Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

Economía de Venezuela

RCTV y políticas públicas

Enrique R. González Porras (CV)
enriquergp@yahoo.es

Existen sobrados argumentos técnicos sobre el derecho y la economía del uso del espectro radio-eléctrico, los cuales deberían ser expuestos públicamente ante el conflicto creado por la eventual no renovación de la concesión a RCTV.

Reiterativamente se ha invocado, por representantes del Gobierno, que la Ley asistiría la medida anunciada por el Ejecutivo. Solo una lectura literal de las normas, sin entender el trasfondo normativo que justifica el entramado legal, mantendría la postura anterior.

González Porras,  E.R.: "RCTV y políticas públicas" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 73,  enero 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/

En específico, la no-renovación de la concesión implicaría los siguientes problemas de naturaleza regulatoria y de pérdida de beneficio social:

1. Empresa Privada versus Empresa Pública: Ante el falso argumento de que la renta petrolera alcanza para todo, explicado por una ilusión rentista-petrolera al no percibir directamente los ingresos petroleros los venezolanos, la explotación pública del espectro radioeléctrico podría implicar un despilfarro de fondos públicos, con su respectivo costo de oportunidad para los venezolanos en temas de educación, salud, infraestructura e inversión pública.

2.- Pérdida de eficiencia económica ante la medida anunciada: Las teorías y modelos desarrollados por Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Richard Schmalensee y David Evans de Plataformas y Two-side Markets explican y demuestran que la razón de ser de una empresa del tipo plataforma, como los canales de televisión, encuentran justificación social cuanto mayor es su nivel de audiencia, anunciantes clientes y proveedores (no políticos).

3. Si el Gobierna toma la medida de no-renovación de la concesión, se producirá una pérdida del valor del uso del espectro radioeléctrico, así como del valor del capital humano asociado con los actuales administradores de la concesión del espectro radioeléctrico, quienes poseen una curva de aprendizaje constituida a lo largo de 53 años.

4. La medida podría ir asociada con una pérdida patrimonial y fiscal para el Estado. La primera fuente de pérdida fiscal se deriva de una explotación alternativa sub-óptima del espectro radio-eléctrico y, por tanto, una recaudación fiscal menor. La segunda fuente provendría del hecho de no entender que la administración de las concesiones por parte de Estado, una vez puedan representar un essential facility y ante su escasa oferta, debería responder a un diseño de política pública que incentive la competencia por el mercado. Así, un juego de subastas, con seguridad sería ganado por el explotador eficiente del espectro, en este caso RCTV.

5. La no-renovación de la concesión ignora la existencia de políticas públicas hacia el sector, si efectivamente lo que preocupa es la existencia de barreras de entrada para los proveedores de contenido.

6. Existen pocos, si no nulos, argumentos en favor del uso público o por parte del Gobierno, del espectro radio-eléctrico utilizado actualmente por RCTV. La rápida proliferación de canales públicos y del Estado constituye de plano una desproporción a favor de lo público y de la visión del Ejecutivo.

7. Existe un alto costo de salida de empleados y obreros que laboran en RCTV. La situación de eventual cesantía podría constituir un verdadero drama social, que contradice los supuestos objetivos redistributivos y sociales enarbolados por el Ejecutivo Nacional.

8. Una vez han sido anunciados los “motivos” para la no-renovación de la concesión y debido a la gravedad de los mismos, así como a la preferencia que debería existir a favor del Incumbent (RCTV), se estaría violando el debido proceso administrativo, e incluso judicial, así como al derecho a la defensa, una vez que no existe procedimiento alguno abierto por las causas esgrimidas.

9. Deberían ser considerados los costos hundidos y los costos transaccionales, no solo de RCTV sino de todos los agentes económicos y sociales que forman parte del sector de las televisoras y, especialmente, de aquéllas que interactúan con RCTV.

10. La desaparición de RCTV y el uso alternativo del espectro radio-eléctrico anunciado por voceros públicos, determinaría una altísima concentración de mercado en los nichos que quedarían desatendidos. Así las cosas, el Gobierno Nacional estaría promoviendo una política de monopolización en el sector de las televisoras, lo que es contrario al beneficio social de los venezolanos e, incluso, violatorio de algunas disposiciones constitucionales.

Existen sobradas razones para desligar este conflicto de la pugna política y de poder adelantada por el Ejecutivo Nacional.

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