Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Bolivia

 

 

LA CONSTITUCIÓN APROBADA Y LOS PROBLEMAS NACIONALES

 

Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra (CV)
ricardotito39@hotmail.com

 

El gobierno, a través del referéndum, no logro su objetivo consistente en alcanzar los dos tercios de votos (67 %) del total de la población electoral razón por la que no tiene la potestad ni la fuerza social y política necesaria para promulgar y aplicar democráticamente la nueva Constitución. Y si lo hiciera cometería un error político de repercusiones negativas contra la unidad de la Nación boliviana y su integridad territorial porque:

a) Infringiría los principios fundamentales en los que se sustenta la ideología y el derecho liberal, respecto a la forma de concebir, crear, fundar o refundar el Estado democrático que se efectiviza, únicamente, por la voluntad del soberano; que es incuestionable cuando alcanza los 2/3 de votos del total de la población electoral.

b) Y afectaría los intereses de la clase social que detenta el poder económico provocando su reacción en defensa del Estado liberal, sus privilegios y el dominio de los órganos de poder que posee incluso dividiendo el Estado, que pretende la burguesía neoliberal ligada a las ONGs, las transnacionales y al capital financiero razón por la que, la oligarquía cruceña, propone el Estado Confederado como forma de alcanzar la autonomía plena.
 

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Tito Atahuichi Salvatierra, R. “La constitución aprobada y los problemas nacionales" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 109, febrero 2009. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/

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Por otro lado imponer una Constitución, sin respetar el requisito de los 2/3 de votos del total de la población electoral, para refundar un Estado significa tomar el poder a partir del gobierno rebasando el marco democrático y la voluntad del soberano que se expresa en el voto.

El derecho moderno, como un resultado emergente de la ideología liberal contenida en la “Enciclopedia” (1751), elaborada por los representantes de la burguesía (C. Montesquieu - 1689, D. Diderot.- 1713, etc.), y aplicada en el sistema capitalista, establece que una ley y mas si se trata de aprobar una Constitución incuestionable tiene que cumplir con el requisito ineludible de alcanzar los 2/3 del total de los votos emitidos por los electores de un Estado en favor de la Constitución Política consultada, que significa, cumplir con los principios de la legalidad y la legitimidad en relación a la forma de concebir y fundar el Estado democrático.

La Constitución Política, al ser la fuente de donde emanan las normas que definen la existencia de un ordenamiento jurídico y la que establece la estructura, funcionamiento y organización del Estado democrático para no ser cuestionada u observada, tiene que cumplir con los principios establecidos por la ideología liberal respecto al derecho.

En un Estado liberal el pueblo es el que posee el poder soberano, absoluto e inalienable. Su voluntad se expresa en el voto que define la existencia del Estado democrático. La legalidad y la legitimidad nace de su voluntad y la condición para alcanzar esos principios es que las dos terceras partes de la población electoral del Estado lo apruebe.

Finalmente, mientras el gobierno discute el problema de la refundación del Estado el atraso y la pobreza se manifiesta en el dengue hemorrágico.

La diversificación económica y el desarrollo industrial, como forma de encarar el problema del atraso y la pobreza, no fue estimulada por los gobiernos de turno por medio de una política económica nacionalista de Estado aplicada permanentemente en el proceso de consolidación de la Nación boliviana. Ni con la revolución de 1952, se logro aplicar, permanentemente, una política nacionalista de Estado; no obstante la presión del movimiento obrero y del pueblo insurgente que luchó por ese objetivo. A consecuencia de la ejecución de una política económica pro-imperialista, aplicada por el MNR, que contuvo el proceso nacionalista revolucionario y logró su interrupción en 1985 por medio del D.S. 21060 que fundamentó las leyes y el modelo neoliberal. Ocurriendo, bajo otras circunstancia y tiempo histórico distinto, una situación similar, con el gobierno del MAS –IPSP que se aparta de la Agenda de Octubre y aplica la política económica neoliberal, asistencialista y de simple producción y exportación de recursos naturales; mientras la población lucha por hacer efectiva la diversificación económica y el desarrollo industrial, como necesidad imperiosa para vencer el atraso, la pobreza y fortalecer el Estado.

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