La política exterior argentina y la inserción en los mercados mundiales

 

La Argentina había rechazado el multilateralismo propuesto por los Estados Unidos y no adhirió en principio a los organismos de Bretton Woods. Durante la primera presidencia de Perón, las relaciones con los Estados Unidos se habían caracterizado por un mutuo recelo. Se intentaba mantener una posición equidistante con los dos grandes bloques políticos y económicos. En consecuencia con dicha postura se profundizaron los lazos comerciales con la URSS.

 

Esta estrategia debió ser revisada más tarde, por causa de la crisis de divisas generada por la estructura misma del proceso ISI. A partir de 1952 se inició una política de acercamiento económico a los Estados Unidos. El primer indicio fue la ley de inversiones extranjeras de 1953. En 1949, como consecuencia del proceso de nacionalizaciones y del decaimiento de Inglaterra, las inversiones extranjeras en la Argentina se habían reducido a la mitad respecto de 1945.[1] La ley buscaba propiciar la radicación de empresas internacionales, capaces de dinamizar el aparato industrial argentino. Los principales beneficios que contemplaba para los inversores eran:

 

·         Posibilidad de remitir un porcentaje de las utilidades a la casa matriz a partir del segundo año de la radicación.

·         Posibilidad de repatriar la inversión (en cuotas) a partir del décimo año de la radicación.

 

Si bien el grado de apertura no conformó demasiado a las empresas internacionales, la ley posibilitó la radicación de algunos complejos industriales, especialmente del sector automotriz. Aún así, la IED en la Argentina, en 1955, no llegaba a la mitad de la de 1930[2].

 

El objetivo más ambicioso de los últimos años del gobierno peronista había sido el autoabastecimiento de petróleo, insumo vital para el proceso ISI y que explicaba una parte importante de la demanda de divisas por importaciones. A tal fin, el gobierno inició un acercamiento a la petrolera californiana Standard Oil, que contemplaba la creación de una corporación ad hoc, denominada California Argentina. Estas negociaciones significaron un grave problema para el Ejecutivo, que debió escuchar voces discordantes no sólo de la oposición política (silenciada por entonces mediante prácticas no del todo democráticas) sino inclusive dentro del propio seno del partido peronista.

 

Derrocado Perón, el proceso de acercamiento a los Estados Unidos y la apertura a la inversión extranjera se profundizó. Luego de algunas políticas vacilantes del gobierno de facto[3], con la llegada al poder del Dr. Frondizi se dictó una nueva ley de inversiones extranjeras, que hizo hincapié en el aprovisionamiento de petróleo y gas[4]. Se buscaba además atraer a la inversión extranjera. No obstante, el gobierno de Frondizi intentó mantener los lazos comerciales con la URSS, adquiriendo en esa potencia equipos para explotación petrolera.

 

Los alineamientos ideológicos de los gobiernos argentinos, civiles o militares, no incidieron en un cambio de la posición relativa del país en los mercados mundiales durante el periodo. Se mantuvo la situación de aislamiento que había caracterizado la etapa anterior. La diferencia era que ahora el comercio mundial crecía a escala gigantesca.


 

[1] Rapoport, 2000: 476

[2] Con diferencias estructurales. La IED de los 30 estaba claramente vinculada a infraestructura y servicios, en particular los transportes, y al servicio del esquema de división internacional de la producción. Ahora preponderaba la inversión industrial.

[3] Se cancelaron los acuerdos petroleros más por decisión política que por convicción económica. No estaba en los planes del nuevo gobierno convalidar aquello que Perón había defendido aún ante la oposición de su frente interno.

[4] Otro debate que provocó polémicas con más aristas políticas que económicas. El plan fue un éxito en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. En 30 meses se alcanzó al autoabastecimiento de petróleo, un bien que hasta mediados de la década del 50 significaba el 25% de las importaciones totales de la Argentina. Véase Gerchunoff & Llach, 2000:258