DESIGUALDAD Y ESTADO DEL BIENESTAR

 

En materia de distribución y redistribución de la renta, hay dos teorías convertidas hoy en creencias universalmente compartidas. Se trata de la tesis de que los salarios tienden a ganar una cuota creciente a largo plazo de la renta nacional, y la de que una de las principales funciones del Estado consiste en procurar que esto también sea así en los casos en que el mercado pone en peligro la realización práctica de dicha tendencia (o sea, el concepto de “salario social”, una categoría básica que sustenta el edificio teórico del “estado del bienestar”).

La intervención redistributiva del Estado se ha justificado tradicionalmente por razones de equidad. Si la igualdad es un valor en sí, el sector público debe favorecer a los más pobres, y para ello tiene que apelar a la solidaridad contributiva de los más ricos. Pero si la redistribución estatal es necesaria, debe de ser porque hay un mecanismo previo que genera la desigualdad que se trata de corregir. En un artículo reciente, el profesor Julio Segura resumía así el funcionamiento de este mecanismo: “El hecho de que el sistema de mercado esté dirigido a conseguir la eficiencia y la rápida acumulación de capital al margen de lo que suceda con la distribución de la renta debido al carácter cíclico del crecimiento económico, provoca la aparición tanto de bolsas de pobreza como de colectivos marginados incluso en el seno de las sociedades ricas. Esto justifica la asunción de funciones redistribuidoras y asistenciales por parte del sector público”.

Rentas de trabajo. La teoría económica no ha desconocido que el pensamiento económico de otras épocas mantenía puntos de vista muy diferentes: “El sentido actual de la relación entre crecimiento económico y distribución funcional de la renta también ha variado notablemente en el momento presente; partiendo de la versión pesimista de los clásicos y marxistas, que interpretaban el crecimiento como responsable de la disminución de la participación de la masa salarial, pasando por la ley de Bowley, de su constancia a largo plazo, la teoría moderna es partidaria de considerar que existe una tendencia secular de las rentas de trabajo a aumentar su participación en el producto total”.

En contra de esta opinión, algunos argumentamos que si los salarios no han disminuido más claramente su participación en la renta nacional, ello se ha debido al rápido proceso de asalarización de la población ocupada. Por tanto, basta con descontar el efecto de este cambio en la estructura del empleo para obtener el resultado de una neta disminución a largo plazo de los salarios en la renta nacional. Pero, dado que los defensores de esta teoría alternativa hemos sido conscientes de lo minoritario de nuestra posición, ahora no podemos menos de congratularnos por que el ministro de Economía nos dé la razón, al afirmar, en una entrevista publicada en la prensa madrileña el 19 de mayo, que “en los últimos 20 ó 30 años la proporción de los salarios en la renta se ha reducido en todos los casos”.

Pero, ¿no es esto un resultado lo suficientemente desfavorable como para minar la confianza de algunos –no la de Solchaga, que se mantiene firme a pesar de todo— en las bondades de la “sociedad libre y de mercado”? Por eso ha recurrido él como antídoto a la tesis de que la participación de los salarios en el PIB ha dejado de ser un indicador adecuado de la desigualdad económica y social. Pues, según Solchaga, este cociente se ha convertido en “una de las variables que peor guía sobre la evolución de la igualdad”, ya que la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas, así como el desarrollo del sistema de pensiones, proporcionan a los trabajadores unas rentas no salariales que, al no estar incluidas en el indicador, lo invalidarían.

Pero este argumento no soporta una mínima reflexión. Las pensiones se financian íntegramente a cuenta de las cotizaciones sociales, que están ya computadas como parte de la Remuneración de los asalariados (RA). Además, las llamadas “prestaciones sociales ficticias” se incluyen en la RA. Respecto a las rentas de capital percibidas por los trabajadores, se trata de una magnitud de renta marginal, como corresponde a una capacidad de ahorro prácticamente inexistente, o incluso negativa a escala macroeconómica, para los trabajadores: lo que unos ahorran otros lo “desahorran” al endeudarse para comprar una vivienda o un coche.

Empresarios y salarios. Tanto o más que de “participación de los asalariados en la propiedad de las empresas”, habría que hablar de la “participación de los propietarios de las empresas en los salarios”, porque una parte importante de la RA no son en realidad sino rentas de capital camufladas, ya que no existe obstáculo legal alguno para que los propietarios se den de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena (en calidad de ejecutivos de sus propias empresas). Además, las retribuciones de los consejeros (las dietas, en muchos casos millonarias) se computan como costes salariales de las empresas y, por tanto, como RA. Por esta razón, puede concluirse que no hay motivo para abandonar el uso del cociente RA/PIB como indicador de la participación de los trabajadores en la renta nacional. Basta mantener el supuesto de que las rentas no salariales de los asalariados se compensan con las rentas salariales de los no asalariados.

Pero, ¿qué nos dicen las cifras de este indicador en el caso español? En 1955, y según datos oficiales, los asalariados representaban el 53% de la población ocupada, pero sólo participaban en la RN (el PIB) con un 39.3%. De haber mantenido esta proporción, en 1990 les hubiera correspondido una participación en el PIB del 55.1%. Sin embargo, la realidad es que en este año sólo les correspondió el 46.5%, lo que significa que han perdido un 16% de la participación relativa que les habría correspondido en caso de haber mantenido un poder adquisitivo proporcional a su peso demográfico. Vemos, por tanto, que tenía razón Julio Segura al afirmar que el crecimiento económico capitalista genera una distribución desigual de la renta. Sólo le faltó añadir que la desigualdad parece aumentar en el tiempo.

Gasto público. Pero, ¿qué ha hecho el Estado español para paliar esta desigualdad creciente? De lo declarado por Solchaga podría deducirse que mucho, puesto que al parecer contamos con “un sistema fiscal que es bastante progresivo, por no decir que muy progresivo”. ¿Y qué decir del otro lado, el del gasto público? Tiene razón Borrell cuando escribe que “la progresividad de un sistema tributario no puede medirse exclusivamente por la progresividad de los impuestos, porque todo depende de qué se hace con ellos”. Él mismo reconoce que, a pesar del importante y creciente peso del Estado en el PIB, los estudios permiten calificar de “decepcionantes los efectos redistributivos de esta gigantesca movilización de recursos”, pues, a pesar “de esta gigantesca máquina de transferir, el abanico de renta sigue siendo prácticamente el mismo antes y después de las transferencias”.

Así es para el caso español, y es así para todo el periodo para el que tenemos datos (1965-1990). Si se tienen en cuenta los impuestos y los gastos públicos, el resultado es que la participación de los salarios en la renta, después de la intervención estatal, fue en 1995 dos décimas menor que su participación original (antes de dicha intervención del Estado), mientras que en 1990 esta intervención sólo les proporcionó 0.9 puntos adicionales. Si en este periodo la pérdida relativa de los asalariados en la renta fue de un 13% como consecuencia de la distribución primaria, la intervención del Estado rebajó esta caída a un 11%.

Después de esto, ¿no habría que concluir que el Estado del bienestar se limita a consolidar y legitimar --más que a contrarrestar-- la actuación de esos mecanismos de mercado que generan la desigualdad económica entre trabajadores y propietarios?