendida. Por ejemplo, la política a favor de la asociación de mercaderes conocida como Staple, aseguró a este gremio privilegios reales y derechos que le proporcionaron, desde el siglo XIII, el control casi absoluto del almacenaje y exportación de la lana inglesa. En algunos casos, como en Inglaterra, el proteccionismo gubernamental urbano se extendía hasta el ámbito rural, exigiendo a las aldeas circunvecinas la comercialización exclusiva de sus productos en el mercado de la ciudad. El propósito de estas medidas, al canalizar o desviar el tráfico comercial en una dirección deseada, cumplían el papel de subsidios al transporte y control sobre las tasas de flete, similares a las que aún en el presente cumplen ciertas políticas comerciales de algunos países.

Junto con las políticas restrictivas impuestas por los gobernantes, con la finalidad de proteger los intereses de los gremios locales, se establecen políticas proteccionistas dirigidas a monopolizar el comercio con respecto a otras ciudades y regiones, sobre todo hacia el final de la Edad Media. El sostenimiento de estas políticas constituyó un factor determinante detrás de los conflictos entre ciudades pertenecientes a diferentes reinos, e incluso dentro de un mismo reino. El proteccionismo respondía a una variada índole de razones económicas y no económicas vinculadas. Entre las razones económicas las más importantes eran la continua necesidad de incrementar la recaudación fiscal, la necesidad de mantener abastecimientos de productos estratégicos como la sal, el alumbre y el grano en el caso de las ciudades italianas, y la necesidad de vigilar el transporte de mercancías y brindar seguridad en las rutas y mercados. Por su parte, desde mediados del siglo XIII, surge en los reinos más grandes una política deliberada dirigida a tratar de imponer la primacía de la moneda regia por sobre las acuñaciones de los barones, con el objeto de recuperar el monopolio estatal sobre la moneda.

Aunque el incremento del comercio estaba en el centro del desarrollo económico de las regiones, la expansión de los mercados de productos y factores comporta una serie de imperfecciones e ineficiencias. Las políticas restrictivas así como las proteccionistas, se convirtieron en serios obstáculos a la competencia. La Hansa alemana aplicaba sistemáticos boicots al comercio con la ciudad de Brujas, en la búsqueda de condiciones más favorables para sus comerciantes agremiados. La clase mercantil e industrial de Barcelona mantenía controlados a los funcionarios de la Generalitat con el fin de mantener los frecuentes embargos de tejidos extranjeros, protegiendo así la industria textil catalana. Ciudades con industria textil desarrollada, como Brujas, Gante e Ypres, se abrogaban el derecho de prohibir a sus vecinos rurales la fabricación de las telas más solicitadas, a riesgo de acusarlos de falsificación si lo hacían y arruinar su competencia, además de someter bajo su control la industria de localidades secundarias invocando derechos y privilegios. Otras protecciones se constituían en leyes promulgadas, por ejemplo, las leyes de navegación de la corona catalano-aragonesa, que datan del siglo XIII, circunscritas al comercio de Barcelona, prohibían contratar naves extranjeras para el tráfico con Alejandría y Ceuta en cualquier sentido, cuando hubiese disponibles buques pertenecientes a comerciantes catalanes nativos.

Estos obstáculos a la larga van a revertir en el desarrollo comercial e industrial de las ciudades y reinos cuya actividad económica gravitaba en torno al otorgamiento de privilegios y monopolios. Basta mencionar que, hacia mediados del siglo XIV, la excelente y competitiva industria textil flamenca, atosigada por los reclamos y manifestaciones hostiles de los tejedores y bataneros, conservadoramente obstinada en sostener los mismos procedimientos técnicos, cuyo cambio pareciera significar una violación de los privilegios, va a conocer un período de decadencia. Algunos artesanos comienzan a emigrar a Florencia y, sobre todo, a Inglaterra, en donde los reyes aprovechan la situación para propiciar en su país el desarrollo de la industria de los tejidos de lana. Es así que Inglaterra, la más importante proveedora de la materia prima hacia Flandes, inicia desde entonces una competencia que a principios del siglo XV ya estaba consolidada. La expansión industrial textil inglesa se va a nutrir ahora predominantemente de su propia producción de lana, así como de la excelente lana proveniente de la región de Castilla, que observará, a su vez, el ascenso político de los productores laneros para el comercio ultramarino, constituidos en el poderoso gremio de la Honorable Asamblea de la Mesta, teniendo un enorme impacto en la consecución de una legislación favorable a sus intereses [1].

Aunque las políticas proteccionistas de las ciudades-estado comienzan a mostrar muy prontamente signos de ineficiencia, no resultaron tan contraproducentes como las prácticas de hostigamiento y de opresión hacia la clase comerciante, aplicadas en un sin número de principados y señoríos locales europeos: cobro de impuestos excesivos, confiscación de bienes y hasta la expulsión. Curiosamente, este tipo de políticas también se aplicaron en algunos imperios orientales, con resultados muy negativos para la producción y el comercio. Bulnois (1986) considera que las políticas seguidas por las autoridades de Constantinopla revirtieron a la larga en pérdida de su competitividad. Esta ciudad constituía un centro de comercio amplio y dinámico, conectando el transporte de mercancías desde Oriente hacia Occidente. Sin embargo, los emperadores bizantinos, urgidos de ingresos fiscales para acometer la guerra contra los persas y los bárbaros, no sólo siguieron una política de recaudación de impuestos impopular, sino también decretaron igualmente que las industrias claves pasaran a ser monopolio imperial. Esto permitió un rígido control sobre la industria, tasándola al máximo. Pero la competencia ventajosa con relación a los talleres privados socavó las iniciativas empresariales que no estaban protegidas, generando quiebras y causando, además, la merma consiguiente en la recaudación de impuestos. De manera más o menos similar actuó la burocracia del Imperio Chino desde el segundo tercio del siglo XV, ahogando lo que parecía ser un incipiente desarrollo económico basado en las ventajas con las que contaba esta sociedad.

Con la irrupción de las unidades políticas ampliadas que constituyen los Estados nación, en principio rivalizando con las autoridades eclesiásticas, principados y las ciudades-estado para luego desplazarlas, son varios los cambios institucionales que se generan. La existencia de estados descentralizados fue originalmente un obstáculo a la centralización en estados nacionales de mayor escala porque, como lo sugiere Kennedy (1987), la mayoría de estas unidades políticas descentralizadas podía producir o comprar los medios militares necesarios para mantener su independencia. Esto se corrobora cuando se observa que existían muchos centros de producción de armas, de cañones de bronce y posteriormente de artillería de hierro diseminados por toda Europa. Los armamentos se fabricaban cerca de los depósitos de hiero de Weald, en la Europa central, en Málaga, en Milán, en Lieja y más tarde en Suecia. Paralelamente, la existencia de un gran número de astilleros hacia difícil para cualquier unidad política monopolizar el poder marítimo, evitando así la eliminación de centros rivales de producción de armamentos que se encontraran al otro lado del mar.

Contrastando con el argumento anterior, North y Thomas (1976) encuentran precisamente una relación entre la evolución de la tecnología militar y la formación de los Estados nacionales. En el mundo fragmentado de la sociedad feudal, el castillo inamovible y el caballero armado habían constituido las piezas esenciales del mecanismo defensivo. A medida que se fue imponiendo una nueva tecnología militar fue aumentando el tamaño óptimo de defensa de la unidad política local, puesto que operaba un proceso similar al de las economías de escala, en el sentido que los costos de los servicios de defensa se reducen, en la medida que se reparten entre una población más amplia, habitando en unidades territoriales más amplias. De manera que, por razones de mera eficiencia, el señorío tuvo que crecer para convertirse en una comunidad, en un Estado. La emergencia de la nación-estado se explicaría entonces en virtud de los cambios tecnológicos introducidos en las actividades bélicas, los cuales requirieron de una escala mucho mayor, y en consecuencia, el aumento del tamaño de las unidades gubernamentales.

Por su parte, manteniendo el importante peso relativo que se le otorga al factor militar, se ha argumentado también que la creación y sostenimiento de unidades políticas nacionales comenzó a se un hecho en la medida que la superioridad militar europea no sólo se reflejó dentro de sus propias fronteras, sino también respecto a la fuerza bélica de las demás civilizaciones. Como lo explica Cipolla (1999), la expansión comercial experimentada por Occidente después del siglo XI, no tuvo, en principio, paralelo en el campo militar y político. Hacia mediados del siglo XIII Europa se encontraba militarmente incapaz de contender con la amenaza mogol, y durante el siglo XV se encontró muy sometida a la presión de los ataques turcos. Las razones de esta debilidad intrínseca, en contraste con la fortaleza comercial, han sido atribuidas, entre otras, a la relativamente escasa población europea, a las constantes divisiones y guerras de expansión interna y a una organización militar deficiente. Sin embargo, la situación cambió diametralmente a partir de la primera oleada de expansión en el siglo XV, puesto que el potencial europeo en producción de armamento se incrementó en términos tanto cuantitativos como cualitativos. La evolución experimentada en la fabricación de cañones estuvo acompañada por un progreso igualmente notable en la construcción de buques de guerra y el empleo de nuevas técnicas en la guerra naval y en las estrategias en el terreno. Esto colocó a los demás pueblos no europeos en una desventaja manifiesta en términos bélicos.

En otro orden de ideas, pero apuntando en el mismo sentido, Black (1992) ha sostenido que, sobre todo a partir de la baja Edad Media, apareció una fuerte tendencia en el colectivo hacia una conciencia más articulada de la nacionalidad. Esta se manifiesta, por ejemplo, en la lengua, donde alemanes, italianos y españoles, a pesar de la ausencia de integración política, expresaban sentimientos nacionales. Podría basarse en factores políticos y en el odio a un enemigo común, como en el caso de Escocia. Además, había un elemento de imitación del relativo éxito de las monarquías inglesa y francesa, cuya integración nacional contribuyó a reforzar su potencia política. La literatura y la creación de escuelas y universidades que, sin perder su carácter transnacional, atendían y se preocupaban por los aspectos inherentemente nacionales, también coadyuvaron a formar la concepción de nación [2].

Otro elemento unificador lo constituye el esfuerzo de los gobernantes de los incipientes estados nacionales, particularmente Francia e Inglaterra, por homogenizar el sistema monetario y convertir la emisión de dinero en un monopolio del Estado. La moneda participa así en la génesis del Estado moderno. En realidad, la unificación fue en parte una consecuencia de una política monetaria deliberada tendiente a lograr la estabilización monetaria. Desde mediados del siglo XIV se advierte un proceso de inestabilidad monetaria sacudiendo amplias regiones de Europa. Esta inestabilidad se debió a la disminución drástica de la masa monetaria, consecuencia, a su vez, del descenso y agotamiento de las minas de Bohemia y de Cerdeña, y la ruptura de la “ruta del oro” proveniente de Sudán. También intervinieron otros factores, como el sistemático recorte de las monedas. Empero, parece haber consenso en atribuirle al déficit crónico de la balanza comercial europea con respecto al Medio Oriente y Asia la razón fundamental detrás de la crisis monetaria (Contamine et. al., 2000).

En estas circunstancias, los gobernantes de los estados nacionales estaban mucho más conscientes de los efectos económicos perniciosos que provocaban las alteraciones y manipulaciones monetarias a las que, por motivos financieros, frecuentemente se recurría. Aunque no se evitaron del todo, puesto que, como en un círculo vicioso, la presión de los factores económicos hacía que algunas alteraciones fueran ineludibles, al menos en Inglaterra y Francia se redujeron considerablemente. Esto conllevó a una ortodoxia económica en el plano monetario que le dio prioridad a la estabilidad y la transparencia, la cual se mantuvo durante los 150 años siguientes, por sobre la relación de equilibrio entre masa monetaria, producción monetaria y producción de mercancías. Mediante reglamentaciones estrictas, por ejemplo en Inglaterra, se estableció un férreo control, a partir de 1299, que prohibía la salida del país de cualquier metal o de cualquier moneda inglesa. Este reglamento fue completado en 1390, al establecerse la obligatoriedad de reutilizar en mercancías inglesas los beneficios obtenidos por la venta de mercancías extranjeras en Inglaterra, así como el de reacuñar en monedas inglesas todo el metal importado y todas las monedas extranjeras recibidas en pago de exportaciones.

Las unidades político-administrativas nacionales van introduciendo paulatinamente importantes cambios institucionales en las prácticas y políticas de gobierno; pero, en un aspecto que interesa destacar, conservaron, las actitudes restrictivas y proteccionistas hacia el comercio y la industria prevalecientes en unidades políticas más pequeñas como las ciudades-estado. En efecto, la captación de ingresos por vías compulsivas y restrictivas, así como el establecimiento de políticas proteccionistas hacia el comercio y la industria se convirtieron en preocupación esencial. Políticas que se exacerbarán en el escenario ampliado del comercio internacional, formado a partir de los viajes de exploración y el Descubrimiento, en la medida que son las potencias atlánticas directamente involucradas en el desarrollo de este comercio quienes van a establecer una fuerte lucha por el control de los nuevos recursos y de las nuevas rutas comerciales.

La obtención de rentas fiscales comportó, en un principio, los mismos mecanismos utilizados por las unidades políticas más pequeñas, subsumidas por el territorio nacional. El otorgamiento de monopolios, privilegios y cartas de patente a las agrupaciones de comerciantes e industriales; los préstamos a banqueros y el cobro de todo tipo de impuestos servían de mecanismos de captación de ingresos. No obstante, la ampliación del dominio geográfico supuso el sostenimiento de cruentas guerras, generando problemas fiscales significativos, sobre todo a Francia, implicando el consiguiente endeudamiento. Las perentorias necesidades fiscales impulsaron la institución de los sistemas nacionales de impuestos. Por ejemplo, en 1439 el rey francés logró introducir una tasa monetaria regular conocida con el nombre de taille, que era cobrada por funcionarios reales asalariados, no retribuidos con tierras. Se encontraban situados en cada región importante del país y podían ejercer gobierno en nombre del rey.

El otorgamiento de monopolios, privilegios y cartas de patente a las agrupaciones de comerciantes e industriales, a menudo significaban para las autoridades nacionales ceder una parte de la capacidad de recaudación impositiva en manos de los gremios. Así, en Barcelona, Perpiñan, Tortosa y Valencia, la Corona española autorizó, en 1394, el periatge, un impuesto especial destinado a financiar los gastos de los consulados en la dirección y defensa del comercio (Sydney, 1978). Sin embargo, en la medida que los soberanos y ministros de los Estados comenzaron a comprender que un comercio más libre aseguraba una mayor recaudación fiscal, tendieron a limitar los privilegios gremiales, en razón de estimular el crecimiento mercantil y de la industria, recibiendo la oposición natural de los gremios. La corroboración de que en algunos casos los mecanismos de obtención de ingresos comportaban altos costos y no garantizaban el equilibrio fiscal, conllevó a cambios institucionales en la dirección de asegurar una mayor eficacia administrativa, por ejemplo, redefiniendo los derechos de propiedad o haciendo más eficaces los existentes. Sea producto de la intuición de los gobernantes, o el resultado de hacerse palmario el hecho que la escala alcanzada por los negocios requería de una estructuración legal e impositiva más acorde, se instrumentaron medidas apuntadas tanto a incentivar las transacciones del sector privado como a disminuir los costos implicados.

En el centro de este escenario se encuentra un proceso que contrapone, por un lado, unos Estados con necesidades fiscales visualizadas dentro de un horizonte de corto plazo; orientadas en algunas ocasiones a implementar medidas que en realidad sofocaban la expansión económica, versus las más importantes reformas conducentes a la creación de un entorno más favorable, en una perspectiva de largo plazo, para el crecimiento económico. Algunos gobernantes de estos Estados entendieron la necesidad de establecer esquemas cooperativos con los sectores privados de la economía, otros, en cambio, siguieron condicionados a los mecanismos tradicionales. En general se impuso el criterio de corto plazo, desembocando la política económica en prácticas similares a las implementadas por los gobiernos urbanos: proteger el comercio y la industria nacional de la competencia extranjera.

Es así que toman cuerpo las políticas resueltamente proteccionistas de los reyes de Inglaterra, desde mediados del siglo XV, prohibiendo las importaciones de seda y de paños y limitando el comercio de las exportaciones de materias primas, como la lana, claves para su industria. Las réplicas del gobierno de los Países Bajos no se hicieron esperar, puesto que en el caso de los paños se trataba de su principal manufactura, de manera que prohibieron, a su vez, la importación de paños ingleses. Asimismo, Como lo apunta See (1974), la política del Rey de Francia Luis XI durante su reinado (1461-1483) estuvo orientada a favorecer el desarrollo del comercio y la industria. En particular se tomaron medidas para incentivar la industria de la seda, pues se consideraba, dentro de una concepción que puede ser denominada “mercantilista”, que la compra de telas preciosas en el extranjero disminuía el stock monetario de la nación. De hecho, la industria francesa producirá predominantemente por mucho tiempo objetos de lujo y deberá su existencia en buena medida a la iniciativa y fomento del Estado. Estas medidas vendrán a representar los primeros escarceos de la pugna comercial entre los estados-nación, con consecuencias importantes, en lo sucesivo, sobre el conjunto de acuerdos institucionales logrados colectivamente en cada una de estas sociedades y en la definición de las políticas que caracterizan la era mercantilista.


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