Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Bolivia

 

 

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 

Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra (CV)
ricardotito39@hotmail.com

 

Las movilizaciones dirigidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y protagonizadas por las juntas vecinales, gremiales, pequeños productores, estudiantes, sindicatos y otros sectores de la población eran multitudinarias, particularmente en las ciudades del Alto y La Paz, en Octubre del año 2003.

Treinta y tres años (1952–1985) de presión efectuada por conseguir mejores condiciones de vida; vencer el atraso y la pobreza; la creación de fuentes de trabajo y sueldos y salarios justos; industrializar y diversificar la economía; el respeto a las libertades democráticas, los derechos humanos y la defensa de las conquistas alcanzadas con la revolución de Abril; por medio de Huelgas, bloqueos de caminos y movilizaciones realizadas por los sindicatos mineros, campesinos, gremiales, periodista; intelectuales, militares, curas progresistas; y sangrientos enfrentamientos en los periodos de dictaduras. Y dieciocho años de resistencia a gobiernos (1985-2003) que aplicaron el DS 21060 (en plena vigencia) que contiene la política neoliberal, elaborada por la social democracia europea e impuesta por el FMI, BM y las transnacionales ligadas al capital financiero crearon las condiciones para la movilización insurgente del pueblo que culminó con la aprobación de la Agenda de Octubre (programa mínimo de ejecución) y la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Carlos Mesa Gisbert (2003–2005), ungido como primer mandatario, no comprendió la profundidad del proceso anticapitalista, expresada en la insurgencia popular encubada en casi 61 años de lucha por mejores condiciones de vida y la industrialización de los recursos naturales, y trató de mantener la política del capitalismo salvaje que provocó su renuncia (2005).
    


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Tito Atahuichi Salvatierra, R. “Las reformas constitucionales y los movimientos sociales" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 121, octubre 2009. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/



Al no existir una dirección (déficit histórico de la revolución boliviana) que profundice y conduzca el proceso revolucionario a la liberación nacional fue adoptada una decisión concertada, entre el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) y los partidos neoliberales, expresada en la convocatoria a elecciones que constituyó el tapón de contención al proceso antiimperialista, que culminó con el triunfo electoral del MAS-IPSP que capitalizó el descontento de la población al comprometerse (en el discurso) a cumplir el programa contenido en la Agenda de Octubre consistente en la nacionalización de los hidrocarburos, abrogación del DS 21060, recuperación de las empresas capitalizadas, industrialización del gas, etc. La política aplicada por Víctor Paz (1985) y continuada por los gobiernos posteriores, había sido derrotada.

Miles de esperanzas fueron depositadas en el voto que dio el triunfo al MAS-IPSP, que en gran parte lo perdió porque una vez en el gobierno adecuo su política aplicada a la neoliberal; compró las acciones de propiedad de las empresas transnacionales (2,3 o más) que sumadas a las de propiedad del pueblo, producto de la capitalización, alcanzaron hasta el 51% del total de acciones en algunas empresas hecho comercial que fue presentado como la “nacionalización de los hidrocarburos”; y desarrolló una política indigenista que riesga la integridad de la Nación boliviana (dividida en 36 “naciones” inexistentes) y debilita la solidez del Estado liberal en vez de consolidarlo con una política económica que promueva y estimule el desarrollo industrial y la diversificación económica como forma de alcanzar la soberanía y la integración nacional, incluidos los grupos étnicos, de la Nación boliviana.

El MAS IPSP surge y se presenta (2005) como una alianza de organizaciones diversas (sindicatos, juntas vecinales, organizaciones indígenas, etc.) formales e informales. Se define como el gobierno de los movimientos sociales, particularmente indigenistas, con el fin de mejorar las condiciones de vida sobreponiendo los intereses colectivos a los individuales y sectoriales. Sostiene que el sistema apoyado en los partidos políticos fracasó razón porque los movimientos sociales, en los que prima la informalidad, deben sustituirlos lo mismo que a las clases sociales, organizaciones sindicales formales como la COB, FSTMB, etc. y constituir un “partido-nación” (sic) único que sustente el Estado plurinacional conformado por 36 “naciones”. Ignorando la función de los partidos, la lucha de clases y que el Estado democrático es parte del sistema capitalista situación que si no la corrige lo conducirá a su fracaso.


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