LOS SALARIOS Y LA COMPETITIVIDAD

 

El recién estrenado Gobierno ha vuelto a insistir en un viejo tema del Gobierno anterior: la necesidad de un Pacto nacional de competitividad, al que se oponen, por el momento, los sindicatos.

El actual equipo económico, como el anterior, continúa basando dicho pacto en el control de los salarios, pues, según el razonamiento subyacente, la moderación salarial posibilitaría el dominio de la inflación, la anulación o reducción de los diferenciales de precios con nuestros competidores, en especial con los de la Comunidad Europea (CE), y, por consiguiente, la mejoría de la balanza comercial. Todo ello permitiría disminuir el déficit externo de nuestra economía, además del desequilibrio inflacionario interior.

Sin embargo, no somos pocos los que pensamos que la competitividad está en realidad más vinculada a otras variables económicas, que son en principio independientes de la evolución de los salarios y de los costes laborales unitarios.

El Gobierno no parece haber prestado atención al hecho de que la propia CE ha puesto en cuestión la tradicional vinculación que entre salarios y competitividad observa el pensamiento económico más ortodoxo. El reciente Informe de la Comisión de la CE sobre El empleo en Europa, 1990, señala que “no hay pruebas de que exista una estrecha relación entre los costes laborales relativos y la competitividad, como muestra el rendimiento comercial de cada estado miembro en el mercado comunitario. Los países que muestran las tasas más bajas de aumento de los costes laborales unitarios no son necesariamente los que más han ampliado su participación en el comercio intracomunitario. Esto refleja el hecho de que la competitividad depende de múltiples factores, aparte de los salarios”.

Son los países más competitivos, los más eficientes desde el punto de vista productivo, los que, al poder vender más barato, se hacen con cuotas crecientes del mercado --lo que les permite crecer, rentabilizar y acumular por encima de la media--, y, en la medida en que los salarios vienen determinados a largo plazo por la evolución de la acumulación de capital, y no a la inversa, ello permite un crecimiento más rápido de los salarios reales en estos países.

Esto hace posible comprender, no sólo determinadas pautas estructurales bien conocidas –como el hecho de que haya sido Japón el país que, en la posguerra, ha conseguido elevar con mayor rapidez sus niveles salariales reales, tanto en términos absolutos como en relación con los demás países--, sino también la evolución más reciente de las posiciones relativas internacionales en el mercado mundial. Así, por ejemplo, en el periodo que va desde 1983 a 1989, han sido los países en los que más rápidamente han crecido los salarios reales medios (Alemania y Japón, con una anual de crecimiento de los mismos del 3.2% y del 2.8%, respectivamente) los que han visto duplicar el saldo positivo de su balanza comercial, alcanzando los dos países un total de 136.300 millones de dólares en 1989. Por el contrario, en países como EEUU, Francia, Italia, Reino Unido o la propia España, donde el ritmo de crecimiento medio del salario real en los cinco países ha sido sólo del 1% anual en el mismo periodo, han visto cómo se deterioraba su balanza comercial hasta alcanzar un saldo negativo conjunto de más de 220.000 millones de dólares.

Salario y coste laboral

En realidad, no es el ritmo de crecimiento del salario real lo determinante, sino más bien la evolución de los costes laborales reales unitarios (CLRU). Esto ya supone un paso adelante, pues al menos tiene en cuenta la evolución de la productividad, que, junto a la de los salarios reales, determina la marcha de este indicador. Sin embargo, en la mayor parte de las veces se analiza el CLRU como si dependiera esencialmente de los salarios, dejándose de lado los determinantes más profundos de la productividad, que, en la práctica, tienen más que ver con la evolución de los costes no laborales, la inversión, el ritmo de incorporación del progreso tecnológico a la producción, etcétera, que con los salarios.

Los datos muestran que la competitividad tampoco está inversamente correlacionada con el aumento de los CLRU. Si nos basamos en datos de 1989 del Banco de España, podemos conjugar los datos referidos a la evolución del tipo de cambio efectivo nominal de la peseta con los relativos al tipo de cambio efectivo real –medido tanto con precios al consumo como con costes unitarios del trabajo--, y obtener así un índice de la evolución de ambos conjuntos de precios relativos (precios españoles en comparación con los extranjeros). Pues bien, dividiendo entre sí ambos índices, puede obtenerse la evolución de los CLRU españoles en relación con los de otros países. Este índice no nos dirá nada de los valores absolutos en cada país, pero sí reflejará dónde crecen o disminuyen más deprisa, y dónde menos.

En la pasada década, el CLRU descendió más en España que en la CE y que en los otros países desarrollados (entre un 8.4% y un 9%), sin que eso permitiera mejorar la competitividad de la economía española, sino más bien todo lo contrario. En concreto, durante el periodo 1985 a 1989, a pesar de la moderación salarial que muestran estos datos, y que se refleja asimismo en el hecho de que la participación de la remuneración de asalariados en el PIB pasara del 46.2%, en 1985, al 45.9% en 1989, justo cuando la participación del empleo asalariado en la población ocupada pasó del 67.4%, en 1985, al 72.4% en 1989.

Caída de la competitividad

España no sólo no consiguió mejorar su competitividad, sino que empeoró enormemente el comportamiento de su balanza comercial. Así, el saldo negativo con la CE creció 1.6 billones de pesetas entre esas dos fechas, al tiempo que el saldo con el resto de la OCDE empeoraba en otros 700.000 millones de pesetas. Esta pérdida de competitividad es general, como evidencia el hecho de que los precios de exportación españoles se hayan elevado en este tiempo un 8.1%, frente a una caída del 19% de los precios de las importaciones.

Pero los sindicatos pueden tener una razón más poderosa aun para oponerse al pacto de competitividad, o de progreso. Es cierto que en los último años España ha crecido por encima de la media de los países de la CE y otros países desarrollados, y esto se refleja en el hecho de que el índice del PIB per cápita español, a precios y nivel del poder de compra corrientes, en relación con el de la CE, ha subido del 72% en 1985 al 76% en 1989. Sin embargo, si comparásemos la evolución de la renta salarial bruta media por asalariado y la renta no salarial bruta por no asalariado, veríamos que estos índices eran del 48% y 123% respectivamente, en 1985, y del 48% y 143% en 1989.

Los sindicatos podrían alegar, con razón, que el crecimiento no beneficia a todos por igual, y que la política del pacto por la competitividad sólo pretende perpetuar ese estado de cosas.