VIVIENDA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN ESPAÑA

 

Tras un largo periodo de discurso autocomplaciente basado en “los cuantiosos recursos públicos destinados a la política de vivienda en los últimos años”, el PSOE parece reconocer la gravedad del problema de la carestía de la vivienda, asumiendo como parte de su programa electoral la necesidad de contribuir a paliar dicho problema, al menos por lo que respecta a las capas de la población de renta baja y media.

Este campo espectacular, junto a las cifras que han salido a la luz pública (se habla de una masa de crédito de tres billones de pesetas), unido todo ello a la polémica surgida entre Partido Socialista y Gobierno en torno a la posibilidad o no de financiar el diferencial entre los intereses de mercado y “los que puede pagar una familia de recursos limitados”, parecen anunciar una gran operación de redistribución de la renta a favor de las capas más desfavorecidas de nuestro país.

Pues bien, ya se trate tan sólo de una estrategia de márketing electoral, o bien del anuncio de un giro hacia una política económica más redistributiva, parece justificado el esfuerzo por cuantificar el coste total de este programa de viviendas y su incidencia sobre las pautas generales de la distribución de la renta en España.

La carestía es un hecho inobjetable: la vivienda es muy cara y lo es más para unos que para otros. Adquirir una vivienda de diez millones de pesetas en 1990 le supuso al español medio destinar el 42% de sus ingresos a ese fin (crédito hipotecario del 100% del precio, a 20 años y al 16% de interés). Con los datos de la contabilidad nacional podemos saber que dicha compra le supuso al asalariado medio el 68% de su renta, frente a sólo un 24% para el no asalariado. Luego los sindicatos tienen razón al denunciar que el problema afecta especialmente a los trabajadores.

El aumento de los fondos públicos destinados a ayuda a la vivienda no constituye necesariamente una medida progresiva o redistributiva. Es más, si las ayudas son mayoritariamente de tipo fiscal, la medida puede muy bien convertirse en regresiva, como reconoce el propio Instituto de Estudios Fiscales: “La mayoría de los estudios realizados demuestra que los gastos fiscales en vivienda favorecen más a los estratos sociales con mayores ingresos, por lo que son netamente regresivos”; en particular, “un sistema de deducciones que se extiende a la segunda vivienda no puede ser muy redistributivo, y aun lo es menos si, como hasta 1988, comprende la adquisición de toda clase de viviendas de nueva construcción. El objetivo de la política de vivienda no parece haber sido la equidad, sino el mantenimiento de un cierto nivel de actividad económica en el sector”.

Gasto público. Para analizar el impacto redistributivo de cualquier medida de gasto público, hay que conocer quién será su beneficiario, así como el destinatario del incremento de la presión fiscal necesaria para financiarlo. Aunque no suficientemente difundidos, existen trabajos que imputan todos los gastos e ingresos públicos redistributivos bien a los asalariados, bien a los no asalariados. Los resultados de estos trabajos son sorprendentes. Por ejemplo, se puede comprobar que entre 1980 y 1989 los asalariados proporcionaron al Estado el 72% de los ingresos que éste recaudó a partir del PIB; pero los asalariados sólo recibieron un 58% del gasto público redistributivo a pesar de suponer el 70% de la población ocupada. Este resultado no es una anomalía típica del caso español. El profesor norteamericano Anwar Shaikh ha demostrado cómo en Estados Unidos, en Suecia y en otros cuatro países capitalistas desarrollados, los resultados eran los mismos.

La conclusión de estos trabajos conduce a rechazar, por ideológica, la idea de un Estado del bienestar cuya actividad pueda sintetizarse en la concesión de una subvención neta a los trabajadores que vendría a complementar su salario directo. La realidad es distinta: la redistribución se produce básicamente en el interior de la clase asalariada (los de mayor poder adquisitivo y empleo fijo financian a los de menos renta, empleo precario o desempleados), y, en la medida en que se supera sus límites, lo hace para subvencionar con salarios a las rentas de capital, y no a la inversa.

Un ejemplo de ello podría ser el plan de viviendas del PSOE: ¿Quién lo financia? ¿Quién se beneficia?

Dado que los asalariados pagan el 72% de los ingresos de las administraciones públicas, lo primero que queda claro es que, incluso si este plan de viviendas se destinara íntegramente a los asalariados, serían ellos mismos quienes financiarían casi tres cuartas partes del mismo en tanto no se modificara el sistema fiscal. Ahora bien, ¿cuál sería el coste del plan en términos de gasto público adicional? Los cálculos no son difíciles de hacer. Si el Gobierno aprueba un plan cuatrimestral de viviendas para 1992/95, comprometiéndose a financiar el diferencial (entre el 9.5% que es el objetivo, y el 16% que corresponde al tipo de mercado) de 400.000 créditos a 20 años --de 7,5 millones de pesetas cada uno (el 75% del valor de una vivienda de 10 millones)--, tendríamos que 400.000 multiplicado por 7,5 millones nos da tres billones de pesetas como masa de crédito adicional.

El coste subvencionado por propietario equivaldría entonces a 4.675 pesetas mensuales por cada millón prestado, según los bancos comunicados por el Banco Hipotecario. Esto le costaría al Estado 42.075 millones de pesetas en 1992 (los primeros 100.000 créditos) y el doble en 1993; se elevaría a 126.225 millones en 1994; y, entre 1995 y 2001, se destinarían 168.300 millones anuales. Finalmente, 126.255 millones en el 2012, 84.150 en el 2013, y 42.075 millones en el 2014. Estas cantidades representarían en los cuatro primeros años de vigencia del Plan un 0.16% de media del PIB, no llegando a superar, en el conjunto de los 23 años de vida de los créditos, ni siquiera un 0.11% del PIB (se está previendo un crecimiento acumulativo anual del PIB del 10% en pesetas corrientes para todo el periodo).

Por consiguiente, si no cambia simultáneamente la estructura de la presión fiscal, la subvención neta a los asalariados se limitaría al 28% (la parte de los ingresos públicos que no financian ellos) de ese 0.11% del PIB, es decir, un 0.03% del PIB.

Imaginemos que el Gobierno decidiera financiar este aumento de gasto con nuevos impuestos sobre las rentas no salariales, por ejemplo elevando la recaudación por el impuesto de patrimonio o de sociedades. Entonces, el plan de viviendas para los trabajadores les reportaría a éstos un 0.11% del PIB anual. En ambos casos, la cifra equivaldría a entre media y dos décimas de subida adicional anual en la masa salarial que se negocia en los convenios colectivos.

¿Significan estas cifras tan bajas que los trabajadores o los sindicatos deben ser indiferentes a un plan de viviendas de estas características? En absoluto. Los sindicatos deberían reivindicar esas décimas como las que negocian con la patronal. Deberían exigir la mejora del plan, la extensión de la política estatal a todos los ámbitos que afectan al precio del suelo, de la vivienda, del tipo de interés, etc. Deberían pedir su financiación con cargo, vía impuestos, a las rentas no salariales. Pero lo que nunca deberían perder de vista es que su convencimiento de que “crecimiento económico” y “distribución más justa de la riqueza” son compatibles dentro del marco de la economía de mercado o capitalista, es pura ilusión.

Puede haber mejoras transitorias --e, incluso, dentro de ciertos límites, mejoras a largo plazo--, pero la dinámica del sistema impone su propia pauta distributiva a través de las leyes del mercado, y esta tendencia no puede ser corregida en lo esencial por ningún Estado del bienestar. Por eso, los datos demuestran que en los países “avanzados” las desigualdades de renta y riqueza entre propietarios y asalariados aumentan con el tiempo. Pero esto sería ya tema para otro artículo.