Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352  

Economía de México

 

Evolución de la banca de desarrollo rural en México y su justificación teórica

 

Mtra. María Cristina Soto Ibáñez
mcristinasoto@gmail.com
Dr. Gregório Herrera Santiago
gherrera@aix.ver.ucc.mx
Dr. Arturo García Santillán
agarcias@aix.ver.ucc.mx
Universidad Cristóbal Colón A.C.

Resumen: Este documento muestra la cronología de acontecimientos que conforman la evolución de la banca de desarrollo rural en México. El sustento teórico esta basado en la Teoría de la Economía Social Solidaria, la que describe una nueva conceptualización de las formas de organización, en ella se pone de manifiesto la necesidad de redescubrir en el individuo su potencial creativo y productivo como detonante de su desarrollo personal en beneficio propio y de la comunidad en la que se desenvuelve.

Y finalmente, se describe la transformación que tuvo la banca de desarrollo con el cierre del Banrural y la creación de la Financiera Rural, esta última con su nueva forma de operación a través del capital semilla y el impulso a nuevas figuras asociativas como lo son: los Intermediarios Financieros Rurales y las Dispersoras de Crédito.

Palabras Clave: Financiamiento y Desarrollo, banca rural, Clasificación JEL: E50, R51

Abstract: This paper shows the chronologic events about the evolution of the Mexican rural bank. The theoretical framework is based in the theory of social solidary economics, it describes the new conceptualization about the organizational forms, it put in manifest the need of rediscover the creative and productive potential of the individual like a detonator of its own benefit on its personal growth and for the community in witch it develops.

And finally, it describes the transformation of the development bank before the closing of the Banrural and the creation of “Financiera Rural”, the last one whit a new form of operation through the seed capital and the impulse of new associative figures like: The Rural Financial Intermediaries and the Dispersers of Credit.

Keywords: Financing and Development, Rural Bank JEL Classification: E50, R51


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Soto Ibañez, Herrera Santiago y García Santillán: “Evolución de la banca de desarrollo rural en México
y su justificación teórica"
en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 89, 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/index.htm


Una de las principales limitantes del desarrollo del sector rural en nuestro país es la baja capacidad de ahorro y baja capitalización de las unidades de producción rural, motivo por el cual el crédito, hacia este sector, se ha venido considerando como un insumo más en su proceso productivo. Por lo anterior es que desde hace varias décadas el Gobierno Federal ha creado, diversas instituciones cuyos servicios se orientan a apoyar las actividades productivas de dicho sector y partiendo de la consideración que “La agricultura es una actividad primordial para el desarrollo de cualquier economía; de la producción agrícola de un país depende la autosuficiencia alimentaria del mismo, puesto que la primera necesidad que debe ser satisfecha es la de alimentación de la población”, Lacayo (1999).

Es necesario estudiar el devenir histórico del campo en México, a manera de poder comprender su situación actual, y cuáles han sido las tendencias, que a lo largo de los últimos años, han ido surgiendo y que a juicio de la autora han influido y/o determinado algunas de las decisiones que han dado como resultado la situación actual del sector en comento.

Cronología Durante el régimen de Venustiano Carranza se publicó la Ley Agraria del Gobierno en la Convención de Aguascalientes, el 25 de octubre de 1915 en Cuernavaca, estado de Morelos, en la que se autorizó al Ministerio de Agricultura y Colonización establecer el Banco Agrícola Mexicano. Es durante el mandato de Plutarco Elías Calles que se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, en cuyo artículo 5 figuraban los bancos agrícolas como una de los siete tipos de instituciones que prestarían sus servicios al público, un año después, el 25 de agosto, se promulgó la Ley del Banco de México, S.A. e inicia labores la Comisión Nacional Bancaria, quien a partir de su creación ha regulado las actividades bancarias del país.

El 10 de febrero de 1926 la Ley de Crédito Agrícola crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A. y la organización y funcionamiento de Sociedades Locales y Regionales de Crédito Agrícolas, con un fin económico y social. Dicho banco se estableció el 15 de marzo del mismo año con un capital social de $50’000,000.00 de pesos. Era un banco de depósito y otorgaba préstamos de avio, refaccionarios e inmobiliarios para fines agrícolas, dando así nacimiento al sistema de crédito agrario, Martínez (1997).

El 16 de marzo de 1926 se publica la Ley de Bancos Agrícolas Ejidales, y el 10 de abril se expide su reglamento, y se autoriza a la Secretaría de Agricultura y Fomento fundar estos bancos con los estados de la República, destinados a los ejidatarios organizados, con la misma finalidad que el Banco Nacional, estableciéndose en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla y Jalisco, con un capital inicial de $200,000.00 pesos cada uno, y de plena participación estatal, Martínez (1997).

Es hasta el régimen de Lázaro Cárdenas, cuando se logran poner en marcha programas agrícolas vigorosos y grandes obras públicas que trajeron como consecuencia crecimiento económico a largo plazo en nuestro país, es en este período en el que se crearon Nacional Financiera (1934), el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937), Villegas (2002).

Keynes.- En 1936 John Maynard Keynes, publica su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, en ella sostiene que los componentes de los ingresos nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del gobierno; que el nivel de consumo depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de los inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador de los ingresos y finalmente, la producción nacional se determina por la tecnología y los recursos productivos existentes en la economía y los salarios juegan un papel muy importante para la obtención de satisfactores de los trabajadores. Samuelson y William (1993).

Modelo de Sustitución de Importaciones.- Es a partir del año de 1940 -- señalado como el punto de partida del período que se conoce como "modelo de sustitución de importaciones" -- cuando la economía mexicana, se ve influida por estas teorías, y aunado a los efectos de la segunda guerra mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países europeos padecían los horrores de la segunda guerra mundial. El presidente Ávila Camacho (1940-1946) prometió indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana y estimuló la inversión extranjera en los ramos de la manufactura y el comercio.

Milagro Mexicano.- También el presidente Miguel Alemán (1946-1952) impulsó este modelo, controló fuertemente la importación de bienes de consumo, pero fue flexible con los bienes de capital; privilegió las importaciones de maquinaria agrícola y obras de irrigación financiadas por el Estado adquiridos con las ganancias logradas durante los años de guerra, se realizó investigación agrícola sobre tópicos relativos al mejor uso del suelo mejoramiento de técnicas de cultivo, lucha contra enfermedades de los cultivos y búsqueda de semillas de mejor rendimiento y calidad, Hewitt (citada en Lacayo 1999).

Los empresarios mexicanos de ese tiempo, fueron también causa del fortalecimiento de este modelo. Negociaron las paces con el Gobierno, aceptaron la necesidad de una reforma económica y social, y pensaron en una expansión de los mercados nacionales y extranjeros. Los beneficios se extendieron a toda la población, se le conoce como la época del "milagro mexicano" Reynolds (1973) Desarrollo Estabilizador.- En la década de los sesenta más del 50 por ciento de la inversión pública se destino a obras de infraestructura; siendo la tasa media de crecimiento de la producción agrícola durante el periodo de 1942 a 1964 de 4.5%, en contraposición a la tasa de crecimiento de la población que fue sólo de 3.1% Reyes (citado en Lacayo 1999). Por lo que a este período - de 1954 a principios de los setenta – se le conoce como del “desarrollo estabilizador” (desarrollista), porque la economía de nuestro país presentó altas tasas de crecimiento potencial, muy elevadas y prácticamente constantes. Durante esta etapa, el PIB potencial creció a un ritmo promedio de 6.2 por ciento anual. SHCP (2002).

Creación del Fira.- En 1954 fue fundado como Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) con el objetivo de incentivar la producción mediante créditos de avío. Para el año de 1966 se crea el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), ampliando la capacidad crediticia de la institución al ofertar créditos refaccionarios. En 1972 se incorpora el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), orientado a otorgar servicios de garantía a la banca privada para facilitar la realización de proyectos rurales, fortaleciendo el desarrollo tecnológico, la capacitación y la organización de los pequeños productores. El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) se incorpora en 1989 a los tres fondos anteriores con el objetivo de promover y financiar el desarrollo económico de las actividades pesqueras. Estos Fondos –FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA- se fusionaron para constituir los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, actualmente conocido como “FIRA”. Inca Rural (2004).

Crisis de la agricultura mexicana y déficit público.- La transferencia de recursos del campo a la industria, trajo como consecuencia la crisis de la agricultura mexicana, provocada en parte por la política económica general que buscaba la estabilidad de precios para reducir las demandas salariales de los trabajadores del sector industrial. En la medida en que se disminuyeron los apoyos otorgados al sector agropecuario y a la disminución de los precios mundiales de los productos agrícolas, la agricultura mexicana comenzó a mostrar síntomas de agotamiento, haciendo evidente la crisis en la que se encontraba inmersa, Lacayo (1999).

Para 1970 el déficit público ya se ubicaba alrededor de 3.0 por ciento del PIB, magnitud que hasta entonces no tenía precedente, al tiempo que el Estado no lograba financiar con ahorro público su gasto de inversión. SHCP (2002-2006). En los primeros años de esta década, la conducción de las políticas fiscal y monetaria dejó de ser congruente con la generación de un entorno de estabilidad y certidumbre. Entre 1973 y 1987 se observó un debilitamiento de la capacidad potencial de crecimiento de la economía y un aumento en la volatilidad de los ciclos. No obstante lo anterior, la expansión del gasto público no se moderó, situación que permitió por un tiempo mantener tasas de crecimiento anual de la economía en niveles artificialmente elevados.

Hacia finales de la década de los 80, se descubrieron importantes yacimientos petrolíferos lo que vino a fortalecer la tendencia de los dirigentes entonces en el poder a endeudar al país vía préstamos extranjeros, con los que se aumentó la inversión pública, tratando con esto de acelerar el crecimiento y el proteccionismo, todas ellas directrices diversas a las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) Lacayo (1996).

Surgimiento del Banrural.- Como resultado de la fusión de los Bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario, surge BANRURAL en 1975 con vocación de financiamiento a la producción primaria agropecuaria y forestal, con el fin de simplificar la política crediticia hacia el campo así como a sus actividades complementarias, para lo cual se constituye por un banco nacional y doce bancos regionales, bajo la figura de sociedades nacionales de crédito. Senado (2003).

Déficit en la cuenta corriente e Hiperinflación.- Entre 1978 y 1981 el déficit en la cuenta corriente se amplió de 2.4 a 6.1 por ciento del PIB. Como consecuencia directa el saldo en dólares de la deuda pública externa bruta se duplicó en ese mismo período, lo que aunado a un déficit público de 13.3 por ciento del PIB en 1981, colocaron al país en una posición de extrema vulnerabilidad ante cambios del entorno internacional, comprometiendo seriamente el desarrollo de la Nación. SHCP (2002).

La restricción del crédito y las tasas de interés elevadas que prevalecieron, provocaron durante la década de los 80, una disminución del crédito agrícola con graves consecuencias sobre la producción de este sector. Algunos autores, entre ellos Lacayo (1996), mencionan que la tasa de inflación alcanzó su nivel más elevado en 1987 (159.2%). Para sostener el crecimiento acelerado de la economía, el gobierno incrementó excesivamente tanto su tamaño como sus funciones pretendiendo ser el único motor del crecimiento. Esta situación acentuó la falta de competencia en muchos sectores de la economía y generó distorsiones lo que a su vez derivó en una asignación ineficiente de recursos y mermó la capacidad de producción potencial del país. La acumulación de desequilibrios y la fragilidad de las finanzas públicas se conjugaron con un ambiente económico externo desfavorable, limitando la capacidad de ajuste de la economía y profundizando los rezagos sociales existentes. Por una parte, en las economías industrializadas cayeron los niveles de ahorro, lo que provocó un fuerte incremento en las tasas de interés y por ende en el servicio de la deuda externa contratada en años anteriores, agudizando la debilidad financiera del gobierno mexicano.

La capacidad que tenia el gobierno para cumplir sus obligaciones se vio mermada por la caída en los precios internacionales del petróleo, el deterioro del déficit publico alcanzó límites sin precedentes y condujo al país a una crisis que tuvo consecuencias muy negativas sobre la actividad económica y el nivel de vida de la población. La crisis puso en evidencia los errores de las políticas implementadas en años anteriores y la necesidad de emprender reformas estructurales para lograr una recuperación económica duradera. SHCP (2002).

Modelo Neoliberal.- El modelo Neoliberal se detecta desde 1982 hasta el Presidente Zedillo, este modelo pretendió la reducción del tamaño del Estado dentro de la economía y la adopción de un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial, ambos elementos concebidos como indispensables para promover la competencia y eficiencia del aparato productivo nacional fueron parte de las reformas estructurales de mediano plazo que comenzó a implementar el estado mexicano que a partir de 1986 ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy denominado Organización Mundial de Comercio (OMC), iniciando así nuestro país un proceso de apertura comercial orientado a lograr su integración al nuevo orden mundial. SHCP (2002).

Incentivo al sector rural.- La Ley Orgánica del Sistema Banrural entró en vigor el 14 de enero de 1986 con la finalidad de impulsar el desarrollo social y económico del sector rural. El sistema Banrural estuvo integrado por un banco central, el Banco Nacional de Crédito Rural y doce regionales filiales del primero, coordinados por este, retomando las propuestas de las dos primeras leyes de crédito rural, que permearon toda la legislación hasta la fecha, para acercar el crédito al productor. Estos bancos surgieron como sociedades nacionales de crédito y banca de desarrollo; difiriendo así con otros intermediarios del crédito comercial o banca múltiple, ya que tienen naturaleza jurídica y estructura diferentes, lo que obedece al interés del Estado de promover financieramente al sector agropecuario y lograr su desarrollo. Se clasificó como banca de “primer piso”, por lo cual sus propias operaciones se verifican directamente con los acreditados finales del crédito del sector agropecuario que por ley tienen asignado, toda vez que “el segundo piso” estuvo reservada a la banca de desarrollo integrada en los fideicomisos o fondos públicos, que el gobierno federal instituyó para canalizar e inducir a que la banca comercial o privada opere créditos con los productores agropecuarios. Martínez (1997). En 1992 se promulgo la Ley Agraria, con lo que se estableció un régimen general de la propiedad plena ejidal y comunal, que se organizó en sociedades de todo tipo en coexistencia con la pequeña propiedad y la de sociedades civiles y mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, entre otras reformas substanciales. Martínez (1997).

En el período 1988 – 1994 el sistema financiero mexicano realizó cambios orientados a enaltecer el papel de la banca de desarrollo y los fondos de fomento en el desarrollo económico del país por lo que inició un proceso de modernización que permitió una mayor participación de los intermediarios bancarios y bursátiles en el financiamiento del desarrollo. La intermediación financiera por parte del sistema de fomento se incrementó sensiblemente a partir de 1992, contribuyendo a financiar la expansión del gasto agregado en la economía que redundó a la postre en importantes desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, obteniéndose pérdidas y costos significativos. La eliminación de restricciones en la asignación de créditos se tradujo en menores costos de intermediación y en la determinación de las tasas de interés por parte del mercado. Se privatizaron los bancos comerciales y se realizaron cambios que permitieron la liberación de recursos para el financiamiento de la actividad productiva y promovieron la creación de nuevos instrumentos y operaciones financieras.

La profundización financiera motivó una importante ampliación en la disponibilidad de crédito al sector privado que se dio bajo un incipiente sistema de supervisión financiera, lo que se reflejó en niveles de consumo superiores a los que se hubieran presentado ante la ausencia de estos recursos, o de haber existido un mejor sistema de supervisión y de control del sistema financiero. SHCP (2002). A finales de 1991 se legalizaron en México las sociedades de ahorro y préstamo, (Saps) conocidas como cajas de ahorro, que son la forma de asociación en la que pequeños comerciantes, profesionistas y cualquier persona tiene acceso al ahorro y al crédito, ya que tienen por objeto captar recursos exclusivamente de sus socios y colocar los préstamos entre ellos o en inversiones en beneficio de la mayoría que a su vez se canalizan a la economía mexicana. Aún cuando en nuestro país han existido desde la época de la colonia (finales del siglo XIX), pero es hasta fines del siglo XX que tuvieron forma jurídica. Por su tamaño, son más flexibles y rentables que un banco, con lo cual pueden pagar más al ahorrador y cobrar menos al deudor.

Las cajas populares, funcionaban en México como cooperativas o asociaciones civiles, con lo que quedaban fuera de la cobertura de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) Villegas (2002).

Desequilibrio económico.- La inadecuada intermediación del sistema financiero, y la creciente disponibilidad de flujos crecientes de ahorro externo se reflejaron en una expansión de la demanda persistentemente superior a la capacidad de producción potencial de la economía. Lo que aunado a la reducción en el ahorro público y el deterioro del sistema financiero colocaron nuevamente al país en una posición vulnerable. A lo largo de 1994 se presentó aumento en las tasas de interés en los mercados financieros internacionales, así como perturbaciones de índole política, lo que trajo como consecuencia que el gobierno enfrentara problemas para cumplir los compromisos adquiridos con el exterior, lo que provocó que la disponibilidad de recursos disminuyera en forma abrupta. A partir de 1995 diversas instituciones de banca de desarrollo se vieron obligadas a suscribir convenios de saneamiento financiero con el Gobierno Federal. Incluso algunas instituciones de fomento fueron liquidadas; propiciando que el financiamiento al sector privado y social, por parte del sistema financiero de fomento, en el periodo 1995 – 2000 fuera prácticamente inexistente.

Impulso a Intermediarios Financieros.- Para impulsar a los intermediarios financieros, en febrero de 1995 entraron en vigor modificaciones a la legislación financiera que permitieron incrementar la inversión extranjera en bancos, casas de bolsa y sociedades controladoras de grupos financieros. En junio de 1995 entró en operación el Programa de Fortalecimiento de Capital con Compra de Cartera, a través del cual el Gobierno Federal, por conducto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), adquirió de los bancos cartera de crédito debidamente calificada y provisionada, por un monto equivalente al doble de las adiciones de capital hechas por los accionistas a dichas instituciones. SHCP (2002).

El período 1995 - 2000 dejó evidencia de que México no contaba con un sistema financiero adecuadamente capitalizado, además de carecer de un entorno legal que promoviera el desempeño apropiado de las instituciones que lo conforman. Se emprendieron esfuerzos para fortalecer el ahorro público a través de la reducción del gasto y el aumento de la recaudación tributaria.

En el período 1997–1998, las autoridades continuaron concentrando sus esfuerzos para fortalecer las bases del sistema financiero y crear un marco legal que permitiera reducir las posibilidades de nuevas crisis sistémicas. En 1998 se expidió la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Esta Ley creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica, orientación jurídica y defensoría legal a los usuarios de servicios financieros del país. SHCP (2002). Con la finalidad de evitar fraudes, como los que hasta entonces se habían suscitado, es que surge la Nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.Villegas (2002).

Propuesta del Estado.- La limitada participación del sistema financiero en el financiamiento de la inversión productiva recrudeció las diferencias entre empresas grandes y pequeñas y entre aquellas enfocadas al mercado interno y al externo, las empresas grandes y exportadoras, al tener acceso a fuentes de recursos externos, han logrado obtener condiciones de financiamiento más favorables que las alcanzadas por las empresas pequeñas orientadas al mercado interno, las cuales se han visto obligadas a financiar su expansión mediante recursos propios y con crédito de proveedores y clientes. SHCP (2002).

La dificultad de las empresas para obtener recursos a través del sistema financiero nacional fue resultado también de la escasa disponibilidad de los mismos. En particular, el tamaño del sistema financiero mexicano, medido con el PIB, alcanzó en 2001 prácticamente el mismo nivel que tenía en 1994, ubicando al sistema financiero mexicano en un nivel de desarrollo bajo en comparación con estándares internacionales. El problema de falta de recursos para el financiamiento de la inversión privada se agudizó al tomar en cuenta que la mayor parte de los recursos disponibles en los mercados fueron absorbidos por el sector público.

De esta forma, el deficiente desarrollo del sistema financiero mexicano y la fuerte absorción de recursos por parte del sector público, se tradujeron en una cantidad limitada de recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de inversión privada. SHCP (2002). En este momento histórico el Estado no fue capaz de generar los recursos suficientes para hacer frente a su gasto de inversión, lo que aumentó la competencia por recursos financieros en la economía y se tradujo en un desplazamiento de la inversión privada. De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 2001-2006. En su apartado número 6, Área de crecimiento con calidad, se plasman antecedentes que justifican la propuesta de cambio de modelo económico, enlistando deficiencias estructurales y transiciones de la economía mexicana, en el apartado 6.3 establece una serie de objetivos rectores y estrategias encaminadas a lograr la solidez macroeconómica, delimitando el objetivo rector uno con estrategias contenidas en los siguientes incisos:“c]. Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero, d]. Impulsar una banca comercial sólida y eficiente, e]. Fortalecer a los intermediarios no bancarios y construir una cultura del seguro en México, f]. Crear la banca social, g]. Reactivar la banca de desarrollo.” PND (2000) En este último inciso, el Estado se comprometía a crear esquemas financieros para el sector rural que incluyeran criterios de conservación y que estimularan el desarrollo de actividades alternativas que promovieran la creación de un mayor valor agregado en el sector, integrando todos los esfuerzos y programas existentes, con el fin de optimizar su potencial de financiamiento y evitar la dispersión en sus objetivos de fomento, para lo cual las diferentes instituciones financieras de la administración pública federal deberían desarrollar acciones conjuntas para crear los incentivos requeridos por el sector rural mexicano, a fin de garantizar una oferta de financiamiento con tasas y condiciones accesibles y competitivas que permitiesen aprovechar el potencial de desarrollo rural.

Para lograr lo anterior el Estado implementó la estrategia contenida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (Pronafide) en la que contemplaba una reducción proporcional gradual de la absorción de recursos financieros por parte del sector público, de tal forma que una mayor fracción del flujo de ahorro financiero pudiera ser canalizada a proyectos productivos del sector público sin que esto se tradujera en una falta de cumplimiento de las obligaciones sociales y de los distintos programas responsabilidad del Estado. SHCP (2002).

Fundamentación Teórica

Es en este punto en el que es necesario reconocer la importancia de la Teoría de la Economía Solidaria como la que explica con un sentido pleno de actualidad los acontecimientos que se están vivenciando en el entorno latinoamericano. Como se puede constatar, a partir de la lectura de la breve reseña presentada en este documento, la visión corporativa del Estado mexicano comenzó a la mitad de los años treinta, cumpliendo éste un papel económico fun¬damental al dejar atrás las luchas intestinas que tanto daño hicieron a nuestro país en los albores de su surgimiento como nación independiente, logrando consolidar un proyecto coherente de crecimiento nacional, dándole la estabilidad macroeconómica que le permitió financiar una serie de acciones tendientes al desarrollo de la infraes¬tructura carretera, eléctrica y sanitaria; las vías de comunicación, el sistema educativo y el de salud. Una consecuencia lógica resultó el rápido crecimiento del sector paraestatal entre 1960 y 1980, trayendo aparejada una creciente ineficiencia agudizada con la política de sustitución de importaciones haciendo que las dificultades se tornaran cada vez mayores hasta que a principios de los años ochentas se tomó la decisión de transformar el gran aparato burocrático en el que para entonces se había convertido el Estado.

Pero según Bazdresch y Mayer (2006) ésta decisión, no se realizó con verdadera eficiencia, sino en forma apresurada y poco reflexionada, de tal manera que los resultados de la apertura en términos de creci¬miento, hasta la fecha no resultan evidentes. Lo que resulta evidente es el hecho “que en nuestro país existe una aguda conciencia de los tremendos impactos negativos que generan las crisis, especialmente sobre los sectores más pobres, Lustig (2000, citado por Bazdresch y Mayer 2006). A este respecto Bazdresch y Mayer (2006), consideran que en México existe una mala distribución de los ingresos, situación que puede ser analizada desde dos frentes: uno, el de la pobreza en la que se encuentra sumida la gran mayoría de la población y el otro el de la concentración de la riqueza en las clases altas.

Para Sen (1999, citado por Bazdresch y Mayer 2006), el desarrollo humano y la eliminación de la pobreza no son solamente objetivos pri¬mordiales del crecimiento, sino también complementos indispensables del desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo que para cualquier nación resulta prioritaria la inversión en las nuevas generaciones, para el logro de un crecimiento económico sostenido y a largo plazo. Afirmaciones con las que ahora coincide el Banco Mundial, ya que la experiencia de globalización vivida recientemente y liberalización en Latinoamérica, indican que mantener en un mínimo la acción estatal resulta en tasas de crecimiento realmente bajas, que profundizan el rezago de los países emergentes con respecto a los países desarrollados, y el desempleo se ha convertido en un problema generalizado de esta nuestra sociedad postmoderna, agravado por la carencia de un Estado benefactor y de efectivos planes de asistencia social que garanticen los medios de subsistencia para las personas que se encuentran en precaria situación económica, constituyéndose así en un aliciente para la creación y fortalecimiento de iniciativas organizacionales solidarias o cooperativas. Por lo anterior resulta procedente detallar los postulados de algunos exponentes de esta corriente de pensamiento, sin dejar de mencionar el antecedente inmediato, como lo fue la obra del canciller alemán padre de la teoría de la economía social de mercado Ludwig Erhard, que propició el llamado “milagro alemán” y la teoría de la Economía Solidaria creada por Luis Razeto Migliaro, las cuales dan fundamento al paradigma socio-económico-solidario.

Según Sánchez (2006), “Los conceptos de economía social (Europa) o Economía Solidaria (América Latina) se fortalecen lastimosamente bajo el paradigma de pobreza y marginación vinculada con el desempleo que afronta nuestras sociedades. En muy pocos casos son reconocidos como proyectos de vida que se erigen en propuestas de cambio a la forma de organizarse la sociedad post-industrial. Indudablemente esto genera nuevos retos entre ellos, construir una sociedad donde el trabajo asalariado no sea el medio principal de asegurar la subsistencia.” El desarrollo local genera, no solo actividad e inserción económica, sino inserción social, superando las situaciones de exclusión, todo esto hace necesaria la aplicación de la perspectiva del empoderamiento. La idea de empoderamiento aplicada al espacio del desarrollo socioeconómico es útil para comprender qué es lo que se precisa para cambiar la situación de las personas desfavorecidas. Saber, descubrir, aprovechar, y organizar los recursos aparentemente escasos que pueden poseer algunos grupos excluidos, puede constituir un valor añadido, ya que representan capacidades para activar y participar del desarrollo local. Reconocer los diversos elementos del proceso de desarrollo ha puesto en evidencia que es el desarrollo humano el promotor del desarrollo económico, y que este se debe, principalmente, a factores relacionados con la calidad y magnitud del cambio en las vidas de las personas.

Según Arruda (2004) “La Economía Solidaria, es una forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, comunicar, educar y desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y de vivir”. A este respecto Razeto (S/F), la define como: “La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad.”(Razeto S/F: págs.1-4).

En este mismo sentido, S.S. Juan Pablo II (1986) expresó en su discurso ante la CEPAL (Comisión Económica para América Latina): “La economía de la solidaridad es la gran esperanza para América Latina”.

Sin embargo: “Cambiar las estructuras del sistema actual a favor de las mayorías no se logra con programas unidimensionales (dar micro crédito o capacitar en oficios para "reciclar" los recursos humanos son dos fórmulas favoritas) sino con una estrategia consistente y apoyada con recursos importantes, que a su vez implican un cambio de la correlación de fuerzas entre las mayorías y las minorías sociales. Elementos, tecnológicos, económicos, políticos y culturales deben vincularse sinérgicamente para potenciar las iniciativas de los trabajadores orientándolas hacia la construcción de un sistema de economía como el propuesto. Y esto exige un estado democrático, participativo, penetrado de los valores y criterios derivados del objetivo de reproducción ampliada de la vida de todos”.( Coraggio, s/f).

Evolución Los resultados palpables de esta reestructuración que buscaba el Estado se pueden observar en el finiquito de la antigua banca de desarrollo Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C. (Banrural) y es así como el 26 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) la Ley Orgánica de la Financiera Rural, surgiendo con la misión de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, para elevar su productividad, mejorando el nivel de vida de su población. Con esto se buscó optimizar los costos de operación al reducir el aparato burocrático y capacitar tanto a los funcionarios como a las organizaciones de las cuales han surgido los Intermediarios Financieros Rurales y Dispersoras de Crédito que han logrado eficientar la colocación de recursos frescos entre los productores de la zona centro del estado de Veracruz.

“Para constituir esta Financiera Rural, el Gobierno Federal planea utilizar 20 mil millones de pesos que pertenecen a cerca de 10 millones de mexicanos. Estos recursos son parte de la pensión de trabajadores que no han reclamado su pensión del SAR 92. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) reveló que hay cerca de 34.6 millones de cuentas del SAR 92 de asalariados no identificados o de personas que ya fallecieron y sus beneficiarios no han reclamado (solicitado) el pago, o bien por errores de dedo no han podido cobrar su dinero. Los 20 mil millones de pesos no reclamados, ya se venían utilizando para financiar el gasto del gobierno, pero dado los ajustes que aprobó el Congreso, los recursos se convertirán en deuda contingente.

De este modo los asalariados que reclamen su dinero no quedarán desprotegidos, ya que la CONSAR destinará mil millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la creación de un fideicomiso que pueda cubrir parcialmente tales demandas y de superar la cifra reclamada, se cuenta con una partida especial previamente aprobada por el poder Legislativo. Lo que se desprende de este cuestionamiento es muy importante, ya que se estará dando un adecuado uso a estos recursos temporalmente disponibles para apoyar a un sector agropecuario con serias dificultades financieras”. (García Santillán, 2004: pág. 71).

Su esquema de operación es diferente a su antecesor Banrural, ya que mientras esté servia solo de intermediario en el descuento de cartera con otras instancias gubernamentales (Fira, Firco o Bancomext, entre otras), la Financiera Rural cuenta con un patrimonio propio que le fue otorgado, conocido como capital semilla, lo que la ha obligado a cuidarlo y acrecentarlo con la operación y manejo de proyectos que resulten rentables y que den como consecuencia la recuperación de la cartera de sus clientes, evitando así la generación de altos índices de cartera vencida, como era ya tradicional en los anteriores esquemas; constituyéndose en una entidad de carácter federal que brinda apoyo integral a sus acreditados para el logro de mejores oportunidades de desarrollo, y con esquemas de tasas de interés mas atractivas y accesibles, que les permitan el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La Financiera Rural tiene como visión: “Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.”

Esta Institución esta cumpliendo su cuarto año de operación, canalizando al campo mexicano recursos utilizando figuras asociativas como lo son las dispersoras de crédito y los intermediarios financieros rurales.

Fuentes de Consulta

Alianza Universitaria para el Desarrollo del Conocimiento en Microfinanzas Rurales en México. Consultado en junio 30, 2007, en http://www.cide.edu/cide-osu/mapasist/map05.html

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