Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyecta un aumento importante en el desempleo para 2009, este asunto será clave tanto en el detrimento de las cotizaciones de quienes se mantienen en plenitud en el sistema de capitalización individual, como en los recursos públicos destinados para el pago de pensiones sociales.

Mientras tanto, en Chile —pionero en capitalización individual— se discute la inclusión de una AFP dependiente de BancoEstado. En los inicios de este sistema se buscó alivianar la carga del Estado, y después la seguridad social y la garantía de las pensiones.

Casi tres décadas después, el Estado mantiene aún gran parte de los pensionados bajo sus faldas, ya sea porque no se cambiaron al sistema de Administradoras de Fondos de Pensión o porque dependen de pensiones asistenciales o de invalidez. Es innegable el aporte de las inversiones a las AFP en el desarrollo y fortalecimiento de la economía chilena, pero en lo que a pensiones se refiere debido a la estacionalidad del trabajo en el país, el sistema todavía no ha sido probado a cabalidad, pues sustenta sólo a quienes han sido constantes laboralmente y además han tenido sueldos por sobre la media nacional, es decir un sistema para unos pocos.

En México no se ha suscitado una reforma a raíz de la pérdida de utilidad de los fondos, aunque se han generado manifestaciones populares que lo exigen, pues con anterioridad a la crisis había coincidencia en la precariedad de las pensiones que obtendrían gran parte de los trabajadores mexicanos, pero ahora se suma la disminución de la proyección de las pensiones, debido a un periodo de utilidades negativas. En el estudio La bursatilización de los fondos depositados en las afores, de Jorge Cardiel Hurtado, se confirma el bajo nivel de la proyección de las pensiones y se hace hincapié en la notoria contradicción con las altas utilidades obtenidas por las afores.

La propuesta de solución es inequívoca, disminuir la proporción de las comisiones fijas de las afores, aunque se haya modificado recientemente para que operaran sólo con base en el saldo de las cuentas individuales, si consideramos experiencias europeas e incluso latinoamericanas, se observa que los ajustes constantes son parte integral de los sistemas de seguridad social.

El caso argentino es similar, pero es innegable que su ciclo de vida fue muy acelerado. El sistema empezó años después que el chileno, instrumentaron una AFJP dentro del grupo económico del Banco de la Nación Argentina y posteriormente lo desecharon por completo, situación muy lejana de ocurrir en Chile y también en México. ¿Es tan malo el sistema como para desecharlo? Probablemente no, sin embargo, en el país que gobierna Cristina Fernández de Kirchner había condiciones que dificultaban su correcto funcionamiento:

•El alto porcentaje invertido en las carteras de Títulos Públicos de la Nación (53.94%), de los cuales un gran porcentaje proviene del canje de deuda de 2001. Los distintos gobiernos mantuvieron incentivos e imposiciones para que las AFJP aumentasen su participación en esos títulos. Estos instrumentos no requieren de calificación de una clasificadora de riesgo, por el hecho de ser soberanos. A todas luces poseían un riesgo muy alto para carteras poco diversificadas.

•La falta de incentivos para que los administradores de los fondos de pensión se apartasen del rendimiento promedio de las carteras de las AFJP por temor a sanciones y de mecanismos de inversión que satisfagan las dimensiones de retorno y seguridad. El número de instrumentos de inversión se ha desarrollado significativamente en los 15 años que duró el sistema. La creación de carteras multifondos que pudieran administrar las AFJP, fue uno de los temas pendientes para que los beneficiarios tuvieran opciones para gestionar su aversión al riesgo.

•Debido a la coyuntura económica del país, así como a algunas medidas erradas, fue imposible desarrollar el mercado de capitales argentino en forma sustentable. Se debe reconocer que se vio muy beneficiado del aporte de las AFJP como grandes jugadores, proveedores de liquidez.

•Las prestaciones no cubrieron las expectativas generadas sobre la eficiencia en el régimen de capitalización individual. Trajo más polarización entre la población económica activa, los que tenían un trabajo precario, no continuo o informal, y los que tienen puestos calificados.

•Los temas más perjudiciales que tiene esta súbita reforma son la falta de seguridad jurídica y la cantidad de trabajadores de las AFJP que se quedan sin empleo. En Chile y México el ciclo de vida del sistema es distinto, pues son sustentados en mercados de capitales de mayor madurez. La etapa dorada de los fondos de pensión otorgó excelentes rentabilidades a los aportantes, diferente al argentino. Otra diferencia es el porcentaje de comisiones que en Chile bordea cifras de 3%, en Argentina superaba 20%, pero desde la última reforma fue limitado a 1% de lo aportado.

La coyuntura permite que algunos sectores propicien la creación de una AFP estatal en Chile, asunto que es materia de ley, y se propongan medidas de fondo también en México, donde el primer paso claro es el descontento y su manifestación.

Las afores, al igual que las AFJP (Argentina) y las AFP (Chile), producto de un escenario mundial de volatilidad, han tenido importantes rendimientos negativos. Es cierto que la rentabilidad debe considerar una perspectiva de largo plazo, no por ello el trabajador está obligado a asumir pérdidas en el corto.

En Chile hay la posibilidad de elegir los tipos de fondos para invertir y si alguien no lo hace, se le asigna uno de acuerdo con la edad. Son cinco clasificados con las cinco primeras letras del abecedario, donde el A es el más riesgoso, mientras que el E puede invertir una cantidad mínima en acciones.

La opción de elegir el fondo y la AFP son vitales y la decisión debe contar con la asesoría de un experto. De hecho, cada administradora argumenta que es la mejor en algo: accesibilidad, calidad de servicio, rentabilidad en fondo A del año, rentabilidad en fondo B del anterior, rentabilidad del fondo C desde el comienzo del sistema, los menores costos de administración, etcétera.

En síntesis, el sistema de reparto individual sólo atiende a un sector de la población, los de mayores ingresos y con empleo estable, debido, entre otros factores, a la exigencia de un número de cotizaciones para obtener la pensión mínima, sin embargo, de existir un marco jurídico adecuado, sumado a decisiones inteligentes, es posible pensionarse con mejores condiciones. Por ello, es clave la inclusión del Estado, contexto en el que puede ser considerado por algunos sectores como un héroe, debido a su capacidad de generar cohesión social y contribuir a la equidad.

* Miembro del staff académico del Informe Bimensual de Coyuntura Financiera, Universidad de Santiago. Colaborador del Grupo de Investigación EUMED de la Universidad de Málaga. Miembro del directorio de expertos del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Santiago. Miembro de Mensa Internacional.

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