LA INVERSIÓN EN I+D

 

La inversión en I+D resulta fundamental para el aumento del bienestar de los consumidores y para el desarrollo del sistema capitalista porque es necesario aumentar la productividad, reducir costes e inventar nuevos productos continuamente para que el sistema pueda sostenerse. Como afirma R. Solow: “Gran parte del crecimiento de las economías modernas se debe al progréso teconológico” [1]. Pero no resulta tan claro el carácter de bien público o privado de los distintas etapas de la investigación, ni qué importancia tienen sus efectos externos, ni tampoco la efectividad de los sistemas de patentes y por lo tanto el nivel real de copia de innovaciones de unas empresas a otras. De todo ello surge una gran controverisa acerca de si la inversión en I+D debe ser pública o privada.

Suelen distinguirse tres categorías de la investigación: la básica (destinada a la obtención de conocimientos científicos no orientados a un fin o aplicación práctica específica), la aplicada (que incluye los trabajos con una finalidad práctica concreta que parten de la investigación básica) y la investigación para el desarrollo o I+D (que resulta de la utilización de los trabajos de las investigaciones anteriores para la explotación de nuevos productos o procedimientos o para mejorar los ya existentes).

La primera de estas categorías, que suele realizarse en universidades u otros centros de producción de conocimiento pero no en empresas privadas, reviste la forma de bien público, y cómo tal, a falta de intervención pública, existe una tendencia a una producción insuficiente. En esta primera etapa resulta lógico pensar que el estado debe financiar parte de la investigación para corregir este fallo de mercado, más aún si tomamos en cuenta los efectos externos positivos que tiene para el conjunto de la economía. Pero en las otras dos categorías la investigación ya no se adapta a la definición de bien público y además a lo largo de la historia estas innovaciones sí han partido del seno de las empresas privadas. Entonces debemos preguntarnos ¿existe una insuficiente producción de investigación aplicada y para el desarrollo?, ¿debe el estado financiar esta investigación mediante subsidios a empresas privadas? o ¿qué estructura de mercado presenta más incentivos para la innovación?

La discusión acerca de qué estructura del mercado crea mayores incentivos para la investigación no está resuelta[2]. Los defensores de la política comercial estratégica sostienen que el estado debe mantener una postura activa financiando tanto la investigación que realizan las empresas privadas como promoviendo la creación de instituciones (tanto privadas como públicas) que fomenten la creación de conocimiento. Argumentan que las empresas privadas no tienen incentivos suficientes para invertir en I+D la cantidad que sería socialmente óptima y por lo tanto, especialmente debido a los cuantiosos beneficios que presentan las industrias de alta tecnología, a sus externalidades positivas y a la “ferocidad” de la competencia internacional, resulta conveniente para el conjunto de la economía que la política industrial se ocupe del fomento a la inversión en altas teconologías. El argumento que subyace aquí es, una vez más, el de las barreras de entrada. Si las empresas nacionales logran desarrollar una importante innovación gracias al apoyo gubernamental mediante subsidios a la I+D tendrán posibilidades de bloquear la entrada a sus potenciales rivales extranjeros gracias a la reducción de costes (recuérdese el modelo del precio límite presentado anteriormente) o al desarrollo de productos totalmente nuevos derivados de la investigación. De hecho, como veremos en detalle en el capítulo V al ocuparnos del modelo de Brander y Spencer, el sólo anuncio de que el gobierno va a subsidiar la inversión en I+D de una empresa nacional en el desarrollo de un nuevo producto, podría ser suficiente para “intimidar” a sus potenciales competidores extranjeros y hacer que se retiren de la “carrera” por el desarrollo del bien. De este modo el nivel de  inversión en I+D que presta el gobierno funciona como un señal que se emite al mercado haciendo que las empresas nacionales sean percibidas por sus competidores como más poderosas.

Un buen ejemplo de un proceso de apoyo constante y global de un gobierno a un sector mediante la política industrial es el fomento del gobierno estadounidense a la creación de parques tecnológicos como el Sillicon Valley o la autopista 128 de Massachusetts, que han sido producto de la cooperación entre universidades, gobierno y empresas[3].

Debido a la importancia de los accidentes históricos en la creación de ventajas comparativas (la economía del QWERTY, a la que nos hemos referido anteriormente), resulta indispensable que el estado apoye inversiones en mercados con un gran potencial de crecimiento (informática, electrónica, etc.), pero cuyas inversiones están sometidas a grandes riesgos que las empresas por sí mismas no están dispuestas a asumir. Estos riesgos se derivan tanto de la posibilidad de fracaso de algunas inversiones como de la imposibilidad para las empresas de apropiarse de todos los beneficios de dichas inversiones debido a la ineficacia de los sistemas de patentes[4]. Como afirma Spence: “Los subsidios a la actividad de I+D por parte de los gobiernos probablemente son un buen sustituto de un sistema de patentes en industrias con grandes externalidades” [5].

A pesar de que nadie diría que es mejor tener una baja inversión en I+D que una alta, no debemos dejar de mencionar que el argumento que utilizan los defensores de la política comercial estratégica para reivindicar el aumento de los subsidios a la I+D se basa, una vez más, en el supuesto de que existen o existirán beneficios extraordinarios en sectores de alta tecnología (debidos a la imperfección de los mercados) y que a una nación le interesa que estos beneficios vayan a parar a su interior y no a sus competidores extranjeros. Como el argumento  vuelve a girar en torno al desplazamiento de beneficios y a las ventajas que se derivarán de las economías externas de estas empresas en el caso de que tengan un gran crecimiento nacional, resulta conveniente analizar si  es correcta esta visión del mercado mundial como una “lucha entre naciones” donde las empresas aparecen como representantes de los países.. Nos ocuparemos en detalle de este tema en el capítulo VI, al referirnos a las críticas a la política comercial estratégica.

 

 

 



[1] Solow, R. (1957): “Techincal change and the aggregate production function”, Review of economics and statistics 39, 312-320. Citado en Cabral, L. (1997), Pág. 157.

 

[2] Este tema aún no está resuelto a nivel estrictamente teórico. J. Schumpeter (1943) argumentaba que las grandes empresas monopolistas tiene mayores incentivos para invertir en investigación porque pueden aprovechar mejor las economías de escala de estos procesos y pueden asumir mejor los riesgos de posibles fracasos. Por su parte, K. Arrow (1962) afirmó que son las empresas que actúan en mercados competitivos las que tienen mayores incentivos para invertir en I+D porque si logran una innovación importante pueden reducir sensiblemente sus costes y ganar cuota de mercado ante sus competidores. La evidencia empírica parece mostrar que ambas hipótesis se cumplen en determinados casos y, de todos modos, las actuaciones gubernamentales generalmente se centran en el fomento de la competencia más allá de que en mercados imperfectamente competitivos las empresas pudieran tener mayores incentivos para la investigación.

 

[3] También podemos mencionar la política de apoyo a la I+D (no de creación sino de mejora de la eficiencia en la producción) que el MITI japonés ha realizado en las últimas décadas en las industrias de alta tecnología y que ha permitido que sus empresas ganen cuota de mercado a nivel mundial de forma espectacular. De todos modos el sistema japonés aparece como más opaco y con una estructura de cooperación entre gobierno y empresas muy diferente a los procedimientos utilizados en occidente.

[4] Por ejemplo es sabido que el sistema Windows de Microsoft (hoy líder absoluto en el sector del PC) es una copia del sistema Machintosh.

[5] Spence (1984), citado en Tirole, J. (1990). Pág. 606.