Observatorio de la Economía Latinoamericana


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN 1696-8352

Economía de Argentina

PENSANDO LA ARGENTINA DEL PASADO: BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL PROGRAMA ECONÓMICO DE LA DICTADURA MILITAR DE 1976-1983

Fernando H. Laveglia (CV)
lavegliaf@hotmail.com

Resumen

Con el golpe militar del año 1976 se inicia en Argentina el período más oscuro del Siglo XX. Las consecuencias de ello han sido muchísimas en absolutamente todos los órdenes de la vida social, económica, política de nuestro país.

El presente artículo trata de un intervalo de tiempo específico de ese período y de los programas económicos que en ese momento se llevaron a cabo por el entonces ideólogo de los mismos. El intervalo es entre 1976 y 1980, el ideólogo, el Ministro de Economía designado por el gobierno de facto, el Dr. Alfredo Martínez de Hoz.

El objetivo declarado de dichos programas económicos fue la lucha contra la inflación. La identificación de la causa de la constante expansión de los precios fue el abultado déficit fiscal de los gobiernos anteriores. Es así como se lleva adelante, casi pudiéndose identificar como un ensayo en nuestro país, las teorías económicas que ya estaban consolidándose en los países más avanzados, como Estados Unidos e Inglaterra, basadas principalmente en la teoría monetarista de la Escuela de Chicago y cuyo principal exponente fue el Premio Nobel de Economía, precisamente en ese año de 1976, Milton Friedman.

Palabras claves: Inflación; déficit presupuestario; mercado cambiario; apertura económica; política económica.

Summary

With the military coup of 1976, Argentina enters the darkest period of the 20th century.The consequences had a great impact in the social, economic, and political life of our country.

This article deals with a specific period of time during which economic programs were carried out by the ideological driving force of the time.This specific period was between 1976 and 1980, and the ideologue was Dr. Alfredo Martínez de Hoz, the Minister of Economy appointed by the then government in power.

The stated objective of these economic programs was the fight against inflation. The cause of the constant increase of prices was attributed to the big fiscal deficit of previous governments. Based on this premise, economic theories were implemented in our country, almost as if on a trial basis. These economic theories were already established in the most advanced countries, like the United States and England, based primarily in the monetarist theory of the School of Chicago whose main proponent was Milton Friedman, the 1976 Nobel Prize Laureate of Economics.

Keywords: inflation; budget deficit; foreign exchange market; economic openness; economic policy.


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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
H. Laveglia : "Pensando la Argentina del pasado: breve explicación de los primeros años del programa económico de la dictadura militar de 1976-1983" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 162 febrero 2012. Accesible a texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/


En oportunidad de trabajar en un escrito acerca de la Argentina de hoy en relación al proceso inflacionario y las nuevas medidas de política cambiaria, surgió la imagen acerca de los mecanismos que empleó el gobierno de facto como instrumento de política antiinflacionaria en los años más duros de la historia argentina. Sin pretender hacer una comparación taxativa, obviamente por múltiples razones que creo innecesario exponer aquí, me pareció interesante recordar cuales fueron en aquel momento esos mecanismos. Esa pequeña investigación me llevó a comprobar que si bien se ha explicado de muchas maneras ese período, no me parece que lo fuera de una manera relativamente exhaustiva. Recordé que tenía un archivo personal de aquel período y escritos sueltos que debo confesar fueron los primeros a partir de, en ese momento, mi reciente graduación. Por lo tanto el actual documento tampoco satisface la concreción de un análisis profundamente exhaustivo, pero se centra, específicamente, acerca de la economía y el plan que se llevó adelante entre 1976 y 1980, período en el cual fue Ministro de Economía el Dr. Martínez de Hoz.

El esquema de política económica del Gobierno militar a través de su Ministro de Economía –Dr. A. Martínez de Hoz- estaba centrado fundamentalmente en bajar la tasa de inflación. Obviamente que para luchar con ella era necesario previamente, definir las causas que la motivaron; en ese sentido, se tenía la seguridad de que la inflación tenía su causa fundamental, por el déficit del Sector Público. Es así, como se dice que frente a la inflación galopante es menester lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable como base para la expansión y modernización del aparato productivo; esto garantizaría: 1) incremento no inflacionario de la economía y 2) aceleración de la tasa de crecimiento económico.

Al mismo tiempo se anuncia que la política a implementarse no será de “shock”, pues sería imposible de hacerse sin un alto grado de daño social; se aplicará, entonces, una política gradualista sensible, siendo los objetivos que se perseguirían, los siguientes:

  1. Reducción del déficit fiscal.
  2. Aumento de los recursos presupuestarios.
  3. Incremento de la inversión productiva del país.

Asimismo, se señaló como objetivo general el pasar de una economía de especulación a una de producción.

Ahora bien, no debe olvidarse que siempre impera como objetivo fundamental el reducir la tasa de inflación y para lograr dicho objetivo los esquemas de política económica fueron oscilando a través del tiempo en forma pendular, pudiéndose decir que existieron cuatro distintos programas bajo un mismo ministro de economía. O sea, a pesar de que se señalaba el carácter estable de los objetivos de la política económica por parte de la autoridad económica, se observa a lo largo de la aplicación concreta un desenvolvimiento pendular que ha gravitado adversamente sobre su eficacia operativa.

Es así como los criterios inicialmente adoptados dieron como variable de ajuste relevante el salario real y si bien estos fueron comprimidos considerablemente, la tendencia hacia arriba de los precios no fue detenida (de marzo de 1976 a marzo de 1977 los precios aumentaron un 215%). Esta circunstancia lleva a inaugurar, en marzo de 1977, la famosa tregua de precios de 120 días, en donde de la liberación de los precios se pasó al congelamiento. Luego de pasados los cuatro meses previstos, vuelve a experimentarse una fuerte alza de los precios de los bienes y servicios1 .

Ante tal circunstancia, se decide una política monetaria restrictiva que tampoco surtió los efectos esperados dada la distorsión existente entre las tasas reales activas de interés y la tasa de retorno esperado de las inversiones en un contexto de demanda efectiva fuertemente reprimida; esto provocó una fuerte contracción económica (cuarto trimestre de 1977 y primero de 1978.En el año 1978 el Producto cayó cerca del 4%).

Los insuficientes resultados obtenidos, condujeron nuevamente al equipo económico, en diciembre de 1978, a utilizar instrumentos adicionales o diferentes; el nuevo plan antiinflacionario que se inició en 1979 tenía como objetivo principal alcanzar un acercamiento o convergencia de la tasa de crecimiento de los precios internos al ritmo de devaluación anunciada en esa oportunidad. Tres instrumentos se destacan en este nuevo plan por su importancia:

  1. la tasa de interés,
  2. la fijación de pautas cambiarias,
  3. la política arancelaria.

Esta vez se buscó estimular la inversión productiva mediante una reducción significativa de la tasa de interés real. Esto produjo una disminución en la retribución al ahorrista al reducirse las tasas pasivas de modo que se tornaron levemente negativas y, ante la carencia de otros refugios financieros, debería aparecer el reacomodamiento buscado. Sin embargo, no se tuvo en cuenta otras consideraciones especiales de nuestro sistema financiero, como son la eficacia operativa de los intermediarios financieros, la verificación de una real competencia y la justificación de las diferencias efectivas entre tasas activas y pasivas.

El otro instrumento elegido, esto es la fijación de pautas cambiarias –consistente en pautas graduales descendentes del tipo de cambio y de las tarifas públicas-, se complementó con una política monetaria que tendía a controlar la oferta monetaria a partir del establecimiento de trabas al ingreso de capitales del exterior. Esto, más el tercer instrumento comentado, tenía, asimismo, la finalidad de inducir una activa competencia en el mercado interno; o sea, reduciendo la protección arancelaria a la producción industrial nacional, se podría eliminar las condiciones oligopólicas internas que habían provocado un alto grado de ineficiencia y una política de precios con un pronunciado sesgo inflacionario en el pasado.

A partir de este momento comienza, yo creo, el período más importante de toda la gestión económica de esa época. Estas medidas condicionaron la conformación futura del sistema económico argentino y su inserción en el orden económico internacional de los años siguientes cuyas reglas de juego estaban afectadas por frecuentes actitudes proteccionistas de los países desarrollados. Y en este punto se entra en el campo de la ideología económica; o sea, que es lo que se quiere o pretende para el país desde el punto de vista económico.

Debe tenerse en cuenta que en la adopción de estas medidas comenzaron a jugar otras consideraciones que debían plantear fundamentalmente, cual era el papel deseable para nuestro país en la denominada división internacional del trabajo a la luz de las transformaciones que se iban operando en el campo de las relaciones económicas mundiales y en las estructuras de poden entre las naciones.

Las características fundamentales de este período podríamos ubicarlas en términos de lo que sucedió con la inflación, con el nivel de actividad económica y con el balance comercial.

En el período enero-agosto de 1979, la tasa de inflación mensual osciló en el 9,3% para los precios mayoristas, mientras que el índice de precios minoristas osciló en un 9%; o sea, que en este período, el segundo está levemente por debajo del primero, o a lo sumo, resultaban equivalentes. A partir de septiembre de 1979 se revierte la tendencia y el índice de precios al consumidor crece a razón de un 50% más que el de precios mayoristas.

De enero a agosto se verifica un período de fuerte reactivación económica que alcanza su pico en el tercer trimestre de 1979. En el total del año el PIB creció un 8,5%.

Se pretendió una política monetaria activa a partir de dos mecanismos importantes de expansión: el incentivo de la entrada de dólares del exterior y la baja del efectivo mínimo.

Hasta septiembre de 1979, el balance comercial fue superavitario en el orden de 1.600 millones de dólares. Los préstamos financieros que se tomaban a un año, alcanzaban un promedio de 400 millones de dólares mensuales.

Estas han sido básicamente las características de enero a agosto de 1979, su rasgo distintivo es entonces, la alta tasa de inflación, reactivación económica motivada por tasas de interés reales negativas y un sector externo bastante positivo.

A partir de ese momento, o sea, septiembre de 1979, comienzan a cambiar las características fundamentales, revirtiéndose el proceso. Es así como la tasa de inflación se reduce al 3,6% mensual (promedio) en precios mayoristas y 5,7% en precios minoristas. La tendencia alcista del Producto desde el segundo trimestre de 1978 hasta el tercero de 1979, cae en el cuarto trimestre. Esta caída se explica porque comenzaron a jugar en sentido inverso todos los factores que antes tenían un rol positivo. Las tasas de interés pasaron de ser reales negativas (2%) a reales positivas (4%) sobre todo en el último trimestre del año.

En cuanto al balance comercial, pasó a ser negativo y junto con este déficit comenzó a jugar la salida de dólares por turismo en forma muy importante. Tanto el déficit del balance comercial como esa salida de divisas por turismo, es compensado por un aumente notable en el ingreso de capitales. De 400 millones de dólares mensuales que ingresaron hasta septiembre de 1979, pasó a 700 millones en concepto de préstamos financieros del exterior. En consecuencia, mientras en los primeros meses de ese año el endeudamiento con el exterior implicaba aumentar las reservas internacionales, en el período siguiente el país debe endeudarse no sólo para aumentar las reservas sino para cubrir el déficit operativo en la balanza comercial y en la parte de turismo.

Este quebranto de la balanza comercial, que como veremos más tarde fue buscado por las autoridades económicas, enfatiza uno de los cambios estructurales más importantes del comportamiento de la economía, porque desde 1976 era la primera vez que el gobierno tuvo que enfrentar un déficit en el sector externo en términos de exportaciones e importaciones.

Hasta acá he tratado de hacer una breve reseña de las características principales ocurridas hasta ese año por el equipo económico de entonces. Ahora, es necesario referirse al desenvolvimiento de la economía a partir de ese momento y hasta el día 10 de julio de 1980 cuando el entonces ministro de economía anuncia nuevas medidas económicas que provocarán nuevamente un cambio sustancial en el proceso histórico económico de nuestro país.

En primer lugar parece apropiado realizar un somero análisis de los principales sectores económicos que se vieron afectados por las medidas de política económica implementadas a la luz de lo recientemente expuesto. Si bien es cierto que estos sectores se encuentran interrelacionados y su análisis debería ser concomitante en cuanto a sus causas y efectos, no lo es menos que a los efectos de una clarificación mayor, conviene aislarlos y observar por separado cual ha sido el comportamiento de cada uno de ellos para luego, sí, relacionarlos y observar el comportamiento que han tenido desde una óptica macroeconómica general. En este sentido comenzaré con el sector industrial quién, aparentemente, es el que más sintió las consecuencias aperturistas de la economía.

Las medidas de política económica que incidieron en forma determinante en el sector industrial argentino en ese momento, fueron dos: la rebaja arancelaria y la fijación de tipos de cambio previa y progresivamente variables en función de indicaciones emanadas de la autoridad económica. Lo más importante de esto es que el crecimiento de los precios internos fue mucho mayor que el ritmo de devaluación de la moneda, por tanto se produce un desfasaje cambiario con serias repercusiones en los sectores productivos del país. Estas medidas, según el equipo económico de entonces tenían un fundamento: se produciría un redimensionamiento de la economía vía reacomodamiento de los mercados internos en virtud de la estructuración eficientista de la industria nacional. Aunque debe tenerse en cuenta que también y siempre según lo manifestado por ese equipo económico, la adopción de las diversas medidas de política económica se centraba en un objetivo fundamental que era la lucha contra la inflación. Es así como Martínez de Hoz, a fines del año 1979, ubicó la apertura de la economía como uno de los elementos claves en todo este proceso, ya que dicha apertura operaría como un factor de “techo” para los precios internos. O sea, aparece una política aperturista como instrumento de un plan estabilizador.

No obstante, este tipo de medidas resultan siempre como un “arma de doble filo”, ya que si bien pueden servir para atenuar la curva de precios, desmantela en parte la estructura productiva del país, especialmente la industria que no se encuentra lo suficientemente madura para enfrentar un proceso de alta competitividad, y por lo tanto expone a la economía a las sacudidas de una crítica oscilación en los mercados internacionales.

Pero además de ello, debía comprobarse –para los fines perseguidos por el gobierno de facto- si era posible la apertura de la economía sobre la base de un tratamiento similar (cambiario, crediticio, impositivo) para el agro y la industria, cuyos niveles de productividad eran diferentes. Hasta qué punto era posible intentar esa vía cuando los países industrializados, sacudidos por una crisis que tendía a prolongarse, volvían a “encerrarse” y también, si era posible aumentar la eficiencia de la producción industrial soslayando la coyuntura recesiva que se presentaba en ese momento, con un mercado local en descenso, baja rentabilidad y disminución de la productividad.

Según lo manifestado en aquel momento, el programa económico de aquellos años intentaba “redimensionar” el aparato productivo para eliminar distorsiones y adecuarlo a reglas de la competencia internacional a través de una mayor eficiencia, esto es, de una disminución de los costos y un incremento de la productividad.

Ahora bien, tal circunstancia, que implicaba un aumento de la capacidad exportadora, se contradecía con la existencia de un tipo de cambio que atentaba precisamente contra ese objetivo y con un tratamiento de política económica general que parecía ignorar las diferencias de productividad entre los sectores del agro y la industria. En este sentido y aludiendo a los mecanismos internos destinados a equiparar los precios industriales con los del mercado internacional, el economista Marcelo Diamand2 , destacaba en ese momento, que los mismos no funcionaban en la Argentina en razón de la presencia de, y se cita, “otro sector que es el agropecuario y, que en virtud de ventajas especiales provistas por la naturaleza, tiene una productividad particularmente alta. Dado que el tipo de cambio se fija sobre la base de este sector, no resulta adecuado para el sector industrial. Es así que los precios industriales expresados al tipo de cambio agropecuario, que no les corresponde, resultan más altos que los internacionales”. Este hecho no se debía a una productividad industrial baja, sino que se debía a la menor productividad relativa de la industria argentina respecto del agro. Diamand agrega que esto también se verificaba, por ejemplo, en los altos precios industriales de Venezuela y que se debía a la incapacidad de la industria de ese país de competir con su producción de petróleo.

Si a esto se agrega la crisis coyuntural que padecía la industria en virtud de las medidas comentadas, fácil es advertir lo dificultoso que resultaba para este sector su desenvolvimiento. Tales dificultades pueden resumirse en: una creciente competencia del exterior que, sumado a la caída de la demanda interna más el desfasaje del tipo de cambio e incremento de los costos, ya sean fijos o variables (ya que los industriales se movían en una total incertidumbre, desconociendo cuales iban a ser éstos mes a mes), provocaron una extraordinaria cantidad de quebrantos –solamente en el año 1979 superó los 500 millones de dólares fundamentalmente en las áreas que recibieron el mayor choque frontal de la apertura- y el traslado de producción real de riqueza en el país al sector importador.

Con respecto al sector agrícola, los objetivos que el gobierno del proceso propuso en marzo de 1976 pueden resumirse en los siguientes:

  1. incremento de la producción y de la productividad
  2. mejoramiento del nivel de ingresos del sector
  3. modernización de la empresa agropecuaria con el fin de posibilitar la incorporación de nuevas tecnologías
  4. extensión de la frontera agraria por medio de la incorporación de tierras improductivas u ociosas.

Si bien es cierto que la producción experimentó un considerable aumento en el año 1976, en los años siguientes se mantuvo en dichos niveles. Asimismo, la productividad no manifestó la mejoría esperada, como así tampoco se incorporaron nuevas tecnologías en virtud de que el ingreso de los agricultores sufrió graduales decrecimientos ante el encarecimiento de los insumos agropecuarios, la presión tributaria y la imposibilidad del acceso a créditos de largo plazo.

Tampoco se cumplió el objetivo de incorporar tierras ociosas toda vez que el aumento de la producción se debió a factores coyunturales, siendo que el incremento del área sembrada fue en detrimento de la ganadería.

La persistente tasa inflacionaria, el crecimiento equivalente a ésta de los intereses de las entidades bancarias, produjeron un encarecimiento del crédito lo cual hizo prácticamente imposible el reequipamiento del sector y la adopción de una mayor tecnificación, elementos indispensables para un incremento de la producción y productividad.

Esta persistencia en la tasa de inflación provocó que el costo de los insumos aumentara de manera considerable lo cual se agregó como factor de limitación de los ingresos del sector, habiendo colocado a los productores en la diyuntiva de optar por una determinada alternativa en desmedro de otras. Por otra parte, el precio de los granos y en mayor medida de la hacienda tuvieron como consecuencia una disminución del consumo haciendo, de esta manera, que la rentabilidad del sector agropecuario quedara librada a las posibilidades del mercado externo, amén de las dificultades de los exportadores frente a la sobrevaluación del peso.

En este último sentido y teniendo en cuenta que buena parte de la producción tenía como destino la exportación, la sobrevaluación del peso conllevó a que los ingresos de los productores, en términos reales, diminuyeran progresivamente hasta el punto de deteriorar seriamente su rentabilidad.

Este particular panorama encuentra su explicación en el dispar crecimiento entre los precios de los productos agrícolas que se movían según pautas cambiarias y los costos de los insumos necesarios para la producción, que se movían siguiendo la tendencia del conjunto de los precios mayoristas, por un lado, y la creciente presión fiscal existente en ese momento, por otro. A esto debemos agregar además, una política financiera que significó la resistencia de los productores a acudir al crédito para financiar sus gastos de evolución o desinversión debido a que las tasas de interés fueron, en general, positivas en términos reales.

Sin embargo, y esto es necesario destacar, esto no fue válido para todos los productores. Existieron diferencias de acuerdo a diferentes factores, ya sea debido a una mayor productividad por hectárea en razón que se encontraban con mejores tecnologías o por encontrarse en zonas con climas más favorables, etc. Esto significó que dado el alza de los precios verificados y por lo tanto de los costos agropecuarios, sólo subsistieron en el mercado las empresas agropecuarias que trabajaban con un alto nivel de productividad. Nuevamente el eje fue el eficientismo que no era ni más ni menos que depurar el mercado de manera tal que aquellas empresas que no podían subsistir debido a la coyuntura desfavorable, desaparecieran, transformando profundamente la estructura del sector al provocar un alto grado de concentración de las explotaciones, eliminándose aquellas que trabajaban con rendimientos bajos o medianos por hectárea.

La consecuencia de tal política fue una reducción de la producción agropecuaria global, subsistiendo en el mercado las explotaciones “mejores” de la pampa húmeda; éstas por su favorable ubicación respecto del clima, la calidad excepcional de sus suelos o por la posibilidad de su autofinanciamiento, encontraron en ese contexto condiciones muy favorables en términos relativos sobre las empresas basadas en un alto aprovechamiento del suelo.

El sector financiero tuvo una destacada preponderancia dentro del esquema de política económica adoptada por el gobierno de facto.

A partir de la sanción de las leyes Nº 21.526 y 21.495 en el año 1977 quedó instaurado el sistema financiero que fue base del programa; la primera reglamentaba las entidades financieras; la segunda versaba sobre la descentralización de los depósitos bancarios.

La reforma en el sistema se produce con el objeto de flexibilizar y disminuir una intervención estatal considerada como excesiva. Con el dictado de la ley 21.495 se derogó la ley 20.520 dictada en el año 1973 y que había implantado un régimen de centralización de depósitos por el cual las entidades financieras los recibían por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en carácter de mandatarias del mismo, reconociéndoles una comisión. A partir de esa nueva ley el Banco Central procedió a restituir a las entidades bancarias los depósitos que serán, a partir de ese momento, considerados como recibidos por cada entidad por su propia cuenta pudiéndolos aplicar a sus operaciones corrientes, conforme a lo establecido por la ley de entidades financieras y con sujeción a las normas del Banco Central. En ese momento se conservó el principio de la garantía ilimitada con el objeto de cubrir la sensible etapa de transición de un régimen dirigista, como había sido el anterior, al otro signado por el libre mercado y libre concertación de intereses, pero afectado por la espiral inflacionaria.

En noviembre de 1979 se modifica el art. 56 de la ley 21.526 suprimiéndose este régimen de garantía irrestricta y gratuita vigente hasta ese momento reemplazándoselo por otro que limitaba la garantía al 90% de los depósitos adquiriendo carácter de optativa y onerosa (0,3% sobre promedio mensual de depósitos).

Todas estas medidas, más las disposiciones sobre efectivo mínimos que fueron evolucionando en todo el período donde se comenzó con un porcentaje del 45%, hasta alcanzar en el año 1980, el 12% de efectivo mínimo, provocaron que la actividad financiera fuera una de las pocas que pudo superar el panorama recesivo, en general, que presentó la economía del período. O sea, se produjo un marcado crecimiento del sector financiero que fue uno de los pocos que se expandieron dentro del PBI en esos años.

Pero al mismo tiempo y como consecuencia de este incremento en el nivel de la actividad financiera, se crearon condiciones propicias para el establecimiento de nuevas entidades, fortaleciéndose la competencia entre las mismas (nuevamente, aparece el tema de la eficiencia) y provocando condiciones particulares de desenvolvimiento para algunas entidades que ampliaron considerablemente su participación en el mercado financiero.

Esta agudización y profundización del proceso de concentración y centralización del capital en el sistema financiero argentino, terminó por generar la crisis que se desató en el año 1980.

Los primeros síntomas de que algo no funcionaba como correspondía dentro del sistema vinieron dado por el quebranto de entidades medianas, concluyendo con la caída de los principales bancos privados nacionales. El principal, el Banco de Intercambio Regional (BIR) que afectó a más de 350.000 ahorristas. A ello se sumó la intervención de varios bancos, entre ellos: Los Andes, Oddone, Sidera, Unido de Inversión y Hurlingham.

Ya sea por una actitud fraudulenta de sus directivos –causada o provocada en definitiva, también, porque se lo permitía la coyuntura- o por la implementación de políticas erróneas, lo cierto es que a pesar de la minimización que intentó el gobierno restándole importancia o trascendencia a la crisis, ésta dio pautas precisas y marcó rotundamente la tendencia de deterioro del sistema, provocando la adopción de nuevas medidas.

En un intento por neutralizar los efectos de la crisis bancaria hacia el conjunto del sistema financiero, el Banco Central dispuso mediante la circular RF 1051 el adelantamiento de fondos para facilitar temporariamente el desenvolvimiento de las entidades que pudieran experimentar disminuciones en el nivel de sus depósitos. Esto tenía por objeto cubrir aquellos bancos o compañías financieras que rápidamente habían iniciado un peligroso descenso en el nivel de depósitos como consecuencia del deseo del público de obtener mayor seguridad para sus ahorros. El nuevo destino de ellos: la divisa norteamericana; comienza la consolidación de los llamados “arbolitos”3 .

Una idea de la magnitud alcanzada por este financiamiento adicional y de emergencia –que fue necesario pagar a tasas muy onerosas- lo dio el hecho de que solamente en la primera semana de su aplicación se volcaron 900 millones de dólares en concepto de adelantos y redescuentos.

Como consecuencia del quebranto del BIR se produjo un masivo traslado de depósitos de unas entidades bancarias a otras, produciéndose inmediatamente una alteración sustancial en la repartición y composición de fondos de las distintas entidades. Los principales favorecidos fueron los bancos oficiales, a partir de lo cual no pocos agentes económicos se preguntaban si este cambio no resultaba en definitiva beneficioso teniendo en cuenta que se presentaba un margen de maniobra mucho más amplio para que, en circunstancias de propender “a un sano desarrollo económico”, encauzar el crédito hacia áreas productivas del sector económico real de la economía. Sin embargo, el problema fundamental es que no se tenía muy en claro los objetivos fundamentales y sí se tenía, en cambio, dificultades que era necesario superar. Es así como inmediatamente de verificarse tan extraordinario traslado de fondos de entidades privadas a oficiales, éstas vuelcan nuevamente el excedente en el circuito financiero utilizándolo en Letras de Tesorería y de esta manera, financiar al Estado.

La implementación de la Circular RF 1051, comentada, no provocó los efectos esperados ya que el mercado no dio signos de reaccionar ante un proceso de deterioro paulatino. Como consecuencia de ello fue necesario lanzar un conjunto de medidas con el objeto de tranquilizar a los inversores, sancionar irregularidades cometidas en entidades importantes y prevenir que las distorsiones pasadas no se presenten en el futuro. La primera de estas medidas se cumplió mediante la elevación del límite de garantía de los depósitos pasando a ser total para montos inferiores a los 100 millones de pesos (de la moneda de entonces). Al mismo tiempo se ampliaron considerablemente las facultades del Banco Central para que no solamente pueda liquidar entidades sino también disponer de la venta de sus paquetes accionarios, tratándose con esto último de evitar las posibles repercusiones de tipo social que podían acarrear las liquidaciones.

O sea, la autoridad monetaria debió efectuar un replanteo de su política hasta ese momento. Se quiso dejar al libre juego del mercado al sistema, advirtiéndose posteriormente que tal postulado se alejó mucho de cumplirse en un contexto como el que imperaba en el sistema económico en general.

Ahora bien, resulta obvio que el sistema financiero está directamente relacionado con el sector real de la economía y teóricamente su existencia tienen razón de ser en función de ello –o sea, por medio del circuito financiero se canaliza el ahorro público y privado para volcarse en las áreas productivas que permitan el desarrollo económico-. Por consiguiente las crisis que se producen en éste afectan directamente a aquel y esto es independiente del análisis de las causas y efectos, o sea, si una es producto de la otra o viceversa, lo cierto es que se agregaba un eslabón más a la larga cadena de dificultades por la que estaba atravesando la economía argentina.

En cuanto al Sector Externo, hay dos aspectos que merecen especial atención: la balanza de pagos y el comportamiento y estructura de la deuda externa.

Tradicionalmente se ha considerado que el balance de pagos mide el resultado de la actividad económica del país. El saldo favorable de un balance comercial es la generación genuina de recursos externos que puede tener un país a corto, mediano y largo plazo, y si se lo maneja adecuadamente constituye la palanca para el crecimiento futuro; o sea, es aprovechar los recursos que se generan para tal finalidad.

Desde el comienzo de la gestión del equipo económico de Martínez de Hoz, el saldo de la balanza comercial y del balance de pagos fue positivo hasta principios del año 1980. Luego como consecuencia de atribuir a esta expansión del sector externo efectos inflacionarios al expandir la masa monetaria, se mantuvo la política de extrema apertura produciéndose en el primer trimestre de ese año un saldo desfavorable en el balance comercial; además, a partir del segundo trimestre, saldos desfavorables netos de divisas. A esto debe agregarse una reducción de las reservas en momentos, curiosamente, en que el país se encontraba, estacionalmente, en el período en donde se producen entradas por los mayores excedentes exportables.

En todo el año 1980 el balance comercial arrojó un resultado negativo como consecuencia de una caída de las exportaciones de más del 35% y un incremento significativo de los niveles de importaciones. Este balance negativo influyó en el resultado final del balance de pagos en momentos en que la deuda externa crecía progresivamente en niveles récords.

Ese crecimiento de la deuda externa, unido al deterioro de la cuenta corriente resultó crítico. Los ingresos de capital no compensatorios (o sea, los préstamos) no reflejaron un equivalente aumento de las reservas, debiendo ser aplicados en parte, para equilibrar las pérdidas de divisas de la cuenta corriente.

Puede acercarse un breve análisis del resultado del balance de pagos de ese año:

  1. El saldo del intercambio comercial quedo absolutamente revertido en relación a los años anteriores, pasando a ser negativo. Esto fue el efecto deliberadamente buscado de una política económica de extrema apertura cuyo objetivo, en ese sentido, era equilibrar los flujos monetarios y lograr una mayor estabilidad de la oferta monetaria.
  1. La cuenta de servicios (fletes, seguros, intereses, pasajes) acentuó una fuerte incidencia negativa.
  1. El ingreso de capitales no compensatorios (préstamos financieros) tanto del sector privado como público se vio negativamente afectado por la salida de capitales especulativos y de inversión de corto plazo. De ahí que la pérdida bruta de divisas fue, por ejemplo sólo en el primer trimestre del año, de 1.307 millones de dólares que sólo alcanzó a ser superada por un mayor endeudamiento con el exterior (1.706 millones de dólares).
  1. Se produjo una brusca caída de las reservas de divisas de aproximadamente 2.850 millones de dólares.
  1. El endeudamiento externo aumentó en 11.000 millones de dólares. De una deuda de 19.000 millones aproximadamente al 31/12/79, se pasó a cerca de 30.000 millones de dólares a finales de 1980. Para tener una idea clara de esto último, baste decir que este crecimiento fue más que el registrado en todo el período 1966/1978.

Las causas de esta situación se explican por la conjunción de una serie de factores que actuaron simultáneamente tanto del lado económico financiero como real, de la economía.

Las diferencias de costos entre el crédito externo y el local, fue una de ellas. O sea, resultaba más barato endeudarse en el exterior que en el país en virtud de las elevadas tasas de interés internas y por el tipo de cambio existente. Pero así como hubo quienes se endeudaron afuera aprovechando el diferencial de costo, también ingresó capital financiero externo “para ganar” en el mercado doméstico a partir precisamente de la diferencial de tasas de interés internas, más elevadas, que las externas. Es decir, ingresó capital para ser volcado en el circuito financiero y no para ser invertido directamente en los sectores productivos (en 1979 ingresaron 240 millones de dólares en concepto de inversión directa y 8.000 millones fueron los ingresos financieros que debía devolverse posteriormente al exterior).

El crecimiento de la deuda de corto plazo fue lo que permitió aumentar las reservas internacionales hasta 1979, pero a un elevado costo que puede resumirse en los siguientes puntos: a) Aumento sustancial de los intereses a abonar que repercutieron significativamente en la cuenta corriente y luego en el saldo del balance de pagos (salida de divisas, caída de las reservas internacionales); b) El tipo de deuda que se tomó que conllevó a una mayor dependencia y vulnerabilidad del sector externo nacional. La mayoría de los vencimientos lo fueron a un año (sólo en 1980 más del 60% del total de la deuda privada vencía en ese año).

En un comienzo expresé que para el equipo económico de entonces las causas que motivaron el proceso inflacionario eran fundamentalmente atribuibles al elevado déficit del sector público. En esta idea, en ese momento se reiteró asiduamente de la necesidad de eliminar el financiamiento de éste déficit a través de la emisión monetaria que se realizaba. Sin embargo tal objetivo nunca se alcanzó: en 1980 el déficit público pasó de 3% previsto a principios de ese año al 6% del PIB y los adelantos transitorios del Banco Central, que oscilaron alrededor de los 3 billones y medio de pesos, fueron el mecanismo utilizado por el gobierno para financiarse.

Claramente, lo comentado en el párrafo anterior tuvo y tiene su importancia desde el punto de vista del corto plazo, pero al mismo tiempo parece prudente recalcar que las alteraciones que experimentó el signo monetario no estuvieron necesariamente determinadas por el comportamiento de un sector en particular –v.g. el sector público-, sino por la evolución en general de la actividad económica. En esta inteligencia resulta posible afirmar que la falta de correspondencia entre el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria es consecuencia de perturbaciones mucho más profundas en el seno de la organización económica, cuya corrección, evidentemente, no puede confiarse a mecanismos automáticos como la del equilibrio presupuestario a todo trance. No es que no deba buscarse, simplemente, que no es la única causa y en todo caso, una vez identificadas, deben atacarse de manera simultánea.

En principio, la estabilidad monetaria no es función únicamente del equilibrio presupuestario, sino del equilibrio general de la economía. La correspondencia entre déficit presupuestario e inflación indica que existen tendencias estructurales de la organización productiva en nuestro país de modo tal que el envilecimiento de la moneda tiene como naturaleza y causa la estructura misma de su sistema, siendo esa correspondencia una manifestación más de esto. Adhiriendo a los conceptos del economista austriaco J. Schumpeter, sólo formalmente la inflación es un fenómeno monetario, porque sustancialmente es un fenómeno económico-general; vale decir, nace de hechos económicos, aunque luego se manifieste como un problema monetario.

Llegado a este punto, me permito realizar algunas conclusiones sobre este período tan perjudicial de la historia económica argentina:

  1. Deterioro acumulativo del sector externo.
  2. Endeudamiento del Estado y sus empresas.
  3. Endeudamiento de los particulares.
  4. Hacia 1980, desaceleración y caída del Valor Agregado Industrial y Agropecuario. La producción agropecuaria cayó un 7,5%; la industrial, un 2,3%. Sólo el sector servicios, fundamentalmente “financieros”, tuvo un comportamiento positivo.
  5. La capacidad de crecimiento de la economía y desarrollo del país, su posibilidad de distribución y en definitiva la mejora en la eficiencia del conjunto de la economía que se encuentra determinada por la marcha de los sectores productivos, se vieron seria y definitivamente deteriorados.

Como se ha intentado explicar, a lo largo de la gestión económica de Martínez de Hoz se efectuaron diversos y tentativos programas de estabilización. En todos siempre estuvo presente una política aperturista. Sin embargo, es necesario tener presente que el pretender que una política aperturista permita o propenda a la estabilización conlleva un importante error de política económica; la apertura de la economía no puede considerarse como un elemento estabilizador, sino únicamente –y esto es importante- como instrumento de cambios en los precios relativos.

De hecho, la apertura no fue un elemento determinante de la relativa baja de los precios en 1980 (en ese año el crecimiento del IPC fue del 87%, mientras que en 1979 fue del 139% y en 1978 del 160%), sino que la desaceleración verificada tiene su explicación en el comportamiento de la tasa de interés y la política monetaria restrictiva. Por otra parte en un momento de alta inflación y en ese período específico, los empresarios fijaban sus precios a través de “listas de precios” para luego ajustar las cantidades a producir o vender. Observaban lo que había ocurrido en sus empresas y luego tomaban una regla para la fijación de los precios a futuro. Asimismo, y a partir de la inelasticidad de los precios nominales a la baja y a las características especiales de la estructura del mercado interno, los precios externos, en la mayoría de los casos, se adaptaban a los precios internos.

En aquel momento y ya con un proceso de cambio de la presidencia de Videla a Viola para el período 1981-1984 y el futuro cambio en el Ministerio de Economía (en marzo de 1981 asumieron Viola y Lorenzo Sigaut como ministro), en febrero de 1981 se anuncia una devaluación del 10% y una nueva pauta devaluatoria mensual constante hasta agosto de ese año, del 3%, en un intento por recomponer la situación de los exportadores y productores afectados por la competencia externa. Ambos instrumentos supusieron un alto costo: el aumento de la tasa de interés profundizó la desaceleración de la economía con rasgos recesivos y no impidió el drenaje de divisas por movimientos especulativos que se produjeron por la devaluación; la cual, asimismo, no desaceleró los precios, elevó aún más la importante deuda externa pública y privada y lo que fue aún más grave para los agentes económicos significó la confirmación del proceso de devaluación a partir de la nueva conducción económica, desatándose de manera inmediata una fuga de ahorristas, una compra masiva de divisas y una caída muy importante de reservas, que como se mencionó, no pudo ser evitado con la suba de la tasa de interés.

Para finalizar parece interesante resumir en unos pocos párrafos las fuentes doctrinarias en las que se fundamentó Martínez de Hoz y su equipo económico. En este sentido puede decirse que, entre otras, dos fueron las fuentes principales que en ese período tenían gravitación en países con problemas económicos cuya naturaleza no siempre se asemejaba a la de los países latinoamericanos. La primera se vinculaba con la concepción monetarista que enfatiza la necesidad de mantener el incremento de dinero en estrecha correspondencia con las tasas de crecimiento de la economía. Si se acelera la expansión monetaria sólo se logrará una reactivación económica efímera con creciente inestabilidad de los precios. Pero la aplicación de este concepto no siempre es viable de manera cabal por la existencia de retardos y rigideces estructurales y la necesidad de disminuir la tasa natural de desempleo que agudiza tensiones sociales. La eficacia de la política monetaria y de los estabilizadores automáticos del mercado se reduce considerablemente por los efectos acumulativos derivados de influencias perturbadoras de las expectativas y las presiones provenientes de fenómenos básicamente estructurales. En otras palabras, la aceleración de los precios en países como la Argentina encuentran sus causas en múltiples razones que actúan de manera convergente, independientemente que se manifieste posteriormente en un fenómeno monetario que puede realimentarla.

De esta manera, dentro de esta corriente, se verificaban dos vertientes: a) aquella que propugnaba y propugna para combatir la inflación una reducción sistemática y decreciente de la tasa de expansión del dinero –que se mencionó en el párrafo anterior- y b) la que sostiene que fijando el tipo de cambio los precios se adecuarán a él más la inflación importada, lo que implica que cuando la tasa de devaluación es igual a cero, los precios locales sólo aumentarán en la medida que crezcan los del exterior. O sea, se propone a través de un cronograma preestablecido la tasa de devaluación, dejando libre la creación total de dinero. Este segundo esquema prevaleció en la segunda etapa del período bajo análisis.

La segunda inclinación ideológica se nutría del pensamiento neoclásico que enfatiza el papel relevante de las fuerzas económicas espontáneas para establecer el pleno empleo e impulsar armoniosamente el proceso de crecimiento. La base de esta doctrina reside, en un sentido particular, en la denominada Ley de Say, la cual expresa en su sentido más simple, que “la oferta crea su propia demanda” y por lo tanto sería imposible que se produjera una sobreproducción o un subconsumo general. Esta concepción tuvo su mayor crisis con la Gran Depresión del año 1929 y Keynes y aún antes otros economistas como Wicksel y los de la escuela de Estocolmo, entre otros, había refutado con sus aciertos y errores, la misma.

La experiencia de ese período tan negativo como fue el de 1976-1983, pero particularmente el que finalizó a comienzos de 1981 con Martínez de Hoz como Ministro de Economía constituyó un paso fundamental y trágico en el camino hacia una transformación negativa de la organización económica del país. El aliento a las actividades financieras y especulativas consolidó “cambios estructurales en las relaciones de poder entre grupos sociales” y de ninguna manera generó algún beneficio para el sistema productivo generando, por el contrario, las bases para los futuros desequilibrios y desmanejos futuros.

1 En todo el año 1977 los precios aumentaron un 160%.

2 Industrial y Economista (1929-2007). Integró la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Consejo Académico de la misma institución. El análisis de los parámetros y mecanismos necesarios para incentivar el desarrollo de una fuerte industria nacional fue una constante a lo largo de toda su vida.Uno de sus principales trabajos fue “La estructura productiva desequilibrada de la Argentina y el tipo de cambio”, en 1972.

3 Argot popular argentino: personas paradas en la calle ofreciendo transacciones con la divisa, particularmente el dólar estadounidense, en el mercado “negro” o “paralelo”.



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