Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

Economía de Venezuela

Competencia Desleal del S. XXI

Enrique R. González Porras (CV)
enriquergp@yahoo.es

Una vez que ciertas dudas se disipan sobre el Socialismo del Siglo XXI tras el discurso de Chávez el 09 de enero de 2007, otra incógnita aflora.

Por ahora, parece que a la economía venezolana le depara un modelo económico, que en el mejor de los casos será un híbrido entre socialismo y capitalismo, en el cual coexistirán empresas públicas y privadas “compitiendo” entre sí. Sin embargo, aquí cabe una duda razonable de importancia trascendente, no para el modelo adelantado por el presidente Chávez, sino para el bienestar social de los venezolanos. ¿Podrán competir o existir las empresas privadas que operen en mercados donde operan empresas públicas? Las empresas del Estado cuentan con un ingente de financiamiento nunca comparable con la capacidad de cualquier privado. Así, las empresas que sean re-nacionalizadas no contarán con los incentivos privados que presionan hacia la consecución de beneficios y por tanto de una producción eficiente, en específico en aquellos mercados contestables o regulados vía mecanismos de price-cap. Lo anterior, significa que el Estado, al cambiar los objetivos de las empresas re-nacionalizadas, pasando de ser los máximos beneficios hacia la máxima difusión de los servicios públicos, establecerá mark-ups eventualmente negativos, más aun si se cuenta con una renta petrolera para financiar la gestión del Estado empresario y no existe ningún mecanismo de contraloría.

La coyuntura anterior, en términos técnicos, podría ubicar a las empresas del Estado en un nivel de producción donde los costos marginales superen a los costos medios. Así las cosas, existiría una fijación de los mark-ups, al menos referencial o marcador por parte de las empresas del Estado. Estos mark-ups que incluso podrían ser negativos, constituyen una transferencia del resto de la economía y de los venezolanos hacia aquellos clientes de estos servicios públicos. Sin embargo, pensemos que el Estado considera de tal trascendencia el servicio público prestado que debería ser a toda costa subsidiado por toda la sociedad. Aun así, lo anterior supone que los consumidores no poseen preferencias formadas sobre este servicio público y que estos servicios públicos deberían generar unas externalidades positivas que superen con creces el costo del financiamiento público. Asimismo, el Estado podría partir del argumento de que los demandantes de este servicio público poseen unas restricciones presupuestarias que no permiten ser incluidos en el mercado. 

González Porras,  E.R.: "Competencia Desleal del S.XXI" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 73,  enero 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/

Aun cuando el último punto constituye un objetivo de política pública importante, debe considerarse que una política como la propuesta anteriormente no resulta eficiente, ya que existirán demandantes con capacidad de pago y precios de reserva lo suficientemente altos como para pagar precios y mark-ups de libre mercado.

En contraste, existiendo preferencias formadas, se estaría creando una tremenda ineficiencia financiada por todos los venezolanos, proveniente del hecho de que los precios de reservas inferiores a los costos unitarios podrían ser satisfechos. Lo anterior significa que el Estado estaría proveyendo servicios públicos más costosos que la disposición a pagarlos por parte de algunos consumidores. Esta situación implica un costo de oportunidad para los propios beneficiarios de los subsidios o de la reducción de los mark-ups.

De esta manera llegamos a una situación en la que las empresas del Estado estarían produciendo a un nivel superior a su Escala Mínima Eficiente. En esta situación y ante un control de precios que se enfoque en políticas de inclusión social, se estaría configurando una conducta de precios “predatorios” por parte del Estado. De hecho, se estaría haciendo al sector económicamente insostenible, obligando a las empresas competidoras a salir del mercado. Lo peor de esta situación es que la inclusión forzada de demanda que posea precios de reserva inferiores a los costos unitarios de producción, constituye una perdida de utilidad producto de esta política pública de nacionalización y subsidios de empresas y consumo.

Una alternativa, es que el subsidio provenga del propio sector. Si el regulador permitiese que se realice discriminación de precios, y esta fuese factible al existir demandas diferenciables, se podría hacer auto-sostenible el sector. Esta alternativa, incomoda para reguladores ortodoxos, no requeriría de re-nacionalización alguna, a la par que no se estaría generando situaciones de pérdida de bienestar social.

El remedio podría ser peor que la enfermedad.

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