Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Colombia

 

EL ESTADO EN LOS MONTES DE MARIA
(Un reto para las futuras generaciones)

 

Daniel Menco Rivera
daniel27co@yahoo.com

 

RESUMEN

Se pretende en el presente trabajo, mostrar las carcatristicas que presenta el Estado en los Montes de María (1) (departamentos de Sucre y Bolívar, republica de Colombia), en el cual se resalta la naturaleza mafiosa y politiquera de un Estado que ya no existe como tal y que se ha convertido en feudos de la politiquería local. Igualmente, se hace referencia a que el Estado Comunitario que se impulsa por el actual gobierno es una farsa más, para engañar a los ciudadanos colombianos, convirtiéndose en defensor de los intereses de los “patriarcas de la motosierra”, quienes ayer fueron victimarios de los desplazados, hoy vienen en calidad de patronos y empresarios invirtiendo en una especie de reciclaje de los dineros malditos, producto de la expoliación de ciudadanos indefensos y del saqueo indiscriminado del erario público.

Igualmente, se propone una reconstrucción del Estado desde nuevas miradas, eliminando las odiosas exclusiones sociales y fomentando una nueva cultura de lo estatal, basada en la concertación y las miradas conjuntas de ciudadanos libres, sector privado y funcionarios públicos, en el perspectiva de aplicar la política pública local al servicios del desarrollo y de la dignidad humana.

Palabras Claves: Desplazamiento, erario público, mafias politiqueras, Estado, proyecto político, ilegitimidad estatal, desconfianza, fosas comunes. reconstrucción del Estado, liderazgo activo, capital multinacional, megaproyectos.
 


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Menco Rivera, D.: “El estado en los Montes de Maria" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 113, 2009. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/



En los Montes de María y en Colombia, el Estado se rompió y ha dejado de existir desde hace mucho tiempo; solamente quedan las cenizas de lo que fue un proyecto político de estado. Este no es más que una mafia oprobiosa o roscas politiqueras amamantadas con los néctares y beneficios que produce el erario público, del que han vivido toda la vida.

La feria de los contratos es tan notoria y la corrupción se encuentra tan campante que el gobernador Joaco Berrio en el Consejo comunal de Magangue, el pasado 9 de Marzo, dijo “Es cierto que ha habido mucha negligencia de las administraciones anteriores, pero lo más preocupante es la ligereza y la rapidez con la que actúan los jueces. Estoy pisando unos callos muy duros y me estoy enfrentando a una mafia de contratistas", dijo el gobernador Berrío a SEMANA. No se equivoca. Versiones muy extendidas en Cartagena dicen que en una lujosa casa de Castillo grande se negociaban los contratos al 50 y el 60 por ciento de su valor (2).

También es notorio, la complicidad de la rama judicial en el contubernio del saqueo indiscriminado del erario público en los dos sectores que mayor cantidad de dineros mueven: salud y educación.

Para reafirmar esta hipótesis miremos lo que afirma la Corporación Arco Iris “El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de representación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial de las AUC. Esta situación fue particularmente grave en el Meta, Magdalena, Sucre y Cesar, por citar algunos departamentos, y señala la dimensión de ese entramado social que apoyó a las AUC, el cual incluyó sectores económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotráfico desestabilizaron la débil democracia y el endeble Estado de derecho que la Constitución de 1991 había ofrecido como una posibilidad en diferentes regiones” (3).

Fue, sin lugar a dudas todo el establecimiento gubernamental, detrás de un proyecto político debidamente concertado y planificado para tomar toda la república y avanzar hacia la conformación del “estado comunitario” que hoy miramos implementándose en todos los rincones del país, con sus consejos comunales dirigidos personalmente por nuestro presidente.

El nuevo enemigo es un monstruo de dos cabezas: tiene la ambición desmedida de los mafiosos, y la crueldad sin límites de los paras. Su rastro de sangre se siente en varias zonas del país donde están dispuestos a matar a quien sea con tal de mantener el control del territorio y las rutas. Tienen desde ejércitos hasta oficinas de cobro. Corrompen lo que esté a su paso, desde policías y soldados, hasta políticos y fiscales. Quieren convertirse en un proyecto nacional y poner en jaque a las autoridades (4). Con estas frases, los analistas de Semana, anuncian nuevas acciones de mafiosos y paramilitares en la región y en toda Colombia.

En el imaginario colectivo comunitario, montemariano la representación que existe sobre el Estado, no es otra cosa que un aparato burocrático sin legitimidad alguna, que no representa los intereses de las calases pobres del territorio (5), y que las clases poderosas lo han convertido en unos clústeres de la corrupción y feudos politiqueros, en donde se mantiene el liderazgo de la clientela, que en las elecciones sale a defender el estado de cosas legitimando el triunfo de los caciques.

La llamada democracia es de fachada y solo existe en el papel y en el discurso engañoso de los politiqueros y mafiosos, cuando en épocas electorales, quieren obtener el favor de los ciudadanos para hacerse elegir, con lo que se han perpetuado en el poder, generando desconfianza y mayor ilegitimidad.

Grandes sumas de dinero, circulan en los días previos a los carnavales electorales y fanfarronas en que se han convertido las elecciones de funcionarios a las corporaciones públicas, sumas que salen del mismo erario estatal en una especie de reciclaje maldito de los dineros públicos. Maldito porque con esos mimos dineros que se sustraen al gasto para la salud, educación, vivienda y otros, se profundiza la muerte, la ignorancia y la desprotección de la ciudadanía pobre de ese territorio.

Con esos dineros se descuartizó, se hizo sancocho para cerdos (6) y se alimentaron caimanes con muchísimos ciudadanos de los Montes de María, que ya no podrán contarlo, en las noches interminables de la muerte y quienes se encuentran en fosas comunes en San Onofre y otros municipios de la subregión.

Un Estado vuelto trizas, parcelado por las mafias politiqueras que lo colocan a su servicio, no puede cumplir su papel de líder del desarrollo local y regional y no podrá mantener su papel rector de la sociedad montemariana, por lo que sus intereses no son los de la mayoría de la población, sino la de unos cuantos “patriarcas de la motosierra” que se enriquecen continuamente mientras el pueblo sufre sus carencias y la desesperación interminables.

De esta manera, el Estado en los Montes de María hay que repensarlo o mejor reconstruirlo completamente desde sus cimientos, bajo un nuevo liderazgo político y comunitario que sea capaz de orientar las acciones urgentes de desarrollo que necesitamos en el territorio. Un liderazgo de nuevo tipo, transformador, juvenil y activo, emerge desde los espacios sociales que se reconstruyen en el marco del programa de Paz y Desarrollo y de la intervención de otras agencia de la cooperación internacional; ese liderazgo, impactará muy positivamente en el cambio de las costumbres políticas que se requieren en Montes de María, para abrir caminos de paz y convivencia restauradoras.

El llamado “Estado comunitario”, no es más que otro engaño con la finalidad de perpetuar el saqueo por las mismas mafias oprobiosas en los distintos municipios, con algunas excepciones por supuesto. Para la muestra un botón: el predio Carimagua en el sur de Colombia, cuyo propósito inicial era entregarlo a familias desplazadas, el “Estado Comunitario”, lo entregó realmente a los “patriarcas de la motosierra” o productores de palma para que continúen desplazando campesinos como ha pasado en el Chocó (7), Magdalena Medio, Maria la Baja, el Cesar ect. Esta es indudablemente, la retribución que el estado comunitario le hace a las empresas productoras de aceite de palma que aportaron 106 millones de pesos a la campaña del candidato Uribe Vélez en su reelección presidencial (8).

Este Estado comunitario, es un embeleco engañoso con el cual se pretende embaucar a los campesinos y familias desplazadas y vulnerables en Colombia, continuando con la política de entrega de los recursos a los grupos poderosos y a las multinacionales de otros países. Con estas acciones, lo que tenemos es un retorno del capital reciclado por paramilitares y corruptos en los mismos bancos colombianos y del exterior, para invertir en las tierras, que por la fuerza se apoderaron en la oscura década pasada.

Hoy viene disfrazado ese capital de la muerte, bajo el alcohol carburante, biodissel, palma africana, caña de azúcar, petroleo, banano, carbón con lo cual se pretende hacer desarrollo, usando un lenguaje que entusiasma y cautiva a las multitudes con una falsa generación de empleo y oportunidades para jóvenes y mujeres, pero que realmente vine envenenado con la intencionalidad de expoliar de una mejor forma nuestros recursos naturales (9) y humanos.

Más aún, se acaricia la idea de convertir a los Montes de María en un gran clauster proletario, al servicio del gran capital multinacional, en la medida en que se plantea una reconversión laboral en el territorio. Esta reconversión se plantearía en convertir la masa campesina trabajadora en asalariados directos e indirectos de los megaproyectos agroindustriales ligados a los agrocombustibles.

Planteadas las cosas así, estas acciones conllevarían a un nuevo desajuste del tejido social comunitario en el territorio y al cambio abrupto de las costumbres campesinas, asunto que todavía no tenemos la más mínima idea de sus funestas consecuencias para la sociedad montemariana.

Hay quienes aseguran que la política del ministerio de agricultura y desarrollo Rural, lo que está materializando es la continuidad del proyecto de nación concebido en el “Pacto de Ralito”(10) en donde se refundo la República y que la entrega de tierras a los agricultores palmeros (caso de Carimagua) y reinsertados de las AUC (11), en los megaproyectos agroindustriales palmeros, no son otra cosa que los instrumentos gubernamentales para afianzar el proyecto paramilitar y dar continuidad a dicho pacto.

Esta concepción de Estado que se vine impulsando desde el gobierno, es la que reconoce que somos un país rico, pero pobre a la vez y bajo estos conceptos se alimenta en la conciencia popular, nuestra condición de inferioridad frente a los europeos y norteamericanos, razón por la cual siempre debemos estar dispuestos a producir materias primas para los grandes centros industriales que le agregan valor y después las devuelven convertidas en mercancías a nuestros territorios, generando jugosas ganancias para el capital multinacional.

Pero además, es un mal mensaje que se envía al país y a la comunidad internacional, con el cual se deja claramente establecido que para la administración nacional, no importan los desplazados, ni su condición de pobreza y vulnerabilidad y que para el Estado colombiano, es más importante el victimario que la victima. Por supuesto, ahora los mismos que obligaron, bajo amenaza de muerte, a los campesinos a venderle baratas sus tierras, vienen en calidad de patronos, en los megaproyectos palmeros, cañeros y madereros; cambiaron de rol; de guerreros de la muerte, amenazadores de campesinos, descuartizadores, usurpadores de tierras y desplazadores a flameantes empresarios, inversionistas encorbatados, miembros de grupos financieros y banqueros amazadores de inmensas fortunas para continuar amasando la riqueza que en forma ilegal obtuvieron.

Además, este hecho, es una clara violación del Estado de derecho, por lo establecido en las Sentencias de la Corte Constitucional T-025 de 2004 y Auto Nº 176 del 29 de agosto de 2005, en el cual se orden al Ministerio de Hacienda y al Departamento nacional de Planeación cumplir con el fallo de la Corte en dicha sentencia. Estos son los hechos por los que los habitantes de los Montes de María, manifiestan que dicho Estado no los representa y no creen en este Estado comunitario ya que dicen una cosa y hace lo contrario (12).

Más aún, con la posición del Ministerio de Agricultura, al calificar a los desplazados por el conflicto armado como personas incapaces e indignos de cultivar las tierras de Carimagua, se reafirma con mayor claridad que este gobierno no es amigo de los desplazados y familias vulnerable y que en cambio, concede toda clase de subsidios y privilegios a los productores, especialmente cuando son los cultivadores de la palama africana y de la caña de azúcar (13).

Ese capital viene como inversiones o proyectos de “enclave” cuyo fin es el de amasar grandes ganancias, llevarlas a los bancos del exterior, en donde se encuentran más seguras, dejando solamente las migajas que le pagan a los trabajadores y trabajadoras como bajos salarios.

Desde esta mirada, se trata de moldear e ir construyendo un imaginario colectivo en los Montes de María, que tome como insumos necesarios el profundo desorden de la finanzas municipales y regionales, las fuertes aspiraciones de participación activa comunitaria en los procesos sociopolíticos locales, el poner en perspectiva real la diversidad y disparidades regionales, fruto del proceso de descentralización, la incansable búsqueda de la legitimidad no solo a través de sus formas democráticas sino también de cumplir con lo expuesto en los distintos programas de gobierno locales inscritos en las campañas electorales. Esto debe desembocar en la ceración de una nueva cultura política local y regional que propicie y de formas alternativas a nuevas y mejores relaciones entre el estado y la sociedad; que facilite construir desde los imaginarios locales un autentico sentido de identidad de los pueblos que habitan el territorio.

Esto también nos debe llevar a construir colectivamente un alto sentido de pertenencia comunidad-Estado local, para lo cual no deben existir las odiosas exclusiones de personas u organizaciones por consideraciones de carácter étnico, políticas, sociales y económicas. La creación de esta nueva cultura y una nueva forma de ver al Estado local, se ha de convertir en el gran desafío para las actuales y futuras generaciones de jóvenes de los Montes de María y se debería impulsar desde, las escuelas, colegios, universidades, instituciones, organizaciones y personas.

BIBLIOGRAFÍA

1. EL PACTO DE RALITO. Wikipedia. 2008

2. Web: SALVATORE MANCUSO.COM

3. www.codhes.org.co

4. El TIEMPO, 2007

5. PNUD. Diagnóstico Socioeconómico de los Montes de María. 2005

6. FEDEPLAMA. 2006

7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2008

8. Agencia Prensa Rural. 2007

9. Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María. 2007

10. Gobernación del Deparatemento de Sucre. 2008

11. Gobernación del Departamento de Bolívar. 2008

12. GBIERNO EN LINEA. Casa de Nariño, Bogotá, 2008

13.El Universal, Cartagena Colombia. 2007

14. Revista Semana. Marzo 2008

NOTAS

1. Los Montes de Maria es una región comprendida entre los dos departamentos de Bolívar y Sucre al norte de la república de Colombia; la integran 15 municipios: 7 de Bolívar y 8 de Sucre, los de Sucre son: San Onofre, Chalán, Colosó, Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, Morroa y Ovejas. Los de Bolívar son: Maria la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba (Tetón). Su población es de aproximadamente 332 mil habitantes en su mayoría campesinos, con muy precario nivel educacional y con altos nivels de pobreza y exclusión social.

2. Revista Semana. Edición OnLine, Marzo 2008

3. Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos: Revista Semana, Edición OnLine, Marzo 2008.

4. Revista Semana. Edición OnLine, Marzo 2008

5. De allí que el mayor problema en la construcción de esa visión, sea la no existencia de una educación para lo público, para la participación, para el ejercicio de la autonomía que han generado la falta de acuerdos en el diseño de las políticas de estado, en los modelos de gestión y en los estilos de gobierno conllevando a una concentración de poder tal, que el estado es considerado no asunto o propiedad de todos sino de unos pocos que lo ven como un premio en si mismo y más recientemente en una fuente de enriquecimiento. Tomado de: (Artículo Mesa Temática Gubernamental)

El Liberal

Domingo 23 de Septiembre de 2001

Opinión. Página 5 A. Editorial

6. Se comenta en el Municipio de San Antonio de Palmito, que los paramilitares después de descuartizar los cuerpos de sus víctimas, sancochaban (cocinar con agua y sal) los restos y posteriormente se los servían a los cerdos para engordarlos.

7. El lunes 12 de septiembre se convocó a una reunión en el kilómetro 10, área en la que se ubica la propiedad de la Señora TERESA CASTAÑO, donde los paramilitares suelen convocar a reuniones a los pobladores civiles. La reunión convocada en el marco de Plan Colombia contó con la promoción de la misma por “civiles” armados de la estrategia paramilitar en la zona rural y empresarios palmicultores con la finalidad de arreglar los problemas de la tierra y definir los mecanismos de participación en los proyectos agroindustriales.

Mientras avanza la apropiación de facto por empresarios palmicultores con la protección de un contingente de la Brigada 17, desde el domingo 11 de septiembre se movilizaron desde Bajirá a través de las plantaciones de palma en el Curvaradó, cerca de 500 efectivos regulares en dirección a las Zonas Humanitarias de las Comunidades del Jiguamiandó y familias de Curvaradó. El martes 13 de septiembre en horas de la tarde ingresaron a las Zona Humanitaria efectivos militares violando durante cerca de 40 minutos el espacio exclusivo de la población civil. En desarrollo de la presencia militar un poblador fue intimidado y amenazado. En el entorno del Jiguamiandó se reportó la presencia de miembros de la guerrilla de las FARC EP entre el viernes 9 y el lunes 12 de septiembre de 2005.

8. Centro de Medios Independientes. Feb. 07, 2008

9. Con aliados tan poderosos, las empresas palmicultoras que están usurpando los territorio de las comunidades negras siguen haciendo de las suyas. En abril del año pasado las 14.881 hectáreas que según el INCODER estaban siendo ocupadas de manera ilegal por las empresas Urapalma, Palmas S.A., Palmas de Curbaradó, Inversiones Fregni Ochoa y La Tukeka, se convirtieron en octubre, como por arte de magia, en propiedades del capital privado. Tras estudiar 131 predios de los 732 que los palmicultores pretendían de su propiedad, el INCODER determinó sustraer 10.162 hectáreas de los títulos colectivos de las comunidades negra.

10.El Pacto de Ralito, es el nombre con el que se le conoce al pacto secreto, firmado en el año 2001 entre jefes de grupos paramilitares colombianos y más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para un proyecto político que prometía "refundar al país". La revelación de la existencia del documento constituyó uno de episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la parapolítica.

El acuerdo se firmó en secreto, por fuera del marco legal de un proceso de paz y sin el conocimiento expreso del gobierno de Andrés Pastrana, siendo ilegal.

Su existencia fue destapada años después (noviembre de 2006) por el político Miguel de la Espriella, quien se abstuvo de señalar a los que junto con él firmaron tal acuerdo. El texto del documento se dio a conocer en enero de 2007.

11.Al parecer, estos proyec¬tos se basan en el estudio “elaborado y coordi¬nado por Juan B. Pérez Rubiano, asesor externo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En él, se involucra a la empresa privada, los des¬movilizados y los desplazados por la violencia. El estudio de 57 páginas, que ya empezó a mate¬rializarse en algunas zonas del país y adecuarse para futuras desmovilizaciones, parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se han presentado desmovilizacio¬nes masivas”15. Según el mismo artículo, para la zona del Urabá se plantea un proyecto de 1000 hectáreas de palma africana, a los que se incen¬tivaría con $ 7,5 millones por hectárea.

El grupo armado ilegal que tiene control en la zona palmera de Curbaradó es el Bloque Él¬mer Cárdenas, que aunque está integrado en las AUC, no hace parte de las actuales negociacio¬nes con el Estado para la desmovilización. Este Bloque ya hizo su propia propuesta, denominada PASO16, en la que proponen la desmovilización e integración de sus combatientes en proyectos agroindustriales: tomado de: CULTIVO DE LA PALMA AFRICANA EN EL CHOCO. Human Rights. Marzo 17 de 2005

12.Entrevistas a habitantes de los Montes de María, Marzo 2008

13.En los Montes de María, se están sembrando 30 mil hectáreas de caña de azúcar para la producción de etanol( 15 mil en Maria la Baja y 15 mil en San Onofre), además de las más de 4.000 hectáreas que existen de palma africana en el primer municipio. Esto significa que las 18 mil hectáreas potencialmente beneficiadas con riego que tiene el municipio de María la Baja, quedaran totalmente copadas por estos megaproyectos de enclave.


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