Lo Verdaderamente Estratégico en las Estatizaciones
 

Enrique R. González Porras (*)
enriquergp@yahoo.es
 

La actual gestión de Gobierno ha echado mano, numerosas veces, de argumentos como lo “estratégico” y el “interés público” generalmente encarnado en decisiones discrecionales y personales, y ha asegurado tener el monopolio absoluto de la “sensibilidad social” (incluso ostentado por un único venezolano). Sin embargo, para hacerle algún bien al país, se debe discutir con profundidad y seriedad tales conceptos, dejando a un lado la cuartilla populista de malos y buenos. Sea suspicaz ambas partes pueden tener intereses propios, lo importante es conciliar tales intereses, teniendo como norte el beneficio colectivo y no la imposición de unos sobre otros, lo contrario, imperante actualmente en Venezuela es fascismo, y endorsarle un cheque en blanco a alguna de las partes le hacer un flaco favor a la nación.

Un tema importante lo constituye el intervencionismo público en la economía como política industrial y política pública. Si bien resulta cierto que la situación de monopolios podría representar una amenaza al bienestar social, esto podría ocurrir independientemente de que el monopolio esté en manos públicas o privadas. Sobre este debate tomamos algunos argumentos expuestos por nosotros con anterioridad:

González Porras, E.R.: "Lo Verdaderamente Estratégico en las Estatizaciones" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 96, abril 2008. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/

Propiedad Privada versus Propiedad Pública: ¿Cuándo se alinean los intereses?

Si a la hora de diseñar un modelo regulatorio para un sector determinado, se tiene que pasar por la discusión de quiénes detentan los derechos de propiedad sobre los proveedores del bien o el servicio, obviamente lo lógico sería intentar comparar los resultados de bienestar social bajo cada uno de los distintos enfoques y luego sacar conclusiones a favor de aquel que garantice el mayor bienestar social conjunto.

Así, a la hora de comparar a una política regulatoria de proveedores privados de servicios públicos versus una de empresas públicas, se necesita contar con una teoría de cómo se comportan las empresas públicas. Teniendo en cuenta que este último tipo de empresas no son poseídas por privados, es poco probable que su objetivo sea maximizar sus beneficios o ganancias. Aun cuando lo ideal sería que una empresa pública maximizara el bienestar social, aseverar que en la práctica efectivamente lo hacen resulta ingenuo, toda vez que podría tenderse a relajar mecanismos contralores y de amarre a reglas sobre la eficiencia y pulcritud en el uso de los fondos públicos. Justamente esa es la diferencia entre lo que se conoce como economía normativa y lo que se denomina economía positiva. Desde un punto de vista normativo, una empresa pública encargada de explotar un monopolio natural, debería perseguir el objetivo de maximización del bienestar social. En contraste, la teoría positiva nos diría cómo actúa efectivamente la empresa pública.

Para entender la diferencia entre el enfoque normativo y el positivo alrededor del comportamiento de una empresa, resulta necesario entender que las empresas son instituciones o entes conformados por personas. Adicionalmente, debe tenerse en mente que existen características que comparten tanto empresas privadas como públicas referidas a la separación que suele existir entre la propiedad de la empresa y la dirección de la misma. Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el monitoreo del comportamiento de la directiva de la empresa por parte de los accionistas es imperfecto en general. Esta última característica resulta fundamental a la hora de entender qué modelo regulatorio sectorial resulta eficiente, socialmente hablando y el por qué de la importancia de los agentes económicos privados.

Cuando existe una separación entre las actividades de propietario y de dirección de una empresa, y asimismo existe un monitoreo imperfecto de las acciones de los directivos o administradores de la empresa por parte de los accionistas, se presenta lo que se conoce como un problema agente-principal. Este problema consiste en que los directores o administradores de la empresa, al poseer sus propios intereses, que pueden ser contrapuestos a la de los accionistas, por ejemplo: mayores sueldos, desplegar menos esfuerzo o seleccionar como proveedores a familiares y amigos (independientemente de la calidad del insumo), y al existir una capacidad de seguimiento de sus acciones bastante imperfecta, buscarán maximizar su bienestar aun cuando esto implique menor beneficio para sus accionistas. Lo anterior, podría ocurrir con independencia de quiénes sean los propietarios, bien sean públicos o privados.

Las diferencias entre empresas públicas y privadas radican en los intereses de los propietarios y en los mecanismos disponibles que podrían inducir a los directivos y administradores a actuar a favor de los intereses de los propietarios. De nuevo, lo anterior será crucial para decantarse por el modelo de regulación y de propiedad sobre empresas, que tienda a garantizar el mayor bienestar social posible.

Los Proveedores Privados:

En las empresas privadas, sus accionistas se encuentran interesados en que los administradores o directores actúen de manera tal que el beneficio o ganancia de la empresa sea maximizada. Una manera por medio de la cual los accionistas buscan inducir el comportamiento de los administradores, es a través de sueldos variables que dependan del desempeño de los beneficios de la empresa. Por lo general, este tipo de mecanismos se manifiestan en bonos de productividad o en acciones u opciones sobre acciones, lo que convierte a los administradores en accionistas, pudiendo alinear, al menos parcialmente, los intereses de los accionistas y los de los administradores. Este mecanismo, no resulta del todo perfecto toda vez que los administradores son convertidos en sólo accionistas parciales, con lo que únicamente les corresponderían una pequeña porción de los beneficios no obstante los esfuerzos desplegados. De igual manera, existen incentivos por parte de los administradores de realizar un buen trabajo, toda vez que esto pudiera reflejarse como buena reputación en el mercado de trabajo por medio de salarios superiores. Lo anterior, es lo que se conoce como incentivos implícitos del mercado laboral.

Un poderoso mecanismo de incentivo con el que cuentan los accionistas para conseguir que los administradores se comporten de acuerdo a sus intereses, es la amenaza de despido. Una vez que los accionistas perciben un desempeño pobre de la empresa o un nivel bajo de beneficios, podrían despedir a los actuales administradores. En este mismo sentido, el incentivo implícito de la reputación actúa, toda vez que bajos rendimientos de la empresa pudieran ir asociados a señales de mala administración, por lo que estos directivos o administradores pudieran perder cotización en el mercado laboral.

Aun cuando pueden existir quienes estimen que este tipo de mecanismo es poco probable de manifestarse, toda vez que generalmente la propiedad de la empresa se encuentra dispersa a lo largo de un gran número de accionistas, los mercados de capitales hacen a este mecanismo perfectamente viable y eficiente. Por más dispersas que se encuentren las acciones de una empresa a lo largo de muchos accionistas, la amenaza de una compra, una Operación Pública de Adquisición o una toma de control hostil, resulta una amenaza lo suficientemente contundente para que este mecanismo de solución del problema agente-principal en empresas privadas actúe eficientemente. Así, una administración ineficiente que dé como resultado un pobre desempeño o beneficios de la empresa privada, podría despertar el interés de un grupo de inversionistas que tomando el control de la empresa vía una OPA, podría generar eficiencia y beneficios superiores.

Los Proveedores Públicos:

El caso de los proveedores públicos o de las empresas públicas difiere trascendentemente del caso de los prestadores privados en un par de aspectos. El primero de ellos, lo representa la dificultad de medir o cuantificar los objetivos finales de los accionistas. A diferencia del caso de las empresas privadas, en las que el objetivo final de los accionistas son los beneficios, en el caso de las empresas públicas los objetivos de los accionistas están vinculados al bienestar, el cual ya como concepto resulta difícil de manejar, mucho más a la hora de cuantificarlo. Así, las imperfecciones en los indicadores que son utilizados para medir el bienestar abren la posibilidad para los administradores de las empresas de actuar en favor de intereses propios y no de aquellos de la sociedad en su conjunto.

El segundo contraste consiste en que las restricciones impuestas sobre los administradores de los operadores privados, a través de los mercados de valores, no existen de manera alguna en el caso de los operadores públicos. La ausencia de estos mecanismos de amenazas, otorga a los administradores de las empresas públicas mayor capacidad discrecional en sus acciones, incrementando el problema agente-principal y alejando a la sociedad de su nivel de mayor bienestar factible.

Propiedad Pública: Solo una Alternativa de Intervención Pública:

La propiedad pública sobre empresas representa solo una opción disponible al Estado, y más precisamente en manos del Gobierno. De hecho, existen mecanismos e instrumentos regulatorios por medio de los cuales pueden imponerse distintos objetivos regulatorios, entre otros, de equidad y accesibilidad, sin sacrificar objetivos dinámicos de eficiencia económica.

Pueden diseñarse políticas regulatorias de competencia por el mercado, o utilizarse la política fiscal para alcanzar objetivos redistributivos, evitándose fallas de Gobierno, y burocratizaciones inncesarias y tremendamente costosas.

La estatización rigidiza el mercado laboral, beneficiando a los trabajadores y a los directivos públicos instalados, en el mejor de los casos, porque incluso podría poner en riesgo estos puestos de trabajo si estos los supeditan a una adhesión política. Así, se castiga a la dimensión dinámica del mercado laboral perjudicando a los nuevos trabajadores en el mercado laboral.

Conclusión:

Pueden existir problemas de desequilibrio o asimetrías en los poderes de negociación entre las empresas y los trabajadores. Sin embargo, este problema resulta complejo y decisiones apresuradas, solo podrían incrementar problemas de incentivos en términos dinámicos. La estatización con supuestas intenciones reivindicaciones corto-placista, lesiona el ámbito dinámico de los mercados, eventualmente limitando el nivel de bienestar colectivo.

En resumidas cuentas, lo verdaderamente estratégico es que el Estado debería administrar la renta petrolera y su intervención sobre la economía bajo dos estrictas condiciones:

1.- Solo se justificaría que el Estado administrara la riqueza petrolera (por ejemplo, usándola para comprar empresas), en aquellos casos en los que las inversiones necesarias para garantizar el mayor bienestar social no se producirían si se deja en manos y decisiones individuales. Sin embargo, estos casos suelen ser restringidos y determinados, y no una excusa para transferir la riqueza de los venezolanos a una elite, minúscula, reducida y con intereses propios.

2.- Existencia de Fallas de Mercado, evitando siempre que las fallas de Gobierno superen a la supuesta corrección de las distorsiones generadas por las fallas de mercado.

En el país emblemático de la enfermedad holandesa, Venezuela, la “carrera” de político parece ser la más redituable, una vez que las instancias contraloras parecen inexistentes, y los costos hundidos en invertir en formación y preparación no se acometen, mientras el poder económico-político parece ilimitado.

* Economista UCV

Master en Economía Industrial

Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones

Especialización en Economía del Sector Energía

Especialización en Economía del Sector Transporte

Especialización en Economía del Sector Farmacia

Universidad Carlos III de Madrid

Master in Competition and Market Regulation

Graduate School of Economics (Universidad Pompeu-Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, CREI)

Programa Avanzado en Política de Competencia

Instituto de Empresas

Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica

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