DIFICULTAD DE APLICAR LA POLÍTICA COMERCIAL ESTRATÉGICA

 

 

a)      El comportamiento de otros gobiernos

 

Hemos dedicado parte del capítulo III (pág. 38-42) a discutir las posibles reacciones de otros gobiernos ante la implementación de una política comercial estratégica por parte de un país. Nos remitimos a ese epígrafe para la discusión.

A modo de síntesis, recordemos que los problemas allí presentados se basaban en la incertidumbre acerca de cómo se comportan los gobiernos. No podemos predecir si los demás países iniciarían una guerra comercial contraatacando con ayudas a sus empresas o imponiendo restricciones sobre otros productos provenientes del país que hubiera iniciado una acción estratégica o se dejarán intimidar por la acción del gobierno que hubiese intervenido en primer lugar.

Los críticos de la política comercial estratégica también argumentan que como el resultado cooperativo (el mencionado TIT FOR TAT) conviene a ambos gobiernos porque el juego se repetirá un número indeterminado de veces, lo mejor que puede hacer cualquier gobierno es no intervenir para poder alcanzar el resultado mutuamente cooperativo y que todos se vean beneficiados.

 

b) Problemas prácticos: falta de información

 

Como hemos visto (capítulo V, pág. 70-84) al plantear el modelo Brander-Spencer, es fundamental conocer los valores que rellenan las casillas del juego estratégico (los beneficios esperados de las empresas con y sin subsidio) para poder determinar si realmente resulta beneficiosa la intervención del gobierno, o lo que es lo mismo, si los beneficios que la empresa nacional obtiene gracias al subsidio superan su cuantía. De no disponer de los datos concretos, el gobierno tan sólo puede especular con el resultado, pero nunca podrá estar seguro de que no está cometiendo un error.

Desgraciadamente los gobiernos no suelen contar con esta información, y por lo tanto deben basar sus políticas en estimaciones en el mejor de los casos o en puras conjeturas en el peor. El mayor problema es que se exponen a cometer errores. Por ejemplo, el mencionado en el ejemplo de la pág. 76, donde un fallo en la estimación de qué cuantía del subsidio haría a la empresa extranjera retirarse del mercado da lugar a un subsidio insuficiente que no lo logra, por lo que el subsidio resulta ser un gasto inútil. Si el gobierno no se hubiera equivocado en la estimación el subsidio sí habría logrado sus objetivos, pero la falta de información provoca una pérdida al gobierno porque podría haber empleado ese dinero en alguna otra política más provechosa para la sociedad.

Incluso el argumento de que los sectores estratégicos suelen ser aquellos en los que se dan altas tasas de beneficios ha sido puesto en duda. G. Grossman afirma que: “ A menudo, lo que parece ser una tasa de beneficios especialmente alta es sólo el rendimiento de alguna inversión arriesgada anterior. Los gastos en I+D, por ejemplo, pueden ser bastante altos, y muchas empresas terminan fracasando. Las empresas realizarán estas grandes inversiones sólo si esperan que obtendrán beneficios. Una vez que el mercado entra en funcionamiento, únicamente observaremos a las empresas que han triunfado. Entonces, nos podemos sentir tentados a concluir que las tasas de beneficios son excepcionalmente elevadas. Pero los beneficios de la industria deben medirse incluyendo las pérdidas de las que nunca lograron llegar a la fase de comercialización” [1].

Existe otro problema de falta de información a la hora de hablar de las externalidades y de la importancia del gasto en I+D para potenciar la industria nacional. El argumento de que la concentración industrial y las economías de escala tienen importantes efectos externos sobre el resto de la economía y de que por tanto el estado debería hacerse cargo de parte del gasto parece bastante razonable. Pero, ¿cómo se miden esos efectos externos? ¿qué parte del gasto en I+D debe sufragar el gobierno para alcanzar un óptimo social? No hay respuesta; nadie lo sabe y posiblemente nadie lo sabrá porque si bien es cierto que las economías externas existen y pueden llegar a ser muy importantes, es muy difícil medir sus efectos y por tanto decir cuánto debe subsidiar el gobierno.

Por otra parte, puede argumentarse que, puesto que existen filtraciones de los avances tecnológicos, no merece la pena concentrar los recursos estatales en I+D puesto que existen importantes problemas de apropiación de los rendimientos de dichas inversiones. Tan sólo un gobierno mundial tendría incentivos para financiar innovaciones puesto que serán aprovechadas, antes o después, por todos[2]. De todos modos, el hecho de que la mayoría de los países desarrollados aumenten constantemente los recursos dedicados a la I+D resta peso a este argumento, la investigación, en la práctica, dista mucho de parecerse a un bien público.

 

c) Intereses políticos

 

Resulta evidente que en economía existen fallos de mercado que distorsionan la eficiencia, pero no es menos cierto que en la esfera política aparecen fallos del Estado que conllevan aún mayores obstáculos que los fallos de mercado para alcanzar la eficiencia y la racionalidad de las decisiones. Incluso en el caso de que una serie de técnicos objetivos y neutrales en términos políticos fuesen capaces de determinar cuáles son los sectores estratégicos y la cuantía exacta que el gobierno, a través de la política industrial, debiera dedicar a apoyarlos (cosa bastante improbable), resultaría muy difícil que esas acciones pudiesen llevarse efectivamente a cabo. Los intereses de los grupos de presión y la asimetría de la información, entre otros muchos factores, harían que tan sólo salieran adelante políticas que beneficiaran a un determinado sector, en lugar de aquellas otras que podrían mejorar la situación de la mayoría de los consumidores de la nación.

Los críticos de la política comercial estratégica afirman que el campo del comercio exterior es particularmente sensible al poder de los grupos de presión y que por lo tanto, aquellos proyectos que saliesen adelante lo harían porque favorecerían a intereses particulares, en vez de responder a un análisis económico racional. Por ejemplo, es posible que se potenciasen industrias ya instaladas antes que otras que podrían llevar aparejados mayores beneficios para el conjunto de la sociedad debido al poder político de aquellos que ya hubieran invertido en determinados sectores y quisiesen asegurarse ciertos beneficios[3]. Como encontramos en un texto de J. Bhagwati, al comentar qué opinión les merecían el proteccionismo y la intervención a algunos prestigiosos economistas de finales del siglo pasado y principios de este encontramos esta contundente afirmación: “la protección conlleva la pérdida de la pureza en la política, la ventaja injusta brindada a los que ejercen los poderes de la intriga y la corrupción, la distribución injusta de la riqueza y el crecimiento de intereses siniestros” [4].

Como la política es un juego de intereses en la que aunque se fijen reglas de juego nada asegura que puedan cumplirse absolutamente (en especial en el terreno económico), como la fuerza de los grupos de poder es innegable y como el gobierno se ve sometido a presiones, los críticos a la política comercial estratégica afirman que es preferible aplicar una política comercial de laissez faire, bajo la cual todos saben a qué atenerse, a poner en práctica sofisticadas políticas, cuyos beneficios además no están demasiado claros, y que pueden dar lugar a la manipulación política y favorecer intereses particulares. Incluso advierten que, a pesar de las “buenas intenciones” de los teóricos como Brander y Spencer, que intentan presentar un razonamiento sólido y científico y no justificar el proteccionismo y la intervención de modo gratuito, las conclusiones que se extraen de sus modelos pueden tener efectos perversos, ya que pueden convertirse en caballo de batalla de los “neoproteccionistas”, que tan sólo necesitan una buena excusa para defender intereses particulares y que pueden haberla encontrado en las, en principio, “inocentes” sugerencias de política económica de estos modelos[5].

 

 



[1] Grossman, G. (1986) en Krugman, P (comp.) 1986, pág. 63-64.

[2] En este sentido pareciera que el “que inventen ellos” unamuniano no suena tan absurdo un siglo después.

[3] También suele ser habitual que, en determinados países (la España de hace tan sólo unas décadas sin ir más lejos), los grupos de presión propietarios de ciertos sectores que se beneficiaban de determinadas formas de proteccionismo, no permitan la apertura al libre comercio incluso cuando éste favorecería al conjunto de los ciudadanos al reducir los precios merced a la competencia, porque saldrían perjudicados al no poder competir con sus rivales extranjeros.

[4] Bhagwati, J. (1991). Pág. 46.

 

[5] Puede verse en Krugman, P. (1994 y 1997) duras críticas a aquellos que, sin ser economistas teóricos y sin pertenecer al mundo de la investigación científica, utilizan estas nuevas teorías (sin haberse detenido a estudiarlas en profundidad) como justificación  para abrir paso a una “nueva era” en la que el mundo aparece como una “lucha de titanes” económicos que pugnan por los mercados mientras se destruyen mutuamente y donde el comercio se ha convertido en un juego de suma cero, algo que cualquier entendido en economía internacional (ya sea ortodoxo o heterodoxo) negaría siempre. Tal vez la más clara exposición de esta “lucha de titanes” sea: Thurow, L. (1992):“Head to Head: The Coming Battle Among America, Japan and Europe”, William Morroco Co. Ltd., New York.